Colau 'blinda' las rehabilitaciones para proteger a los inquilinos

El gobierno de Ada Colau ha iniciado los trámites para cambiar la normativa para que las rehabilitaciones de edificios garanticen los derechos de los inquilinos, que deberán ser realojados durante las obras y después deberán retornar a sus viviendas.

La normativa ya reconoce estos derechos a los inquilinos, pero el Ayuntamiento introduce mecanismos para asegurar que se cumplen, con una declaración responsable del propietario con información de los inquilinos y el compromiso a su realojo y retorno, y con un informe preceptivo y vinculante sobre vivienda del que dependerá la concesión de licencias.

La declaración responsable, que ya está en trámite mediante un decreto de Alcaldía, se exigirá tanto a licencias para grandes rehabilitaciones y para trabajos de menos envergadura, ha detallado la teniente de alcalde Janet Sanz, que ha explicado que unos 5.000 proyectos de obras de los 40.000 que se realizan anualmente en la ciudad deberán presentarla.

El informe vinculante sobre vivienda se requerirá para solicitar la licencia --como los informes de Bomberos y de movilidad ya que ya se deben entregar actualmente--, pero no afectará a las obras que sólo requieran un comunicado --entre 400 y 500 proyectos al año--, algo que requerirá modificar la Ordenanza que regula las licencias y que deberá aprobarse en el pleno.

38 CASOS

El Ayuntamiento sólo ha detectado rehabilitaciones especulativas que pretenden expulsar a los vecinos en el 0,06% del parque de vivienda de la ciudad --38 casos--, pero "crean cierta alarma, con prácticas que no son aceptables en absoluto", ha resaltado el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, que ha asegurado que los operadores inmobiliarios de la ciudad están de acuerdo con las modificaciones.

Sanz ha garantizado que su objetivo es "proteger a la ciudadanía de los abusos del mercado de la vivienda", y que su voluntad es exprimir al máximo las competencias del Ayuntamiento, aunque son limitadas. Ha asegurado que el Gobierno municipal está comprometido con la rehabilitación --ha incrementado su presupuesto en este ámbito--, "pero siempre garantizando que con la vivienda no todo vale, y que los derechos de los inquilinos prevalecen por encima de todo".

Esta medida forma parte de un paquete de iniciativas para proteger a los inquilinos ante los casos de acoso inmobiliario y el aumento de precios. Recientemente, Colau ha pedido al Estado una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y una regulación de los precios de alquiler.