El Gobierno de la Generalitat debe al Ayuntamiento de Barcelona un total de 44,54 millones de euros, según el último informe municipal, fechado a finales de abril pasado. De ellos, 8,85 millones son de ejercicios anteriores, 25,39 millones son de 2018 y 10,3 millones corresponden a anualidades pendientes anteriores al año 2013. A ello, hay que añadir 41,8 millones de deuda correspondiente a la financiación que, por ley, tiene que soportar la Generalitat con las guarderías municipales, lo que convertiría la deuda en casi 86 millones. Pero también faltaría la financiación necesaria para finalizar la línea 9 del Metro, la destinada al transporte público del área metropolitana y las inversiones que el Govern tiene que hacer en los consorcios mixtos con el Ayuntamiento. Todo ello podría disparar la deuda oficial a casi 140 millones de euros.
En el último informe municipal, firmado por el director de Servicios de Contabilidad, Josep Maria Llebaria y por el interventor general, Antonio Muñoz, se especifica que las anualidades pendientes (es decir, los más de 10 millones) “no pueden ser reconocidos pendientes de cobro, pero hay un acuerdo incondicional de aplazamiento de pago por parte de la Generalitat”.
En el apartado pendiente de pago, el consistorio reconoce que la Generalitat le debe 22,5 millones en concepto de tributos y de transferencias corrientes. La partida más abultada corresponde a las subvenciones finalistas para atención primaria, que rozan los 19,2 millones de euros. De hecho, de los 23 millones que debería haber recibido el Ayuntamiento por este concepto, sólo ha cobrado 3,8 millones. Con las entidades municipales, la deuda es de casi 11,7 millones de euros, siendo las morosidades más abultadas la deuda con Barcelona Activa (4,7 millones), la Fundación del Mobile (2,5 millones), el Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHR, 1,7 millones), el Consorci Mercat de Les Flors (casi 1,1 millones) y el Consorci de l‘Auditori i Orquestra (casi 944.000 euros).
DEUDA MUCHO MÁS ELEVADA
Pero esas cifras parecen quedarse muy cortas. El PP ha realizado un detallado informe sobre la “deuda real” que la Generalitat tiene con el consistorio y cualquier parecido con los números oficiales del Ayuntamiento son pura coincidencia. La deuda total del Govern con el consistorio barcelonés se disparó, a 30 de abril de este año, a 222,8 millones de euros.
Los populares admiten que la deuda vencida este año es de 44,5 millones. Pero a partir de ahí comienzan a sacar los colores a la administración que encabeza Ada Colau. Para ello, recopilan deudas no reconocidas como deuda vencida hasta sumar 132,9 millones. Dentro de esta partida se engloban, por ejemplo, 45 millones correspondientes a la dación en pago de tres inmuebles del Ayuntamiento que la Generalitat todavía no ha abonado. Objetivamente, ese agujero se ha de contabilizar como deuda, aunque el Gobierno autonómico quiera incluirlo en un canje y saldarlo con partidas de financiación diversas en vez de ingresarlo en efectivo en las cuentas del consistorio (pero esas partidas tampoco han llegado).
En este apartado, el PP cuenta también como deuda pendiente 34 millones de euros que la Generalitat debía aportar para el Hospital del Mar. Otros 25 millones de euros hacen referencia a una transferencia de que el Ayuntamiento efectuó a la compañía Spanair, aunque esta partida es de más difícil justificación, al poder considerarse que la Administración local era socia de la compañía y esa cantidad correspondía a las pérdidas asumidas.
MOROSIDAD CON LAS OBRAS
También cuantifica el PP una partida no reconocida de 8,9 millones de euros correspondientes al desvío de costes en el Museu del Disseny (DHUB). Otra partida de 11,1 millones de euros corresponde al gasto de rehabilitación del Museo de Ciències Naturals. El consistorio sólo reconoce una deuda del Govern de casi 35.000 euros correspondiente a este museo. Otro de los agujeros es el de las obras de la Escola Univers, que comenzaron ya en época de Xavier Trias. La Generalitat debe al consistorio todavía 4,8 millones de euros de estas obras, que no han sido recogidos por el consistorio en sus informes. Y otro tanto cabe decir del CEIP Mediterrània, cuyas obras costaron 4,6 millones de euros, adelantados por el Ayuntamiento y con compromiso de pago del Govern. A 30 de abril de 2018, todavía faltan por abonar 1,3 millones, a pesar de que las obras están finalizadas desde 2013 (los alumnos de esta escuela estudiaban, hasta entonces, en barracones).
Estas partidas omitidas más la deuda reconocida correspondiente a 2018 (44,54 millones) suman, pues, 177,4 millones de euros, una situación que dista mucho de la presentada en el escueto informe oficial del consistorio.
Pero no acaban ahí los agujeros: los populares también recogen otra partida de 45,4 millones de euros relativa a “derechos pendientes de reconocimiento por el gobierno municipal”. En este concepto se incluirían subvenciones a discapacitados, a servicios sociales, al Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) y a bibliotecas, en un epígrafe que el PP titula como “importes no reconocidos como deuda no vencida”. En este epígrafe se encuadra la deuda de las guarderías, que es la más onerosa. En su informe oficial, en cambio, el consistorio sólo reconoce una deuda pendiente de cobro relativa a las bibliotecas de 650.000 euros.
Pero, con ese apartado espectacular, la deuda total de la Generalitat con la ciudad de Barcelona se eleva a los mencionados 222,8 millones de euros, que incorporan las partidas morosas del Govern que jamás constan en los documentos oficiales pero que, a la postre, lastran las finanzas municipales.