Las responsabilidades políticas por BCN Regional apuntan a Convergència

Aunque no asista a la comisión que investiga las irregularidades de Barcelona Regional (BR) cuando se le cita, el exconcejal convergente Antoni Vives está cada vez más contra las cuerdas. Difícilmente podrá eludir que se le exijan responsabilidades políticas por su desastrosa gestión, pese al velado interés de los suyos por taparlo. El testimonio de uno de sus antiguos colaboradores en la empresa municipal ha destapado que Vives estaba detrás de los episodios más oscuros de BR. No obstante, entre los partidos que forman parte de la comisión de investigación municipal parece que hay más ganas de correr un tupido velo sobre el asunto que de seguir escarbando en la trama. Hay demasiadas cosas en juego entre los comunes de Ada Colau y Xavier Domènech, los exconvergentes (con sus marcas PDeCAT, Grupo Demòcrata o JxCat) y ERC tanto en la política catalana como en la municipal que lo más probable es que todo acabe en agua de borrajas.

Ni Willy Muller, exdirector general de BR; ni Antoni Miguel Cerveró (el popular Leslie de Los Sirex); ni Jesús Arévalo, exalcalde convergente de Cervelló, ni, por supuesto ,el expresidente de la empresa municipal Antoni Vives han atendido los requerimientos del presidente de la comisión, Santiago Alonso (Cs), y no han acudido a su cita en la sala Lluís Companys, porque en realidad no estaban legalmente obligados a hacerlo. Solo se ha presentado el exdirector adjunto de BR, Antonio Alarcón. Al menos, Müller y Leslie han tenido la deferencia de excusar su ausencia. Pero el resto han dado la callada por respuesta.

El silencio y la ausencia de los comparecientes puede interpretarse de muchas maneras, pues se les ha brindado o todos los citados una oportunidad única para defenderse, lavar su imagen y negar las acusaciones. Pero también es posible que hayan preferido no ir justamente por todo lo contrario: para que las responsabilidades políticas que flotan en el aire no les acaben salpicando. “Vives ha perdido una gran oportunidad para dar la cara y explicar si hubo o no irregularidades y derroche de dinero público durante su mandato”, ha reconocido la presidenta del Grupo Municipal de Ciutadans (Cs), Carina Mejías.

UN CONTRATO FIRMADO EN UN BAR

El razonamiento de Mejías cobra más sentido después de que los concejales de todos los grupos municipales del consistorio hayan escuchado el revelador testimonio de Alarcón, que es el actual director del Zoo de Barcelona. El exdirector adjunto ha reconocido que contrató a Leslie después de recibir una llamada del gabinete de Vives. Alarcón también ha explicado que, como Cerveró no se presentaba en la oficina para firmar el contrato, tuvo que ir en su busca y el contrato acabó rubricándose “en un bar”. Después de ese día, Alarcón “nunca más” vio al excantante de Los Sirex pese a estar en nómina de la empresa.

El exdirectivo también ha reconocido que recibió las órdenes de no facturar los servicios prestados a la mercantil  Agrupación de Interés Económico (AIE) Barcelona Strategical and Urban System (BcnSus), una ruinosa empresa pantalla público/privada desde la que se impulsaron los también fracasados proyectos internacionales de BR. La maniobra supuso de facto que BR empezara a trabajar gratis para BcbSus. Y Alarcón reveló otra cosa muy importante para esclarecr si hay responsabilidades polñiticas en todo este galimatías: que Müller le encargó la organización de congresos a cargo de las cuentas de BR aún a sabiendas de que no eran competencia de la empresa.

Pero tal vez lo más destacado de la declaración de Sito Alarcón haya sido que ha vinculado directamente a Vives en los tejemanejes más oscuros de la empresa y, de alguna manera, lo responsabiliza de la quiebra de Barcelona Regional. Alarcón ha asegurado que en marzo de 2012 advirtió al exconcejal de que ya se habían consumido los fondos de la empresa para todo el ejercicio anual a base de invertir en proyectos que poco o nada tenían que ver con las funciones de la compañía pública. Nadie le hizo caso y el agujero de la contabilidad se expandió hasta alcanzar los 1,3 millones de euros (casi 1,6 millones si se incluye el IVA).

MALA GESTIÓN QUE ASUME EL AYUNTAMIENTO

La documentación en poder de la comisión de investigación pone al descubierto que en el momento en el que los directivos de BR son consciente del enorme endeudamiento de la empresa -fruto de una mala gestión- intentaron sacarse el muerto de encima, y que fue el propio Vives quien echó tierra sobre el asunto haciendo que fuera el Ayuntamiento de Barcelona el que cubriera el negativo de Barcelona Regional. Aunque no debía hacerlo.

