La emisora Contrabanda prepara su vuelta a la FM desde El Carmel

La emisora barcelonesa Contrabanda, que cerró sus emisiones el pasado 19 de diciembre, prepara su vuelta a la FM. Tras un pleito de casi una década, y después de cumplir 30 años de vida, la veterana radio del barrio del Turó de la Rovira se veía obligada a desmantelar la antena, ya que la Associació Catalana de Ràdio (ACR) había conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenase el cierre de las antenas que emitían desde el Turó.

Así, las instalaciones que habían acogido también la histórica frecuencia de Ràdio P.I.C.A, Com Ràdio o Ràdio Nikosia se vieron abocadas al cierre. “Lo que hubo fue una condena a radios comerciales piratas que nos afectó a nosotros. El 19 de diciembre, dejamos de emitir por FM, pero mantenemos la programación en streaming por internet”, explica a Metrópoli Abierta un portavoz de Contrabanda. Esta fuente explica también que “ya tenemos la previsión de utilizar otra antena y volveremos a salir a FM, pero no sabemos cuando. Pueden ser días, semanas o meses”.

NADIE COBRA

Esta incertidumbre se debe a la carencia de medios humanos y técnicos que tiene la veterana emisora. “Para la puesta a punto, se necesitan muchos trabajos físicos y disponibilidad de tiempo. Aquí nadie cobra y todo lo hacemos en nuestro tiempo libre, incluidas las actividades de programación o los trabajos técnicos”, señala la fuente.

La ACR, que engloba emisoras como Grup Flaix, Teletaxi, Cope, Radiocat XXI, Cadena Ser, Onda Cero o Ràdio Estel, denunció que las emisiones de radios piratas provocaban interferencias en las emisiones de las radios legales convencionales. No era el caso de Contrabanda, que tampoco es radio comercial, pero la antena a través de la que salía a las ondas era la misma que utilizaban algunas radios piratas denunciadas. Al obligar la justicia a desmantelar la antena, su actividad se vio afectada.

“Nos metieron a todos en el mismo saco, cuando nosotros no somos una radio comercial ni generamos beneficios –explican a este diario desde la emisora afectada–. Nos mantenemos con las cuotas de los afiliados y con campañas de venta de material que hacen los colectivos del barrio. Ahora mismo, tenemos en marcha una pequeña campaña de merchandising con tazas, imanes de nevera o bolsas en conmemoración de nuestro 30 aniversario. Y periódicamente realizamos campañas de solidaridad por fechas o hechos muy concretos. Nuestra financiación se reduce solamente a esas actividades, porque no comercializamos nuestra labor ni nuestro trabajo”. Contrabanda no percibe subvenciones públicas ni incluye publicidad en sus emisiones, por lo que su supervivencia queda al albur de la voluntariedad de sus trabajadores y simpatizantes.

EMISIONES CONTAMINANTES

Los miembros de Contrabanda critican especialmente que “la Administración vende al mejor postor las frecuencias, cuando nosotros realizamos una actividad social sin ánimo de lucro y en base al voluntariado de nuestros afiliados y simpatizantes”.

Aunque ningún miembro de ACR accedió a dar su versión a este diario, hace dos semanas, esta asociación emitió un comunicado asegurando que la demolición de las antenas del Carmel es un hito. Además, asegura en el escrito que las emisiones radioeléctricas de estas antenas son “muy perjudiciales para la salud, según las mediciones radioeléctricas y además interfieren con los electrodomésticos y aparatos electrónicos” de los vecinos. Según esta asociación, en 2015 se realizó un estudio de las emisiones radioeléctricas en 11 torres y sus emisiones superaban los límites establecidos en las recomendaciones de la UE. Además, denunciaba que muchas de esas antenas están ubicadas en fincas particulares por las que el propietario llega a cobrar unos 400 euros mensuales.

LAS REIVINDICACIONES DE CONTRABANDA

Los colectivos que apoyan a Contrabanda, por su parte, exigen que se dedique “al menos un 33% del espectro radiofónico para las emisiones de radios libres y autogestionadas” y que el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones haga un estudio técnico para planificar la reserva de frecuencias en función de los espacios disponibles y la orografía. Otro de los puntos que reivindican es que se otorguen licencias gratuitas como deuda histórica y que no se tramiten nuevos expedientes y sanciones por parte del Ayuntamiento.

Según un manifiesto hecho público por la emisora, ésta realizó “varias propuestas alternativas para poder seguir emitiendo en la FM de Barcelona, que no han sido atendidas por el Ayuntamiento ni ninguna otra institución pública. Luchando contra esta realidad, reivindicamos el derecho a la libre expresión. Nuestra radio es una radio libre, no comercial y autogestionada que emite desde enero de 1991 y forma parte del conjunto de medios libres que luchamos por el derecho a la libertad de expresión en todo el territorio”. En el manifiesto, apoyado por multitud de colectivos y asociaciones vecinales, se afirma que la frecuencia que hasta ahora ocupaba Contrabanda corre peligro: otras emisoras quieren hacerse con el espacio radioeléctrico que queda vacío”. Por eso, reclaman que el consistorio “se posiscone públicamente ante los poderes autonómicos y estatales para proteger la libertad de antena en Barcelona”.

UN CASO ÚNICO

El Ayuntamiento le ofreció solo como alternativa integrarse en la Red de Radios Comunitarias de Barcelona, que agrupa a varios colectivos que emiten por internet. Pero el objetivo de Contrabanda es continuar en la FM. “Evidentemente, hay otras radios libres en el mercado, pero nuestro caso es único, ya que ninguna de ellas tenía espacio en la FM. De hecho, no hay ninguna otra radio libre que haya tenido que cesar sus emisiones como nosotros”, explican las fuentes de la emisora.

La asociación culpa a las Administraciones públicas de desinterés y desidia y critica que la red de radios comunitarias impulsado por el Ayuntamiento “es claramente insuficiente y no supone ninguna solución a los problemas reales de las radios libres”. Además, se queja de que “la lucha contra el covid-19 limita los espacios de reunión y participación, así como las posibilidades de autofinanciarse y sobrevivir, mientras esconde, bajo un discurso de civismo y seguridad, la represión por parte de las Administraciones públicas hacia las alternativas que dinamizamos”.