La fiscal Ana María Torres ha abierto diligencias para investigar si el gobierno municipal de Barcelona, que encabeza Ada Colau, conculca derechos básicos al pretender ceder el padrón municipal (con datos de menores de edad, incluso) a empresas privadas que, de esta manera, realizarían la multiconsulta que pretende la alcaldesa. Esta multiconsulta serviría para consultar a la ciudadanía de Barcelona sobre diversos temas, como si el entorno del hotel Rec Comtal se convierte en zona verde, o acoge viviendas sociales; si el 30% de los espacios libres del 22@ se destinan a viviendas, equipamientos y zonas verdes; si la gestión del agua debe ser pública; o si se cambia el nombre de la plaza de Antonio López por el de plaza Idrissa Diall.
La oposición en pleno rechaza las pretensiones de la alcaldesa, a la que acusan de oportunismo político al faltar un año para las próximas elecciones municipales y no poder presentar una iniciativa del Ayuntamiento con cara y ojos. Por ello, subrayan, necesita alguna cosa que permita visualizar que el equipo de gobierno ha trabajado en algo durante los últimos cuatro años. Un buen gancho sería poder presentar un acuerdo sobre el tranvía, pero nadie de la oposición le va a facilitar el camino para llegar a un acuerdo. Por tanto, lo más visible de la acción de gobierno del Ayuntamiento son aspectos negativos, como el conflicto interno con la plantilla de la Guardia Urbana, el enfrentamiento con los gremios de la hostelería, con los hoteles o con los operadores turísticos, o la defensa del ‘top manta’, entre otras cuestiones.
Para colmo, la Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica (ATQD) presentó la semana pasada una denuncia ante la fiscalía por el tratamiento de datos que se pueda hacer con el padrón municipal para la realización de la multiconsutla. Y ahora la fiscalía ha abierto investigación sobre ello. “Las administraciones no pueden ser fuente suministradora de los datos personales que custodian”, afirman desde la asociación denunciante.
EL PROBLEMA DE LOS MENORES
Las administraciones, según esta entidad, no pueden ser fuente suministradora de los datos personales que custodian. Según la Asociación, “la elaboración del censo para llevar a cabo consultas, incluida la multiconsulta, se hará mediante la incorporación de datos desde el padrón municipal de habitantes. Por tanto, la empresa adjudicataria recibiría, tal y como se desprende del pliego, los datos del padrón municipal”. Ese acceso a los datos ciudadanos, dice la asociación, “es una cuestión muy delicada y todas las prevenciones son pocas, atendiendo además a que los ciudadanos menores de edad también están llamados a participar en la multiconsulta”.
La relación de iniciativas es la siguiente: el 6 de octubre de 2017, el Ayuntamiento aprobó el reglamento de participación ciudadana. El 5 de diciembre siguiente, el Instituto Municipal de Informática (IMI) publicó un anuncio de licitación para la contratación de servicios técnicos de participación electoral para llevar a cabo consultas ciudadanas. En ese reglamento, se apuntaba la posibilidad de que puedan participar menores de edad, a partir de los 16 años.
Según hizo público la ATQD, sin embargo, ha de leerse la letra pequeña. “Si miramos el pliego de prescripciones técnicas que han de seguir las empresas que gestionen los servicios técnicos de participación en las consultas, nos damos cuenta de algo muy grave vinculado a la elaboración del censo para realizar las consultas por parte del Ayuntamiento de Barcelona”. Esa gravedad es la cesión del padrón municipal.
UNA FRIVOLIDAD
“Con la que está cayendo, parece, como mínimo, una frivolidad dejar en manos privadas los datos del censo, con el agravante de que en este caso, además, se incorporarían los datos de menores”, señala un comunicado. Y añade: “Compartimos la idea de consultar a la ciudadanía sobre cuestiones importantes que afectan al gobierno de las ciudades. Pero seamos serios: no podemos trasladar prácticas propias del asamblearismo al gobierno de una de las principales capitales europeas. Consulta, sí, pero no así”.
Además, señala que “el gobierno de Ada Colau ha de entender que la transparencia ha de servir para preservar la acción política del nepotismo, la corrupción y las malas prácticas, pero no podemos permitir ninguna transparencia que juegue con los datos personales de miles de ciudadanos”.
Las multas por vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos son elevadas. Si se entiende que los datos del padrón no pueden cederse en este caso, la multa puede llegar a los 600.000 euros, ya que se considera una infracción muy grave. Además, ha de haber consentimiento expreso del afectado para que sus datos sean cedidos.
La multiconsulta de Colau apenas logró las firmas requeridas / EFE
LA OPOSICIÓN, MUY CRÍTICA
La portavoz del PSC en el consistorio, Carmen Andrés, aseguró en la tarde de este jueves que la multiconsulta de Colau “es una cortina de humo a un año de las elecciones”. La portavoz socialista recordó que “estamos a favor de la participación ciudadana y por eso somos más exigentes con el gobierno. Todo junto, resulta una chapuza impropia de un consistorio que ha contado siempre con la participación ciudadana para tomar decisiones sobre la ciudad”.
Para la concejala del PSC, las preguntas que se plantean en la multiconsulta “son superficiales, de decisiones que se pueden tomar fácilmente en el plenario municipal”. Aseguró, por ejemplo, que en el último pleno (suspendido por Colau) se debía tratar una proposición llevada por los socialistas para aumentar hasta el 30% la posibilidad de construir vivienda en el 22@. Justamente uno de los temas sobre los que quiere preguntar Colau. “El gobierno Colau quiere hacer la multiconsulta como una fiesta de autopropaganda pagada por todos los barceloneses”. Por eso, instó a la alcaldesa a que dé “explicaciones urgentes. Paralelamente, presentó una batería de preguntas sobre la protección de datos y el coste económico de la multiconsulta, desconocido con exactitud hasta el momento.
El popular Alberto Fernández Díaz, por su parte, reclama un informe jurídico sobre la legalidad de la consulta. Entre otras cosas, Fernández Díaz pide conocer si la pregunta sobre la gestión pública del agua o la remunicipalización del servicio es competencia municipal. Reclama, asimismo, información sobre la cesión de datos del padrón. Además, el líder municipal del PP critica a la alcaldesa porque “no tiene sentido hacer una multiconsulta en Barcelona en la que sólo se pregunta por aquello que le interesa a Colau y sus afines y no por aquello que interesa a los barceloneses, como el despliegue del carril bici, o la inversión millonaria que quiere hacer con el tranvía por la Diagonal”.
Desde el Partit Demòcrata, Raimond Blasi señaló este jueves por la tarde que se teme “que la multiconsulta acabe siendo una chapuza y un fracaso de este gobierno y genere frustración de los que quieren ser escuchados”. Y la portavoz de Ciudadanos, Carina Mejías, aseguró que el reglamento de participación ciudadana “está lleno de irregularidades que deben enmendarse para evitar posibles responsabilidades futuras”.