David Bondia, el hombre clave de la red “exterior” del Ayuntamiento

En mayo del 2016, se creaba en Barcelona el primer acto público de la Red de Ciudades Libres de Mordazas. El anfitrión del acto era el Ayuntamiento de Barcelona. Allí estaban el teniente de alcalde, Jaume Asens, y la concejala Gala Pin dando cobertura municipal al evento. El acto debía celebrarse en la plaza de Sant Jaume, pero el tiempo no lo permitió. Y como los impulsores del acto no habían llegado a Barcelona para luchar contra los elementos, al final se reunieron en las cocheras del propio consistorio.

El acto estaba convocado por una plataforma llamada No Somos Delito y trataba de denunciar la aplicación de las leyes que supuestamente vulneraban derechos fundamentales, “como la libertad de expresión, el derecho de reunión y el derecho a la información”. Asens cerró el acto haciendo referencia a los escraches y a las concentraciones para impedir desahucios como “dos ejemplos paradigmáticos del amplio repertorio sancionador de las leyes mordazas”, ya que tipifican estas conductas como faltas graves y prevén multas de 100 a 600.000 euros.

Había en este acto representantes de los Ayuntamientos de Madrid, Valencia, Zaragoza, Oviedo, Salamanca, Cenicero y Alfaro. Pero también representantes de una serie de plataformas directa o indirectamente vinculadas al círculo más próximo a Asens: Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), Defender a Quien Defiende, SOS Racisme, Centre Iridia, Plataforma de Afectados por la Hipoteca o Novact.

En todo este entramado, adquiere una notoria importancia David Bondia, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Barcelona. Bondia había sido, en el 2014, el coordinador académico de un proyecto de la UB: la creación de una plataforma denominada Defender a Quien Defiende, presentada en octubre de aquel año como “el primer observatorio estatal sobre la vulneración de los derechos humanos en contextos de protesta social”. En este proyecto confluían también la Fundación Solidaridad, de la propia UB, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Ecologistas en Acción, la Fundación UAM, Icaria Editorial, Novact y la plataforma Innovación Social.

Ese proyecto pilotado por Bondía inauguró su andadura con un módulo para juristas impartido por… Jaume Asens, y dirigido a analizar “las diferentes vulneraciones de derechos humanos” y a identificar “las instancias nacionales e internacionales donde denunciarlas”. En él participó también Anaïs Franquesa, socia de Asens por aquel entonces.

ASALTO A LA SINDICATURA

A principios del 2016, Bondia se postuló como candidato a Síndic de Barcelona. Competía frente a Àngel Miret, Maria Assumpció Vilà, Miquel Nadal y Mercè Molina. Bondia, un candidato sin opciones, se situó, en sólo unos días, como uno de los candidatos favoritos, gracias a una intensísima campaña en las redes sociales. Pero lo cierto era que el equipo de gobierno de Ada Colau había puesto toda la carne en el asador para intentar controlar una institución ciudadana desde la que intervenir e interferir en la vida social y política de la ciudad.

Corrieron críticas desde muchos estamentos, que denunciaban la politización de una figura que, en principio, no debe ni rozar la política. Pero eso es algo innato en el actual equipo de gobierno municipal: “Todo lo que tocan lo pasan por un tamiz ideológico y pervierten muchas instituciones por ese motivo”, critica un miembro de la oposición.

Bondia, el submarino de Colau y Asens en la Sindicatura, ya tenía experiencia en foros internacionales y, además, estaba apoyado por los pesos pesados del consistorio. Sólo hay que tener en cuenta un pequeño detalle: colaboraba estrechamente con el Observatorio DESC, por el que habían pasado desde Ada Colau (y su esposo) hasta Gerardo Pisarello (y su esposa) o el propio Asens. Además, el decálogo que proponía semejaba una transposición del programa electoral de Barcelona en Comú (BeC). Más claro, el agua.

