Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha anunciado y justificado su decisión de permitir que los ciudadanos de la capital catalana puedan votar el 1 de octubre. En una comparecencia en TV3, la televisión pública catalana, Colau ha escenificado su pacto con Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, y ha cargado duramente contra el Gobierno español que preside Mariano Rajoy.
"Queremos garantizar la participación política de los ciudadanos y preservar tanto a la institución (Ayuntamiento de Barcelona) como a los trabajadores. Garantizamos la plena normalidad", ha dicho Colau en el Telenotícies Nit, en horario de máxima audiencia.
La alcaldesa, tras apuntar "algunas diferencias" con el gobierno catalán, ha denunciado que "Fiscalía va mucho más allá de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional". "Han perdido el norte", ha añadido Colau, quien ha hablado de "degradación de la democracia" en sus ataques al gobierno de Rajoy.
Colau ha asegurado que "trabajará con la mejor de las voluntades para que en el máximo de espacios posibles se pueda participar con normalidad", sin concretar los detalles de su pacto con Puigdemont. Sí ha asegurado que este acuerdo "coincide plenamente" con el informe del secretario municipal, que apunta que la cesión de locales municipales es inconstitucional.
VOTARÁ EL 1 DE OCTUBRE
Colau incluso ha expresado su intención de votar. "Mi predisposición es participar y más en la actual situación represiva", ha recalcado la alcaldesa de Barcelona. No obstante, no ha querido desvelar si votará a favor o en contra.
Previamente, Colau había confirmado que en Barcelona se podrá "participar" en el referéndum del 1 de octubre (suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional) a través de un tuit. Si bien dicha decisión puede entrar en contradicción con el informe de los servicios jurídicos, fuentes cercanas a la alcaldesa aseguran que no se contradecirán las advertencias plasmadas en el documento. Sin embargo, la máxima responsable política de la ciudad no esclarece el cómo, el dónde y en su tuit elude hacer referencia al término “votar”.
EL SECRETARIO RECOMIENDA NO CEDER LOCALES
De hecho, Colau solo asegura que no se pondrá “en riesgo institución ni servidores públicos”. Por ello, considera haber cumplido su objetivo. Una cuestión sobre la cual tampoco ha despejado los interrogantes que puede suscitar dicha afirmación, más todavía cuando el secretario del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Cases, ha asegurado a Europa Press que la obligación del consistorio es cumplir las decisiones del Constitucional.
Ante esta circunstancia, Cases recomienda no ceder los locales municipales usados habitualmente en procesos electorales para el referéndum que el Govern de la Generalitat pretende impulsar a pesar de la suspensión. Sin embargo, el tuit de Colau puede abrir la puerta a nuevas fórmulas para permitir el uso de las instalaciones públicas.
COLAU NO DECLARARÁ
Cabe recordar que el pasado miércoles Ada Colau se libró de la orden de imputación que emitió el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, contra los más de 700 alcaldes que han firmado el decreto para ceder locales para el referéndum del 1-O. Como la edil no firmó ningún documento similar, su nombre no figura entre los cargos electos que los fiscales provinciales de Barcelona, Girona, Lleia y Tarragona han llamado a declarar (y si no se presentan, el Ministerio Fiscal pedirá a los Mossos d'Esquadra su detención).
Destaca el hecho que la Fiscalía ha utilizado la lista que actualiza la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) en su página web para elaborar la relación de alcaldes que deberán acudir a declarar “en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal”. Además, la presidenta de la misma organización independentista, Neus Lloveras, ha recibido una querella junto aal presidente de la Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, por contribuir con actos concretos a la promoción, organización y celebración del referéndum.
REACCIONES INMEDIATAS
El anuncio de Colau ha tenido respuesta casi inmediata de todos los grupos municipales. Concejales de BComú que ya habían avanzado que su respaldo a la votación, como Gala Pin o Jaume Asens, han mostrado su satisfacción por las palabras de Colau. “¡Vamos!”, ha escrito la regidora de Ciutat Vella en un retuit, mientras que el cuarto teniente de alcalde ha asegurado que “parar a este pueblo será más difícil que detener el curso de un río. Gracias a quienes confiaron en que este momento llegaría”.
Su socio de coalición no ha tenido una respuesta tan entusiasta. El segundo teniente de alcalde, Jaume Collboni, ha negado que el Ayuntamiento de Barcelona como institución haya llegado a un acuerdo con la Generalitat. El líder socialista ha explicado que, si ha habido acuerdo, ha sido a nivel político, pero no institucional.
En la oposición, las reacciones han mezclado incredulidad con críticas. El nuevo portavoz del Grup Municipal Demòcrata, Jaume Ciurana, ha aplaudido la decisión, “si se confirma”, pero ha mostrado cautela a la hora de analizar las palabras de Colau. "Sólo leyendo un tuit es difícil valorar el alcance real del compromiso que expresa”. Tampoco le ha gustado el uso de la palabra participar: “Nos sorprende que no hable de votar -ha añadido-, sino de participar ..., y también la inmediata reacción de Jaume Collboni negando de forma contundente cualquier compromiso del Ayuntamiento".
C'S Y PP PIDEN INVESTIGAR EL APOYO
Por su parte, el concejal de Cs, Santiago Alonso, ha pedido que la Guàrdia Urbana investigue las palabras de la alcaldesa, en referencia al mandato emitido por la Fiscalía para que las policías locales impidan la votación del 1-O. "La Guardia Urbana ya tiene por dónde empezar a investigar el referéndum ilegal en el Ayuntamiento de Barcelona", ha dicho en un tuit. El líder del grupo popular, Alberto Fernández, ha calificado el anuncio de “surrealista”. Considera una “frivolidad” que Colau haga un llamamiento a “participar en referéndum ilegal y diga que Ayuntamiento cumplirá la ley".
Fernández Díaz ya ha adelantado que llevará ante la Fiscalía cualquier acuerdo entre Ayuntamiento y Generalitat destinado a facilitar el referéndum. “La obligación de la alcaldesa no es solo no ceder locales para el referéndum ilegal, sino impedir desde el consistorio la celebración del mismo, y esto incluye también a la Guàrdia Urbana”, ha dicho en declaraciones a Efe. El líder popular le ha recordado que el secretario municipal ha emitido un informe en el que advierte que el consistorio debe acatar la sentencia del Constitucional.
POSANTÍ TOMA EL CONTROL DEL CONSORCI
Cabe recordar que ayer miércoles la consellera d'Ensenyament, Clara Posantí, destituyó al presidente del Consorci d'Educació de Barcelona, Lluís Baulenas, para asumir ella misma el cargo. Dicha institución está censando estos últimos días locales en la capital catalana para poder celebrar en su interior la votación. En el Consorci participa la Generalitat (60%) y el Ayuntamiento de Barcelona (40%).
Desde el panorama estatal, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, habría pedido al juez que ordene cortes de luz en los colegios electorales para que no se pueda celebrar la votación, tal como publica El Mundo. Y, por otra banda, la diputada del PSC en el Congreso, Meritxell Batet, ha contradecido al secretario general de su formación federal, Pedro Sánchez, y ha asegurado que los socialistas se plantearían romper el pacto de Gobierno municipal si la alcaldesa finalmente decidiera “incumplir la ley”.