El hundimiento de Montjuïc, un caso de "negligencia" municipal

El 15 de septiembre del 2017 se hundió un bloque de sepulturas en el cementerio de Montjuïc. Resultaron afectados 144 nichos con 358 cadáveres. Los informes técnicos, elaborados por arquitectos contratados por Cementiris de Barcelona, concluyen que el accidente fue fortuito, pero denuncian que los materiales utilizados, en su momento, en la construcción de la estructura no fueron los adecuados y que se llevó a cabo una remonta en el edificio sin reforzar las estructuras.

Un informe de la Síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, alerta ahora de la falta de mantenimiento y del mal estado de muchas de las construcciones del cementerio y critica que no se avisó a los bomberos dos días antes del hundimiento, cuando apareció una grieta. Fuentes municipales apuntan que se trata, en toda regla, de un caso de "negligencia". En la resolución, Vilà advierte a Cementiris de Barcelona, una empresa de capital municipal, sobre "su responsabilidad de mantener el recinto en un correcto estado de conservación y mantenimiento".

Vilà subraya que las características de la montaña de Montjuïc, con "una orografía y geología muy concreta", que se valora como "muy crítica", hubiera hecho necesario "la implementación de mejoras técnicas adicionales para dar seguridad a la construcción", apunta. Asimismo, la Síndica plantea que si muchas de las patologías y deficiencias en las construcciones ya existían antes de la elaboración del Plan Director del Cementerio, en 2007, "se podían haber realizado actuaciones preventivas". 

NO SE AVISÓ A LOS BOMBEROS

La defensora se muestra crítica con el hecho de que Cementiris de Barcelona no avisó a los bomberos dos días antes del derrumbe, cuando apareció una grieta. Vilà opina que no se puede "presumir que la intervención de los bomberos" hubiera impedido el hundimiento, pero señala que se trata de un cuerpo especializado que tiene, entre sus funciones, "realizar actuaciones de vigilancia y prevención" para evitar siniestros como el de Montjuïc.

El Comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, reconoció a la Síndica que no se produjo la llamada a los bomberos. En la respuesta municipal a la defensora, Recasens dice que, cuando se detecta una grieta, la intervención inicial corresponde a la propiedad, y que en caso de haberse producido la llamada a los bomberos, hubiera sido el responsable del servicio quien debía valorar si existía "un riesgo inminente". Las medidas cautelares que los bomberos pueden ejecutar ante una patología estructural tienen como objetivo evitar "situaciones de riesgo inminente para las personas".

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha exigido este miércoles que el Ayuntamiento de Barcelona, responsable de las instalaciones, indemnice "de oficio" a los afectados. Según la asesora de la Síndica, Francesca Reyes, "se han producido daños morales en las personas y, más allá de si el siniestro fue fortuito o fruto de una negligencia, estas personas tienen que ser indemnizadas". La Síndica no ha dudado en señalar que el responsable último es el Ayuntamiento de Barcelona, y quien preside Cementiris de Barcelona es el concejal Eloi Badia, mientras que la dirección general de la empresa recae en Jordi Valmaña.

A nivel general, Vilà ha constatado la falta de mantenimiento en muchas construcciones del cementerio de Montjuïc. Vilà dice que no dispone de los recursos técnicos para diagnosticar si el mal estado del recinto "pone en riesgo la integridad de algunos bloques funerarios, aunque esta podría ser la percepción". En cualquier caso, Vilà duda si se está invirtiendo lo suficiente en la conservación de la zona y reclama "una revisión rigurosa de todas las edificaciones que puedan sufrir patologías", especialmente, aquellas construidas con idénticas técnicas y materiales que el bloque derrumbado. La Síndica está investigando otro hundimiento en Montjuïc en 2005, como avanzó Metrópoli Abierta.

Valmaña informó en una rueda de prensa, el pasado 22 de septiembre, que se ha invertido en 11 años unos 24,5 millones en los cementerios de la ciudad, de los que 10,2 fueron para Montjuïc. Sin embargo, el grupo del PP en el Ayuntamiento afirma que la mayoría de este dinero fue para mejorar las oficinas de Cementiris de Barcelona, no los bloques con los nichos. El PP cifra en 22,2 millones los beneficios de Cementeris de Barcelona desde 2007.

EL  ARQUITECTO DE LAS FAMILIAS, CENSURADO

En el informe, la Síndica se muestra totalmente disconforme con la escasa información que el Ayuntamiento ha dado a los afectados, y ha encontrado a faltar una convocatoria general con las familias para facilitarles todos los datos del hundimiento y la previsión de los trabajos a realizar. Particularmente, crítica se muestra con la negativa a dejar entrar en el recinto al arquitecto contratado por un grupo de afectados. Según la Síndica, esta actuación "denota una falta de transparencia" que puede llevar a pensar en "una intencionalidad de querer ocultar a los afectados las causas reales del hundimiento". Vilà también critica que a las familias que no tenían abogado --la gran mayoría-- no se las ha facilitado ninguna documentación.

Durante el hundimiento, muchos de los 358 cadáveres se mezclaron unos con otros. Algunas de las familias se han cansado de pedir pruebas de ADN para identificar los cádaveres correctamente y han sido muy críticas con el trato que se hizo de los restos durante la retirada de los escombros del bloque. A la Síndica le consta que, a finales de septiembre, se habían identificado a 82 personas y pide que hagan todos los esfuerzos necesarios para identificar al resto de fallecidos, "hasta donde la práctica científica lo permita".

270 IDENTIFICADOS

Tras la rueda de prensa de Vilà, el Ayuntamiento ha garantizado que se han identificado ya 270 cuerpos. Del resto de fallecidos no identificados, dos terceras partes son personas que murieron hace 10 años, lo que dificulta la identificación. Las antropólogas han advertido de que en algunos casos la identificación no será posible, "porque los restos están muy dispersos o en mal estado, o por la falta de datos ante mortem de los difuntos o de las familias", expone la Síndica en el informe.