El Palau d'Esports de la calle de Lleida, ahora cerrado, recuperará los usos deportivos y no albergará el centro coordinación, prevención y gestión de emergencias de Barcelona como quería la alcaldesa Ada Colau, según el concejal del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí. El proyecto de ubicar el centro de coordinación de emergencias en el pabellón contaba con la oposición de varios partidos políticos, los sindicatos de la Guàrdia Urbana y muchas entidades deportivas de Catalunya, que reclamaban recuperar el espacio para usos deportivos.
La decisión forma parte del paquete de alegaciones entre el partido de Xavier Trias y Barcelona en Comú por la abstención de los nacionalistas en la votación de los presupuestos municipales, dice Martí. Finalmente, Colau no ha podido aprobar las cuentas por el voto negativo del PSC y se verá abocada a una moción de confianza para refrendarlas.
Pese a ello, el gobierno municipal se ha comprometido a respetar los acuerdos con el PDeCAT y ERC, que también se abstuvo, y los presupuestos, vinculados a la moción de confianza, incorporarán las partidas pactadas, entre ellas la destinada al Palau d'Esports. Según el PDeCAT se ha acordado destinar 100.000 euros para la redacción del proyecto para el Palau d'Esports. No hay ningún presupuesto previsto para la ejecución de la obra.
Martí ha explicado a Metrópoli Abierta que el proyecto contempla una rehabilitación del Palau d'Esports, cerrado desde hace un año y medio por razones de seguridad, para recuperarlo para usos deportivos de ciudad y de barrio. Diversas entidades del Poble-sec y la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) así lo habían pedido.
La decisión de ubicar el centro de coordinación de emergencias en el Palau d'Esports se tomó, a finales del pasado agosto, en el seno de la Junta de Seguridad Local, tras el atentado yihadista de la Rambla, a propuesta del Ayuntamiento. La Junta la forman el Ayuntamiento, la Generalitat y el Estado, así como los distintos cuerpos policiales y otros servicios de emergencias que operan en la ciudad.
Este viernes, fuentes municipales han afirmado que la decisión de no ubicar el centro de coordinación de emergencias en el Palau d'Esports no la puede tomar únicamente el Ayuntamiento y que continua siendo la opción que el gobierno tiene sobre le mesa a la espera de hablar con el futuro Govern de la Generalitat.
EDIFICIO SIN CONDICIONES
Ahora, la renuncia a trasladar el centro de coordinación, prevención y gestión de emergencias de la ciudad al Palau d'Esports, según Martí, obligará a buscar al Ayuntamiento un nuevo emplazamiento. El PDeCAT instará a Colau a que encuentre "con urgencia" un nuevo lugar porque el actual edificio, en la misma calle de Lleida, se encuentra en mal estado y no reúne las condiciones idóneas para trabajar. En el centro de emergencias trabajan en tres turnos mossos, guardias urbanos, bomberos y otros servicios de emergencias.
Los últimos años varios sindicatos han denunciado que los casos de cáncer del personal que trabaja en el edificio se han disparado y han reclamado un cambio de ubicación. Sin embargo, la Agencia de Salut Pública de Barcelona (ASPB) hizo varios informes que concluyeron que el número de casos de cáncer se movían dentro de los parámetros normales de la población.
Para el secretario general del sindicato de la Guàrdia Urbana SAPOL, Manel García, las instalaciones actuales del centro de coordinación de emergencias presentan muchos otros problemas, como falta de ventilación, goteras, mala iluminación, calor excesivo en verano y, en ocasiones, ratas. García asegura que los sindicatos han puesto siete denuncias a la Conselleria de Treball, que ha instado a resolver la situación.
ENTIDADES DEPORTIVAS EN CONTRA
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) se oponía a convertir el pabellón en el centro de coordinación de emergencias. El presidente de la UFEC, Gerard Esteva, envió una carta a Colau en la que reclamaba recuperar los usos deportivos para el Palau d'Esports "cumpliendo la doble función de equipamiento de proximidad y de ciudad".
La UFEC opina que la falta de pabellones en Barcelona para "entrenamientos y competiciones de distintos deportes es incuestionable". Y recuerda que se trata "de un edificio catalogado como bien de interés urbanístico, lo que obliga a mantener el volumen, fachadas y elementos interiores de interés" en cualquier intervención arquitectónica que se lleve a cabo.
El PSC fue el primer partido en reclamar los usos deportivos para el Palau d'Esports. El líder socialista en el Ayuntamiento, Jaume Collboni, está de acuerdo en buscar un nuevo edificio para los mossos y la Guàrdia Urbana, pero considera que “hay espacios más adecuados y más modernos para ubicar el centro de coordinación de emergencias". En las alegaciones a los presupuestos, el PSC reclamó destinar 200.000 euros para el estudio de viabilidad y el nuevo proyecto de remodelación del pabellón. El gobierno respondió que en 2018 se hará el estudio de viabilidad.
El secretario de Comunicación del sindicato CSIF, Eugenio Zambrano, afirma que el Palau d'Esports no es una instalación adecuada para albergar el centro de coordinación de emergencias y es partidario de que en el pabellón se recupere la práctica deportiva. El CSIF, además, hará llegar una propuesta para ubicar el centro de emergencias y la nueva comisaría de la Guàrdia Urbana de Ciutat Vella en los terrenos donde estaban los antiguos juzgados del paseo de Lluís Companys, que ahora se están derribando.
EQUIPAMIENTO OLÍMPICO
El Palau d'Esports se inauguró en 1955 para acoger los Juegos del Mediterráneo de aquel año. Tres décadas después, el pabellón fue una de las sedes del Mundial de baloncesto de España de 1986, y acogió competiciones de gimnasia rítmica y de voleibol de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Con los años, el equipamiento dejó de celebrar grandes acontecimientos deportivos, a favor del Palau Sant Jordi, y en el 2000 fue remodelado para representaciones teatrales y conciertos. Estos últimos años ha sido la sede del Barcelona Teatre Musical. El pabellón lleva cerrado un año y medio al público por daños estructurales en el edificio.