A la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se le abre otro frente interno. Tras la alta tensión registrada hace pocos días por la agresión sufrida por dos policías locales en el Port Olímpic, cuando trataban de evitar el robo a una ciudadana, los sindicatos de la Guardia Urbana también reclamaban esta semana una reunión urgente con Colau para que el Ayuntamiento se persone como acusación particular en la agresión sufrida por varios agentes en diciembre pasado por parte de unos manteros. En aquella ocasión, uno de los agredidos sufrió importantes daños en el tabique nasal y en un ojo y todavía está de baja. También el sindicato CSIF pidió que la alcaldesa condene la agresión y priorice la seguridad.
Hasta el momento, los responsables políticos del consistorio han mirado hacia otro lado en cuanto a las agresiones a agentes se refiere. Pero el sindicato Sindictao de Agentes de la Policía Local (SAPOL) dirigió este jueves una carta a Colau, a la que ha tenido acceso Metrópoli Abierta, en la que se queja de la política errática no ya en relación con las agresiones a los agentes locales, sino con los propios planteamientos de urbanidad.
La misiva, que va firmada por el secretario general de la central, Manel García, es particularmente dura con la política urbanita de Ada Colau y del equipo de gobierno del consistorio. En ella, García reclama a Colau que “en lugar de hacer populismo y ser emprendedora de acciones mercantilistas y recaudatorias y que no son prioritarias, estaría bien que se dedicase a solucionar los problemas reales que tiene nuestra ciudad. También le pedimos que no se den más órdenes verbales a la Guardia Urbana diciendo que no se actúe con la venta ambulante, actividad con la que además de ir contra la ordenanza de civismo, se produce un ilícito penal”.
EL “AUTORITARISMO” DE LA ALCALDESA
De hecho, lo que pone de relieve la carta es una situación absolutamente anómala que raya la ilegalidad, ya que dar una orden para dejar de perseguir un delito puede entenderse también como prevaricación e incluso de abuso de poder. De hecho, si la venta ambulante –y más si lo que se vende son productos falsificados- es ilegal, también lo es dar órdenes a la policíaa para que no se actúe. El texto, sin embargo, no identifica quién da esas órdenes.
Pero la carta tiene como leit motiv la última orden de la alcaldesa: que los urbanos sean particularmente duros con las motocicletas aparcadas en las aceras. “Nos hemos quedado perplejos con la nueva demostración de autoritarismo de la señora Colau, que quiere sacar los estacionamientos de las motocicletas de las aceras de la ciudad, obligando a los motoristas a estacionar sus vehículos en los estacionamientos de pago subterráneos de la ciudad”, dicen en la misiva.
¿QUIÉN SE BENEFICIA?
Se apunta a que los estacionamientos de pago son controlados sólo por tres operadores. Y se pregunta el sindicato: “¿Esta medida no tendrá que ver con que el Ayuntamiento de Barcelona sea partícipe del 100% de BSM y de un 40% de BAMSA, sociedad también participada por SABA con un 60%, y que entre las dos gestionan gran parte de los aparcamientos de Barcelona? ¿No cree, señora Colau, que es mucho más problemático para los viandantes la convivencia en un mismo espacio con las bicicletas, los patinetes y los diferentes ingenios a los que ustedes dan permiso para utilizar las aceras?”.
Los agentes de la Guardia Urbana invitan a la alcaldesa a pasear por los lugares más concurridos de la ciudad para que vea en primera persona cuáles son los grandres problemas de la población y entra a saco contra la política municipal en relación con la venta ambulante.
La carta incluye una fotografía de una zona cercana al Puerto, donde se puede ver que el top manta apenas deja espacio a los peatones para circular. “Una de las situaciones que realmente es incívica y produce problemas de espacio y de seguridad es la ocupación de la vía pública, situación que han provocado con la permisividad que han dado a la venta ambulante. Esta sí es una situación en la cual el viandante no tiene espacio, no puede disfrutar de la acera, no tiene espacio para transitarla, además de la situación de inseguridad que provoca y de la suciedad que queda en los lugares una vez que finalizan su actividad. Por cierto, una actividad que, por normativa, no está permitida”.
MENOSPRECIANDO A LOS URBANOS
El sindicato alude también a la concejal de Movilidad, Mercedes Vidal, que “dice que una de las quejas más frecuentes de los ciudadanos de Barcelona es la invasión de las aceras”. Y lo que se le ocurre a la alcaldesa es “sacar las motocicletas de este espacio. Está claro que la concepción de civismo vinculado con la ocupación de la vía pública de este gobierno depende de los intereses que se tengan o de quien lo haga”.
Critica también SAPOL que se haya ordenado a la policía local ser muy estricta con los aparcamientos de las motos en las aceras. “Nuevamente nos hace servir, menosprecia y nos enfrenta con el ciudadano”, se queja el colectivo. En otro párrafo apunta que las motocicletas no son el mayor problema, ya que apenas hay sitio donde dejarlas. Pero señalan que muchos lugares “están llenos de vendedores ambulantes, bicicletas que campan a su aire, patines e ingenios que dejan poco espacio al viandante. Eso sí, es más fácil penalizar al ciudadano que no quedar mal para entrar en un problema que usted misma engrandeció”.
Y termina la misiva con una advertencia: “Señora Colau, por enésima vez le volvemos a pedir que muestre respeto por la Guardia Urbana de Barcelona, una policía que, desde antes de que usted llegase, ya estaba al servicio de los ciudadanos de Barcelona y que, cuando usted ya no esté, continuará velando por los habitantes de esta ciudad”.