Colau contrata a una empresa investigada por corrupción

La CUP ha criticado duramente el sistema de contrataciones y externalizaciones del Ayuntamiento de Barcelona y ha denunciado que el consistorio que preside Ada Colau ha contratado a una empresa, Iniciatives i Programes (Inipro), investigada por presuntas contrataciones irregulares con los ayuntamientos de Tarragona y Viladecans.

Desde el grupo municipal de la CUP se han lanzado duras acusaciones contra la alcaldesa por conceder la gestión de la Fábrica de la Innovación en el recinto de Fabra i Coats a dicha empresa, que está siendo investigada en el marco de la operación Inipro. En dicha operación, que se dio a conocer a mediados de 2016, la Guardia Civil y la Policía Judicial realizaron sendos registros en los ayuntamientos de Tarragona y Viladecans, así como en los domicilios particulares de algunos de los implicados en el caso, por presunta contratación irregular. Durante la operación fueron detenidos varios altos cargos de ambos ayuntamientos.

La CUP, que ha pedido al Ayuntamiento que reconsidere la licitación y dé marcha atrás, acusa también al ayuntamiento barcelonés de contratar a una empresa que "forma parte de la red clientelar del PSC".

Desde la CUP, que fue quien destapó el caso en el Ayuntamiento de Tarragona, se considera que esta licitación es producto de la política de externalización puesta en marcha por el Ayuntamiento y ha criticado que los cambios anunciados en la Guía de contratación pública y social no han servido para nada "si el Ayuntamiento debe terminar cediendo contratos a empresas como Inipro".

Según la CUP, las contrataciones del Ayuntamiento deberían poner énfasis "en los derechos laborales, la economía cooperativa, la igualdad de género o el comercio justo", pero asegura que "Inipro no se ajusta a ninguno de esos parámetros".

Inipro se ha adjudicado el concurso, en el que ha sido la única empresa que ha presentado una oferta, por un montante algo superior a los 414.000 euros por dos años. Y desde el Ayuntamiento se considera que la adjudicación ha sido correcta ya que no hay sentencia judicial en contra de la empresa adjudicataria, por lo que se debe preservar la presunciòn de inocencia.