El intercambio de mensajes entre Willy Muller y Jordi Joly, entonces gerente del Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació a finales de diciembre de 2012 ,y la postrera aparición salvadora (pero irregular) de Vives en el último minuto, no dejan lugar a muchas dudas, como puede comprobarse aquí. La secuencia es la siguiente: El 18 de diciembre Müller le comenta a Joly que “le agradecería que el Ayuntamiento pudiera gestionar el cobro del déficit” de BR y le envía el balance provisional como archivo adjunto.

Al día siguiente (19 de diciembre), el gerente del Àrea d'Economia reprende a Willy Müller porque no debería “haber aceptado ningún compromiso de gasto no previsto sin tener el encargo formal y por escrito del Ayuntamiento de Barcelona y la correspondiente dotación presupuestaria”. Además le recuerda que es “responsabilidad de su gestión” no destinar ni un euro a partidas no previstas, y al margen de los protocolos reglamentarios, y le advierte de que será “absolutamente inflexible” con este asunto y que tiene que reconducir la situación.

Pero no hace falta que haga nada. El 31 de diciembre de 2012, el Tercer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Antoni Vives, firma un decreto por el que se otorga “una subvención extraordinaria” a Barcelona Regional por un importe idéntico al del saldo negativo (1.322,265 euros), contraviniendo de las recomendaciones del gerente Jordi Joly.

COMISIÓN HERIDA DE MUERTE

A partir de la declaración de Antonio Alarcón la comisión se ha convertido en un intercambio de reproches entre los grupos municipales que parecía tener como objetivo final boicotear la propia comisión y dejarla morir para que nadie resulte herido.La cuarta teniente de alcalde, Janet Sanz (BeC), se ha limitado a señalar que los responsables políticos tienen la obligación de dar la cara cuando se les requiere, porque la ausencia de los citados lleva a pensar en “qué es lo que no quieren explicar o lo que no quieren que sepamos", El concejal del Grupo Demòcrata (PDeCAT), Jordi Martí,  se ha ido por peteneras y en vez de afear las ausencias de sus antiguos excompañeros de gobierno municipal ha preferido cargar contra el presidente, Santiago Alonso, porque una única comparecencia (la de Alarcón) "no justifica la función de la comisión".

Desde Ciutadans han repelido el ataque lanzándose a degüello contra el PDeCAT, partido al que Mejías ha definido como el "heredero de CDC, condenada como organización corrupta". La líder de Cs también a reprochado a ERC haber pactado con los antiguos convergentes en la Generalitat sin haberles exigido “ni una sola medida en contra de la corrupción”.

Este comentario ha soliviantado al portavoz republicano, Jordi Coronas, que sin venir mucho a cuento a echado en cara a Ciutadans que se alínean con determinados 'lobbies' “para favorecer sus intereses económicos”. Por su parte socialista Daniel Mòdol ha insistido en que se debe aclarar si hubo una mala gestión política o si algún político actuó de mala fe. Mòdol también se ha quejado de que la comisión se está vaciando de contenido, tal vez porque hay “un pacto de presupuestos entre el PDeCAT y BeC", que tendría entre sus cláusulas el finiquito de las investigaciones.

OBLIGADOS A COMPARECER

El portavoz del Grupo Popular, Javier Mulleras, se ha sumado a las sospechas de que hay un acuerdo para sabotear las comparecencias de los antiguos responsables de Barcelona Regional, al que ha definido como “el pacto de silencio de Ada Colau".La presidenta del Grupo Municipal de la CUP, María José Lecha, ha insistido en que debería garatizarse la comparecencia de las personas implicadas en la trama de BR mientras que el concejal no adscrito (y antiguo mienbro de CiU), Gerard Ardanuy, ha propuesto activar todos los mecanismos necesarios “para mejorar la transparencia”.

La sensación que al final se respiraba en el ambiente es que las investigaciones no van a acabar llegando a puerto y que los posibles responsables políticos se van a acabar yendo de rositas, ya sea por la desgana del equipo de gobierno, por un presunto pacto de silencio o porque a muy pocos de los grupos municipales les interesa demasiado que se hable de corrupción, con la carga de sentencias que cargan en sus espaldas, como la del reciente Caso Palau, que señala directamente a Convergència.

Así, mientras más de uno ha suspirado por dar carpetazo definitivo a la comisión, o por impulsar peticiones tan peregrinas como llamar a declarar a la Comissió Anti Frau, Carina Mejías se ha atado los machos y ha exigido que “ningún cargo público quede impune” cuando se constate que se ha dilapidado dinero público que pertenecía a todos los barceloneses.