La oposición no está dispuesta a dar tregua a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El clímax llegó este viernes, con la suspensión del pleno del Ayuntamiento argumentando la tristeza y depresión de algunos concejales ante la decisión del juez Pablo Llarena de decretar prisión incondicional para los miembros del último Govern. Pero a Colau ya se la tenían jurada con anterioridad. De hecho, están revisando las cuentas municipales porque algunos de los números no cuadran.
Donde hay más dudas es en la partida para contingencias, que se corresponde con presumibles indemnizaciones que tendrá que pagar el consistorio debido a los pleitos interpuestos con empresas, organizaciones y particulares. Según las cuentas municipales, Colau ha reservado 16 millones de euros para estas eventualidades, pero el monto total de las indemnizaciones puede subir a una cantidad mucho más importante.
“Sólo con la indemnización que se ha de abonar a los propietarios del hotel Praktik, en Drassanes, la cifra se eleva a 41 millones de euros, por lo que los 16 millones consignados como reserva nos parecen muy pocos”, explica a Metrópoli Abierta Carina Mejías, líder de Ciutadans en el Ayuntamiento barcelonés.
Su partido presentó por escrito una batería de preguntas que la alcaldesa tendría que haber respondido en el pleno de este viernes. Pero al haberlo suspendido, la alcaldesa no sólo se quitó de encima el molesto problema de tener que dar marcha atrás con la construcción de la conexión del tranvía, sino en otro tema que puede ser tan molesto –o más, a largo plazo- que el de los transportes.
UNA HERENCIA ENVENENADA
Mejías destaca que “el tema de los pleitos que tenga que pagar el Ayuntamiento por decisiones o por actuaciones del Ayuntamiento es muy grave, porque no sólo afecta a este equipo de gobierno, sino quepuede ser una herencia envenenada para los que vengan. Si se han hecho las cosas mal y el consistorio ha quedado expuesto a pagar indemnizaciones millonarias, deben exigirse responsabilidades por ese comportamiento”.
A esta alerta contribuye una verdad incontrovertible: las polémicas decisiones de paralización de obras que ya estaban aprobadas –y, en muchos casos, con todos los permisos en regla- no se resuelven a corto plazo, sino, en muchos casos, a largo plazo. Y muy posiblemente la mayor parte de las indemnizaciones que se tengan que pagar por decisiones arbitrarias del actual equipo de gobierno se tengan que abonar a años vista.
No se queda aquí la ofensiva sobre las cuentas del Ayuntamiento. Ciutadans también quiere conocer el uso institucional que se ha dado al Ayuntamiento para intervenir en determinados pleitos. “Se trata de saber cuánto dinero gasta entran en procedimientos judiciales que afectan a antiguos clientes del despacho del teniente de alcalde Jaume Asens”, explica la portavoz de Ciutadans.
Entre otros pleitos, el Ayuntamiento se personó en causas como el bombardeo de la ciudad de Barcelona por la aviación italiana o en procedimientos diversos. Lo que quiere saber Ciudadanos es por qué el consistorio siempre se interesa por casos que casualmente habían pasado por el despacho de Asens antes de que éste se dedicase a la política.
INVITACIÓN A LOS ANTISISTEMA
Mejías también acusa, en concreto, al teniente de alcalde de haber invitado al Ayuntamiento a los condenados por el asedio al Parlament en el año 2011. “Se trajo a los jóvenes que pintaron la gabardina a Montserrat Tura, entre otros, y que fueron condenados a dos años de prisión. Eso sucedió en un debate sobre el estado de la ciudad, que celebramos en el Saló de Cent”. Además, al parecer, la intención del teniente de alcalde es que el propio Ayuntamiento apoye una petición de indulto de esos jóvenes, en cuya defensa había estado involucrado el propio Asens, declarado independentista.
Para la concejal de Ciutadans, “la cosa ya no tiene gracia. Aquí parece que puede haber un uso institucional abusivo de las instituciones municipales que benefician los intereses particulares de algunos miembros del equipo municipal”. Y critica especialmente que “lo malo es que hay diferentes varas de medir, porque mientras que para los colectivos okupas y antisistema siempre están abiertas las puertas del Ayuntamiento, para otros colectivos permanecen cerradas”.
Mejías pone como ejemplo que “cuando una señora árabe fue agredida, el consistorio se personó como acusación particular, a lo que no tenemos nada que objetar. Pero inmediatamente después, dos chicas de Barcelona con la Selección fueron agredidas por ultras independentistas y el señor Asens se negó a personarse en ese caso. Las explicaciones que nos dio es que la agresión a las dos chicas era un delito habitual entre diferentes formaciones políticas, cuando ellas no eran de ningún partido ni estaban haciendo propaganda política alguna. Es ese diferente rasero el que evidencia la utilización partidista de las instituciones municipales y por eso queremos saber cuánto nos van a costar las bromas de hacer que el Ayuntamiento entre en determinados pleitos o renuncie a indemnizaciones de condenados por destrozar mobiliario urbano”.
A Colau se le presenta, pues, una primavera algo movida.