La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no contenta a nadie. Al menos, eso es lo que se desprende de algunas críticas que provoca desde los partidos de la oposición. La última iniciativa del consistorio ha logrado poner de acuerdo a dos fuerzas políticas tan distantes entre sí como Ciudadanos y la CUP. El motivo es la concesión de la gestión del espacio de Fabra i Coats, el mayor centro cultural de Barcelona, a la empresa Inipro, embarcada en escándalos políticos de Tarragona y Viladecans.
La primera en prender la mecha fue la líder del partido naranja en el consistorio, Carina Mejías, que criticó al gobierno municipal de Colau de “hipocresía por pretender dar lecciones de regeneración política y, a la hora de la verdad, actúa como los viejos partidos”. Mejías pide explicaciones sobre la contratación de Inipro y apunta que “Colau y los que venían a regenerar las instituciones abren la puerta a empresas implicadas en casos de corrupción”.
La CUP no se queda atrás. La formación anticapitalista se opone también frontalmente a la adjudicación de Colau por “varios criterios políticos”, recordando que esta formación había denunciado a Inipro en Tarragona por formar parte de una “red clientelar” del consistorio tarraconense, donde se dieron irregularidades que “ahora mismo están judicializadas”. En concreto, la empresa en entredicho fue denunciada en el juzgado por la CUP el 30 de diciembre del 2015 por supuesta corrupción.
PIDEN QUE SE RECONSIDERE LA ADJUDICACIÓN
También denuncia la formación anticapitalista “la política de externalizaciones del Ayuntamiento”, que “lejos de tender a desaparecer, parece que se esparza por los nuevos servicios que en consistorio va poniendo en marcha. Consideramos este punto inadmisible y contrario a los intereses del Ayuntamiento, que lejos de tomar el control de los servicios que ofrece sigue cediéndolos a empresas privadas”. En resumen, que los cuperos piden la reconsideración de la adjudicación y “que esta licitación dé marcha atrás”.
Vista del Centro Cultural Fabra i Coats
Fuentes de la formación anticapitalista aseguran a Metrópoli Abierta que “la política de externalizaciones del gobierno de Colau deja mucho que desear. La alcaldesa está haciendo lo contrario de lo que prometía en su programa electoral”. Estas fuentes subrayan que muchas de las empresas que se adjudicaban las grandes concesiones “siguen llevándose la parte del león del negocios del ayuntamiento” y apuestan por la remunicipalización de los servicios, eliminando contratas a terceros.
DINERO COBRADO DE MÁS
Pero, ¿Qué había hecho la empresa Inipro para que dos grupos tan antagónicos renieguen de su contratación?. Según un auto del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona, fechado el 13 de enero del 2016, hubo contrataciones del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSS) sospechosas. Aunque este organismo municipal tenía medios para hacer el trabajo encomendado en materia de “promoción de la igualdad, el fomento y la cohesión social, así como la emisión de informes de extranjería”, se decidió “contratar a una empresa externa al organigrama municipal al reputarse necesario articular una mayor colaboración con las asociaciones de inmigrantes existentes, por lo que se aprueba el 4 de julio de 2010 el pliego de condiciones para la adjudicación de un contrato de servicios a fin de potenciar el asociacionismo entre la población recién llegada a la ciudad de Tarragona”.
Así, la factura que pasaba Inipro al Ayuntamiento de Tarragona pasó de 61.011,58 euros en 2010 a 121.569,60 euros en 2012. Lo que en principio debía ser un contrato de un año, “se prorroga durante 21 meses más careciendo de soporte contractual abinándose una cantidad de 215.145,77 euros adicional a la inicialmente pactada” (resultantes de la suma de los más de 121.000 euros de 2012 y los 93.540,13 euros de 2011). Lo curioso del caso es que la población extranjera había aumentado sólo en 79 personas en ese periodo, mientras que los años anteriores el incremento oscilaba entre 2.500 y 4.000 personas.
Carina Mejías, durante una rueda de prensa de presentación
Lo que la CUP denunciaba en su escrito es que a través de Inipro, se habían contratado a personas “que podrían estar vinculadas al PSC”, el partido al que pertenecía el alcalde de la ciudad. Y citaba en la denuncia a tres de ellas. Por tanto, consideraba que la contratación de la compañía era un subterfugio para emplear a gente vinculada al partido.
EL PSC, BENEFICIADO
En otro auto del 15 de noviembre del 2016, el juez insistía en que el IMSS “no seleccionó a la empresa Inipro por ser la que presentaba la oferta más ventajosa para prestar el servicio contratado. Al contrario, sospecho que el proceso debió ser a la inversa; ante la necesidad de contratar a determinadas personas cercanas al partido, se buscó una sociedad que pudiera llevar a cabo esta empresa, dándole la apariencia de una contratación pública”. Con motivo de las investigaciones judiciales, el gerente del IMSS, Antonio Muñoz, llegó a ser detenido. Luego, también cayeron el primer teniente de alcalde de Viladecans, Joaquín Guerrero, el director de Inipro, Ricard Campà, el consultor Enrique Miró, y el exjefe de gabinete del Ayuntamiento de Tarragona, Gustavo Cuadrado, en marco de la Operación Anfiteatro. Recientemente, fue imputado también el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.
En su auto, el magistrado insistía en que era “el partido quien se beneficia del servicio prestado por la mercantil”, al tiempo que invoca correos electrónicos entre cargos del Ayuntamiento tarraconense y directivos de Inipro sobre materias objeto de la adjudicación.
El tema es delicado, porque ahora es Colau la que contrata a Inipro para gestionar el mayor centro cultural barcelonés durante dos años por más de 414.000 euros. Aunque hasta el momento sólo han presentado protestas formales la CUP y Ciudadanos, los posicionamientos en contra de otras fuerzas de oposición podrían materializarse en los próximos días, ya que fuentes de dos partidos explican que el tema está “siendo estudiado para ver qué posicionamiento tomamos”.