Mucho estudio pero pocas nueces. Ésa es la esencia de la política de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Tan sólo en el primer trimestre del 2018, el consistorio que preside Ada Colau encargó y pagó una quincena de informes relacionados con la política de vivienda, que había sido uno de los temas estrella de la campaña de Barcelona en Comú (BeC). Se han estudiado oficinas virtuales, se han detallado las cifras del sector, se han diseccionado datos sobre vivienda y se han diseñado planes para generar vivienda social. Todo en vano. En el plano real, la política del consistorio no chuta: esta legislatura se acabará con unos 730 pisos construidos, cuando Colau había prometido 4.000 al año.
Lo único cierto hasta ahora es que el Ayuntamiento está gastando una pasta gansa en informes y estudios sobre el tema. Solamente en los tres primeros meses de este ejercicio se encargaron estudios sobre las necesidades habitacionales que suman alrededor de 160.000 euros. Uno de ellos, titulado “Análisis bibliográfico sobre el acceso a la vivienda de colectivos vulnerables” costó casi 20.000 euros y fue adjudicado a Ivàlua, Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques. Paradójicamente, en Barcelona el censo de inscritos en el registro de solicitantes de vivienda pública ha alcanzado el récord histórico de 35.577 personas, según un detallado informe elaborado por el PSC.
La compañía Altran Innovación, por su parte, se adjudicó el trabajo “Análisis y estudio de soluciones para generar oferta de vivienda social”, por el que cobró 14.157 euros. El grupo Altran, que tiene más de 30.000 empleados en 20 países y sólo en España emplea a más de 3.200 personas, es uno de los líderes mundiales en consultoría y ofrece soluciones a medida en cualquier sector.
El consistorio también adjudicó a la multinacional KPMG un estudio titulado “Análisis del impuesto del incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana” por 18.150 euros. La filial que se hizo cargo del estudio es KMPG Asesores. Esta consultora está especializada también en auditorías y una gran parte de su negocio proviene de sus contratos con las administraciones públicas.
ESTUDIOS PATRIMONIALES Y URBANÍSTICOS
Una de las patatas calientes que Colau tiene en su mano es el área de la Sagrada Familia, que recientemente se ha acotado al tráfico para controlar el flujo de turistas y visitantes. En relación con esta zona, el Ayuntamiento encargó a la arquitecta Elsa Ribó la “Asistencia técnica de la redacción del proyecto urbanístico de los entornos de la Sagrada Familia” por 14.488,54 euros.
Paralelamente, realizó varios estudios patrimoniales de algunas zonas de la ciudad. Por ejemplo, el “Estudio patrimonial y urbanístico del casco antiguo de Horta” fue adjudicado a la sociedad Gabinete de Color por 11.374 euros. Esta empresa tiene como socios a Joan Casadevall y Àgueda Serra y con ella colaboran desde arquitectos a coloristas, restauradores o especialistas en planteamientos urbanos. En 2012, recibió el premio Agrupació Joven Arquitectes de Catalunya y en el 2017 se alzó con el European Award for Architectural por su actuación en el Plan Especial de Protección del Patrimonio de Sant Andreu.
En la misma línea, el “Estudio previo de Canyelles” recayó en Carles Enrich Studio, empresa fundada el pasado diciembre por el arquitecto Carles Enrich, un veterano profesional y profesor de la UPC, de la URV y de ETSAB que antes había formado parte de Brito & Enrich SCP. Este arquitecto tiene también un curriculum cargado de premios por sus trabajos desde el año 2012.
Otro estudio patrimonial y urbanístico, pero centrado en las calles Campoamor y Salses y su entorno, fue para Joan Manuel Nicolàs Monsonís, por 11.912,45 euros. Nicolàs es el fundador del despacho de arquitectos que lleva su apellido, con casi 30 años de experiencia, y que diseñó, entre otras cosas, las comisarías de los Mossos d’Esquadra de Amposta y Falset, los parques de bomberos de Valls, de Olot y de Vilafranca, el CEIP Àngel Guimerà de Tàrrega, el área de consultas externas, de pediatría y el vestíbulo materno-infantil de Can Ruti, o el plan especial de protección del conjunto histórico-artístico de la localidad de Santa Pau.
OFICINA VIRTUAL NUEVA YORK-BARCELONA
No deja de ser curioso el caso de Eduard Cabré, un técnico que se llevó un contrato de 5.293,75 euros para la “Creación y seguimiento de la oficina de vivienda virtual Nueva York-Barcelona”.
Cabré, que había trabajado en el ayuntamiento neoyorkino en el sector de la vivienda en el 2016, se encargó de coordinar las agencias de la ciudad en torno a los programas de vivienda y desarrollo económico, analizar las regulaciones de zonificación y uso de la tierra en varias comunidades de la ciudad de Nueva York y de crear herramientas para educar a las comunidades sobre financiación y desarrollo de viviendas asequibles. Desde junio del año pasado, se ocupa de promover el intercambio de conocimientos y prácticas de vivienda entre Nueva York y Barcelona. De similar perfil es el estudio “Diagnosis de los procesos de compra en el mercado de la vivienda”, adjudicado a Marc Iglesias Colomer por 5.751,90 euros.
Otro de los informes encargados fue la “Diagnosis y toma de datos oficina de vivienda”, otorgado a la empresa de Cerdanyola Pauta Señalética y Arquitectura por algo más de 12.600 euros. Y un informe más titulado “Elaboración estudios Cifras de Vivienda”, que es el número 37 de esta colección, fue encargado por 5.696,80 euros al Institut d’Estudis Regionals Metropolitans. Por otro lado, un trabajo sobre la modificación del Plan General Metropolitano titulado “Estudios Económicos MPGM Vivienda” fue encargado a la Universidad Politécnica de Cataluña por 14.702 euros.
En resumidas cuentas, la cantidad de informes sobre el tema no se corresponden con los frutos que cosecha el equipo de gobierno del consistorio barcelonés, que no cumplirá, ni de lejos, las promesas electorales con que había concurrido a las municipales del 2015. Las oficinas virtuales y los estudios teóricos sobre el sector no han servido para que el equipo municipal tome medidas drásticas y dé un volantazo a la estrategia de vivienda que es una de las grandes decepciones de esta legislatura.