Derribo en el pasaje de Sigüenza
Barcelona mantuvo en sus viviendas a los vecinos de un bloque del Carmel pese a conocer la "falta de estabilidad del edificio"
En el anterior mandato los residentes de una finca del pasaje de Sigüenza estuvieron meses en sus pisos después de que el informe de un arquitecto municipal advirtiera de la inexistencia "total de condiciones de seguridad" a las que los afectados estaban expuestos
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El pasaje de Sigüenza vivió un inicio de década complicado. Los residentes de diversas fincas de esta vía del Carmel estuvieron afectados por los problemas estructurales de sus viviendas, una situación que se tradujo en desalojos y derribos entre agosto de 2020 y noviembre de 2021, durante el anterior mandato municipal.
Aunque esta problemática se extendió a los inmuebles englobados entre los números 89 y 113, los vecinos de las puertas 93, 95 y 97 se llevaron la peor parte debido a la deficiente calidad arquitectónica de estas propiedades.
Para aquellos que residían en el 95, hubo un agravante. La presión municipal sufrida en el pasado mandato llevó a estos afectados a firmar un acuerdo de demolición que, finalmente, se acompañó de unas "irrisorias" indemnizaciones de 39.700 euros por piso.
Los afectados judicializaron esta cuestión, iniciando un proceso que continúa abierto y que ha despertado una mayor indignación entre estos vecinos tras conocer que el consistorio evitó desalojar el bloque en marzo de 2020 pese a la existencia de un informe municipal que advirtió del riesgo de colapso de la finca.
Inspección
El 11 de marzo de 2020, el arquitecto municipal Xavier Solé elaboró un informe sobre el estado del edificio del pasaje de Sigüenza, 95. El escrito, al que ha tenido acceso Metrópoli, detalló la existencia de múltiples grietas graves y fisuras, tanto en las fachadas exteriores como en el interior del bloque.
Solé tachó la estabilidad del edificio de "precaria", y recomendó el "desalojo inmediato de todos los ocupantes del edificio y su "derribo integral" ante una "posible situación de ruina inminente".
En caso de que la ejecución no fuera posible, el arquitecto señaló que se debería efectuar "un control sistemático de los movimientos del edificio mediante elementos de auscultación o de lectura precisa de los desplazamientos para comprobar su estabilidad hasta su derribo".
Segundo informe
Tan solo dos días más tarde, y tras una nueva inspección visual a las puertas del confinamiento por la pandemia, Solé elaboró un segundo informe en el que se produjo una variación de sus conclusiones bajo la justificación de que no se apreciaban "movimientos a simple vista" y que la tendencia del edificio era "un desplazamiento hacia la derecha", donde había una "finca vecina de la misma altura" que impedía el "derribo" del bloque.
El riesgo, sin embargo, continuó presente. "Las personas que residen en estas viviendas presentan una situación de falta total de condiciones de seguridad, por falta de estabilidad del edificio", señaló el arquitecto municipal.
Edificios en el Carmel
Por todo ello, Solé sentenció que la situación no se podía "mantener" y había que "ordenar la clausura con previsión de realojo". El gobierno municipal desoyó esta recomendación y mantuvo a los vecinos afectados en sus viviendas hasta finales de agosto de ese mismo año.
Fuentes municipales apuntan que el edificio se desalojó en agosto porque, hasta dicho mes, contaba con un apuntalamiento. El desalojo, explican, se produjo por parte de los bomberos después de que el propietario de un piso realizara unas obras sin licencia en las que se retiraron estos apuntalamientos.
"Se nos engañó desde el primer momento"
Una vecina afectada detalla el calvario que se ha vivido durante este proceso. Tras el desalojo ordenado por los bomberos el 29 de agosto de 2020, explica, el consistorio reunió de urgencia a los residentes y admitió que la administración era conocedora del estado en el que se encontraba el edificio.
"Nos explicaron que sabían, desde marzo, que el bloque no estaba en condiciones. Se nos engañó desde el primer momento", señala la residente, quien añade que el Ayuntamiento alegó una "falta de personal" municipal para gestionar esta situación debido al confinamiento por la pandemia.
Trabajadores durante el derribo en un edificio del Carmel
Tras firmar el derribo presionados desde el Distrito, los vecinos solo recibieron 39.700 euros por piso sobre los "más de 120.000 euros presupuestados inicialmente". En las viviendas, incluso, llegaron a "entrar okupas" mientras no se permitía el acceso a los propietarios.
"Ni siquiera hemos podido coger los recuerdos que teníamos. Queríamos que se nos reuniera para, al menos, recibir una disculpa por lo mal que lo han hecho", sentencia esta vecina, quien asegura que no cesará en su lucha para que se haga justicia ante este perjuicio.
