BCN entona el 'mea culpa' por el derrumbe de Montjuïc

El gobierno de Ada Colau ha entonado, por fin, el mea culpa en la crisis del cementerio de Montjuïc por el derrumbe de 144 nichos el pasado 15 de septiembre. Para ello han tenido que pasar cuatro meses desde el siniestro, la prensa ha denunciado el caso en múltiples ocasiones, la síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha elaborado un contundente informe y los grupos de la oposición han presionado al gobierno para que no diera carpetazo al accidente. 

Este miércoles, la comisión de Presidencia ha aceptado por unanimidad --y esto incluye al gobierno de Colau-- la proposición del PDeCAT que reclama aplicar las recomendaciones de la síndica y que en la indemnización de las personas afectadas se incluya "el daño moral sufrido", según la concejala Sònia Recasens. Este voto favorable es un reconocimiento en toda regla de que la crisis no se ha gestionado bien. Eso sí, de momento, nadie ha dimitido, ni siquiera el director general de Cementiris de Barceloa, Jordi Valmaña. 

A grandes rasgos, la síndica reconoce que se han producido daños y perjucios a las familias afectadas y considera que hay que indemnizarlas, pide que se destinen todos los recursos necesarios para identificar a las víctimas, "hasta donde la práctica científica lo permita", propone revisar las construcciones funerarias del cementerio (en general en mal estado), invertir más en mantenimiento y mejorar la información a los afectados.

GESTIÓN DEFICIENTE

Recasens, ha calificado la actuación municipal del caso de "gestión deficiente" y ha lamentado "el silencio" de Colau sobre "uno de los peores hechos ocurridos en Barcelona. No le falta razon a la regidora del PDeCAT. La alcaldesa es muy aficionada a las redes sociales, pero de este caso no ha dicho ni palabra. Para Recasens, "el Ayuntamiento no ha estado a la altura".

En su intervención, Recasens ha reclamado un nuevo protocolo de actuación a la familias en casos como éste, aumentar las partidas para mantenimiento y que sea obligatorio la presencia de los bomberos. En el siniestro de septiembre, Cementiris de Barcelona no consideró oportuno avisar a los servicios de emergencia, ni dos días antes del hundimiento, cuando se detectó una grieta, ni con posterioridad.

La concejala de ERC, Trini Capdevila, opina también que los bomberos hubieran tenido que inspeccionar las edificaciones del cementerio para apuntalar. Aunque el derrumbe fue fortuito, la síndica alerta de "una orografía muy crítica" que hubiera hecho necesario de la implementación de mejoras técnicas para dar seguridad a las construcciones. Ante edificaciones tan "precarias", el concejal de Ciudadanos, Koldo Blanco, ha manifestado que hubiera hecho falta actuar con "más precaución".

DOBLAR LA INVERSIÓN

La críticas recibidas han obligado al Ayuntamiento a doblar la inversión anual en mantenimiento, que pasará de 700.000 a 1,5 millones. El concejal de Presidencia, Eloi Badia, responsable político del hundimiento, informó hace unos días que en los últimos 11 años en el camposanto de Montjuïc se han invertido 10,2 millones. A PP y PSC les parece poco. El popular Javier Mulleras ha denunciado que Cementiris ha tenido 22 millones de beneficio y la socialista Montse Ballarín considera que "no es lógico que Cementiris tenga el dinero en el banco y que el mantenimiento de estas instalaciones sea insuficiente".

Este miércoles, Badia ha asegurado que el accidente no se podía prever, aun así su partido, Barcelona en Comú, ha votado a favor de la proposición del PDeCAT, lo que significa aceptar que la crisis no se ha gestionado bien. Badia ha asegurado que en un siglo, jamás se había producido un siniestro similar. No es cierto. En 2005, el cementerio de Montjuïc ya vivió otro hundimiento parecido.

Según el concejal, en febrero el consejo de administración de Cementiris de Barcelona se reunirá de nuevo y espera poder informar cómo avanzan las identificaciones de los cadáveres --hasta ahora se han podido identificar 270 de los 358 cuerpos-- y las indemnizaciones a las familias.