No corren buenos tiempos para Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y responsable del área de Economía y Trabajo, Ciudad Digital y Relaciones Internacionales. El Tribunal Supremo acaba de rechazar el recurso del consistorio barcelonés sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que le condena a abonar a sus trabajadores los intereses legales de los aumentos salariales de 2007 y 2008.
La cantidad que el Ayuntamiento que preside Ada Colau debe a sus funcionarios asciende a unos 35 millones de euros, según informa Crónica Global. Y el alto tribunal ha dado un plazo de diez días al consistorio para que determina qué órganismo municipal se hará cargo del pago.
Fuentes del sindicato Acción Sindical Independiente (ASI), que fue quién llevó el tema a los tribunales de justicia, han afirmado que la única salida que le queda al Ayuntamiento es la de iniciar las negociaciones y que si se niega, el próximo paso podría ser el embargo de algunos bienes municipales para subsanar la deuda con los trabajadores.
LARGO CONFLICTO
El conflicto se inició cuando, en 2007, el Gobierno decretó un aumento salarial extra para los funcionarios del 1 %. Ostentaba entonces la alcaldía de Barcelona Jordi Hereu, que consideró que este aumento no afectaba los funcionarios municipales, pues estos ya percibían la totalidad del dinero de las pagas extra. Los sindicatos recurrieron a la justicia y acabaron ganando, por lo que el Ayuntamiento tuvo que abonar la parte correspondiente, que ascendió a unos 70 millones de euros.
Quedaron pendientes entonces los intereses legales, asunto por el que el Ayuntamiento optó por litigar en los tribunales. Esos volvieron a dar la razón a los trabajadores y, en una decisión sin precedentes, el consistorio optó por acudir al Tribunal Supremo. Finalmente, ha sido el alto tribunal el que ha rechazado el recurso del Ayuntamiento, que ahora tiene un corto plazo de tiempo para empezar a poner el corriente de cobro a los funcionarios municipales.