El Ayuntamiento de Barcelona lanzó un ultimátum hace una semana: el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) debe cerrar antes de dos meses. El mensaje iba dirigido al MInisterio de Interior, responsable de estos centros, a quien estaría dispuesto a llevar ante la justicia si no echa el cierre del recinto.
La falta de competencia en esta materia para poder cerrar el CIE no le deja mucho margen al consistorio liderado por Ada Colau, quien en una declaración de intenciones ha ordenado precintar el centro. Pero si la reclamación del cierre no prospera, el Ayuntamiento tiene “margen de juego” para impedir nuevos ingresos, tal y como ha avisado el teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens.
Las declaraciones del miembro del gobierno municipal han clausurado la jornada 'CIE y deportación: mecanismos de garantía y alternativas', organizada en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) por el consistorio y el Centro Iridia.
"Nos inspiramos en las ciudades santuario de Estados Unidos que están plantando cara al presidente Donald Trump y han desafiado leyes federales", ha sostenido Asens, quien también ha criticado que las potencias europeas usan contra los inmigrantes la misma fuerza que usaron al conquistar y expoliar las que fueron sus colonias.
Para ejemplificar lo que se vive en los CIEs y lo que les lleva a ello, Asens ha destacado que sería inimaginable que se internara a un ciudadano español en un centro por una falta administrativa (por ejemplo, no renovar el DNI o una multa de tráfico) como asegura que ocurre en los CIE. A juicio de Asens, "prisiones temporales" que reflejan el racismo institucional.