MOVILIZAR LA CALLE

Pero el laboratorio por excelencia de Bondia es el IDHC, organismo a través del cual canaliza sus principales actuaciones en el terreno de los derechos humanos y que dirige desde el 2015. Paradójicamente, en la junta directiva de este instituto está Anaïs Franquesa, socia de Jaume Asens. Para redondear el asunto, el IDHC es miembro del Observatorio DESC, lo mismo que la plataforma Iridia, a la que pertenece Franquesa. Esta plataforma fue creada también en octubre del 2015… cuando ya el equipo de DESC había ganado las elecciones y había conquistado la alcaldía de Barcelona. Se trataba entonces, de crear una red paralela “cívica” para realizar tareas en la sociedad que el consistorio, como institución, no puede acometer. En otras palabras: si a los gestores del Ayuntamiento les interesa mover la calle con un tema o crear alarma social con otro, sólo tienen que llamar a su red exterior y todo solucionado. Con ello, se controla el poder institucional y los resortes cívicos cuya tarea es movilizar la calle conforme a unos intereses y objetivos políticos. Todo se reduce, pues, a un grupo de amigos que diversifica marcas para ser utilizadas a conveniencia con el fin de dar apariencia de pluralidad. Vamos, como si no se conociesen de nada.

Se da la casualidad de que en la presentación de Iridia tuvo un papel destacado Mariana Huidobro, madre del okupa Rodrigo Lanza, condenado por dejar parapléjico a un urbano en 2006. Los hechos fueron reiteradamente negados e incluso la productora Metromuster hizo el documental Ciutat morta, luego premiado por el Ayuntamiento. Jaume Asens había sido abogado defensor de Lanza, que fue detenido el año pasado después de matar al motero Víctor Laínez en Zaragoza, supuestamente por llevar unos tirantes con la bandera española.

En diciembre, la productora Metromuster publicó un artículo titulado Otra vez Rodrigo Lanza… ¿Casualidad?. En éste, defiende al presunto asesino el motero, justificando la muerte de éste como un “acto de defensa propia” y culpando a la sociedad “racista y cargada de prejuicios”. Todo ello, a pesar del espeluznante relato de los forenses donde detallan los golpes propinados a la víctima y a los nueve testigos presenciales. En ese momento, Bondia salió en defensa de sus amigos: “Ahora más que nunca es preciso defender la presunción de inocencia y derecho a juicio justo”, escribía en twitter el 17 de diciembre.

Bajo el paraguas creado por Bondia, el Ayuntamiento de Barcelona ha maniobrado a su antojo. La plataforma Defender a Quien Defiende, creada por el profesor, fue la que organizó el informe sobre el 1-O que, basado en muchas ocasiones en rumores, criminaliza a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad por los incidentes del 1 de octubre. Este informe (cuyo título era Violación de derechos civiles y políticos. Septiembre y octubre 2017), coordinado por esa plataforma de la UB, iba firmado, sin embargo, por varias plataformas: IDHC (de la que Bondia es presidente), Iridia (en la que también está de directiva Anaïs Franquesa, la socia de Asens), Grup de Periodistes Ramon Barnils, LaFede.cat y Novact.

Prácticamente, pues, todo quedaba en familia, con un nombre común a la mayoría de todas estas organizaciones: el de Bondia. Lo curioso es la credibilidad absoluta que los dirigentes municipales dieron al contenido del informe, hasta el punto de que el propio Asens visitó el Parlamento Europeo para entregarle una copia a su vicepresidente, Dimitrios Papadimoulis. Según parece, otra copia fue enviada a instituciones de la ONU.

Lo que no pudo hacer desde la Sindicatura de la ciudad parece que lo está haciendo ahora desde fuera: politizar todo lo posible cualquier acontecimiento sin miedo a retorcer la realidad hasta hacerla, en ocasiones, irreconocible. Y eso que, según sus alumnos, Bondia “es un señor superpacifista, que no suele pontificar, sino que comienza las clases planteando preguntas y luego establece un debate general”. Pero una cosa no quita la otra: que Bondia trabaja al dictado de unos intereses políticos parece meridianamente claro.