El Ayuntamiento de Barcelona pedirá a los servicios jurídicos municipales que elaboren un informe que dirima si resulta factible reclamar al Estado -bien por la vía penal o bien por la vía administrativa- que compense económicamente a Barcelona por la mala imagen que arrastra la ciudad desde que se produjeron las cargas policiales que pretendían impedir el referéndum ilegal del 1-O. No obstante, el teniente de alcalde,Jaume Asens (Barcelona en Comú), ha reconocido que “es poco viable” que la demanda judicial prospere. El informe se solicitará como consecuencia de una propuesta en este sentido del Grupo Municipal Demócrata (PDeCAT), que ha sido aprobada por el pleno barcelonés.
La iniciativa del PDECAT -que ha cosechado los votos a favor de BeC, ERC, CUP y del concejal no adscrito pero también el voto en contra de Ciutadans (Cs), PSC y PP- pide al equipo de gobierno que estudie "si se pueden tomar medidas jurídicas contra el Estado" para que Barcelona sea resarcida por los daños a su imagen que le causaron las cargas . Por eso, el presidente de los exconvergentes, Xavier Trias, ha insistido en la necesidad que se utilicen “todas las herramientas legales” posibles para recuperar la buena imagen de la ciudad.
El teniente de alcalde ha recogido el guante de la petición del PDeCAT con pocas esperanzas de éxito, por la dificultad que acarrea cuantificar un concepto “abstracto” del que es “muy difícil cuantificar el perjuicio”. No obstante, Asens ha recordado que el Ayuntamiento de Barcelona ya se ha sumado a varios procedimientos judiciales abiertos por los daños ocasionados por “uno de los episodios de violencia institucional más graves contra los derechos democráticos”.
CODICIA DESMEDIDA DEL PDECAT
La iniciativa demócrata también ha logrado que el plenario "constate" formalmente que los 87 millones de euros que ha costado el despliegue de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado durante el 1-O (conocido como Operación Copérnico) suponen un “derroche de dinero público”. Este punto ha soliviantado a la presidenta del Grupo Municipal de Cs, Carina Mejías, quien ha reprochado al PDeCAT que carece de “autoridad moral para hablar de derroche público cuando durante 30 años ha gobernado Catalunya con un evidente abuso de poder y una codicia desmedida”, que ha acabado derivando en “más de 300 causas abiertas por corrupción”.
Este apartado también ha molestado a la concejal del PSC, Carmen Andrés, que ha recriminado a los demócratas que “muchos ciudadanos también se preguntan si se han derrochado recursos públicos” en la organización del referéndum del 1-O y en la posterior Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Por su parte, el presidente del Grupo Municipal del PP, Alberto Fernández, ha subrayado que deberían reclamarse a los partidos independentistas "los más de 1.000 millones de euros en pérdidas que ha ocasionado el procés" a las empresas, al turismo y al consumo. Trias ha eludido estas responsabilidades y ha insistido en que “Barcelona no ha perdido su imagen por culpa del procés sino por culpa de la utilización de la violencia” por parte de los cuerpos policiales.