Colau aplaza el pleno municipal para después del 1-O

El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido posponer el pleno municipal previsto para el próximo viernes 29 de septiembre y lo celebrará la semana siguiente. Así lo ha determinado la junta de portavoces que se ha celebrado este viernes, en la cuál la formación de los comuns y liderada por la alcaldesa Ada Colau, ha aceptado la petición formulada por Xavier Trias y Alfred Bosch, presidentes del grupo Demòcrata y ERC respectivamente. De esta manera, la primera cimera política post-estival se celebrará finalmente en octubre, pocos días después del 1 de octubre.

Por su parte, los socialistas han mostrado su predisposición a celebrar el pleno la fecha para la cual ya estaba prevista (el 29 de septiembre), aunque tampoco ha puesto problemas al cambio. Giro en el calendario que ha sido recibido con el visto bueno de la CUP – Capgirem Barcelona, aunque con críticas de C's y PP. Tal como ha expresado Bosch en la rueda de prensa de este jueves, ante el “estado de excepción que vive el país” y “la suspensión de facto del Estado de Derecho”, “no tiene ningún sentido mantener el pleno municipal o los plenarios de distrito”.

LOS DETENIDOS, EN LIBERTAD (POR AHORA)

El titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ha acordado la puesta en libertad con cargos al secretario general de Vicepresidencia y Economía, Josep Maria Jovél,a secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, y de otros cuatro detenidos por el 1-O. Es decir, la directora de servicios de T-Systems, Rosa María Rodríguez; el director de sistemas de Fundació.cat, Josep Masoliver; el cargo del CTTI Josuè Sallent, y Juan Manel Gómez, del Cesicat. Todos ellos deberán cumplir con la obligación de comparecer semanalmente en los juzgados.

A pesar de quedar en libertad, están siendo investigados por los delitos de prevaricación, malversación y desobediencia, y todos se han negado a declarar ante el juez. Según han explicado los respectivos letrados, sus clientes han declarado esposados y cuando han pedido que se les retiraran para poder declarar, el juez se ha negado por seguridad. Más tarde, han expresado su voluntad de acogerse a su derecho de no declarar y el fiscal no ha pedido la privación de libertad. Sin embargo, a todos les han hecho un requerimiento para que se abstengan de hacer cualquier actuación que pueda ser considerada como un delito de desobediencia. Actividades sobre todo vinculada a seguir con los preparativos del referéndum o diseñar estructuras de Estado.