La querella el hundimiento en el cementerio de Montjuïc de 144 nichos es ya una realidad. Los despachos de abogados de Miguel Durán y Josep Maria de Palacio han presentado este lunes una demanda criminal por delitos de daños, profanación, falsedad documental, prevaricación y malversación. Concretamente, la querella va dirigida contra el concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona y presidente de Cementiris de Barcelona, Eloi Badia; el director general de Cementiris de Barcelona, Jordi Valmaña, y la directora antropóloga Dominika Nociarova, que ha encabezado la exhumación y la identificación de los restos humanos.
Por ahora, la alcaldesa Ada Colau se ha librado de ser demandada. Según el expresidente de la ONCE y abogado, los denunciados son las personas que se consideran responsables materiales de los hechos. Sin embargo, y según como se desarrolle la investigación durante la fase de instrucción, no se descarta que la querella se amplíe a otro implicados -incluso a Colau-. Una vez presentada, la querella debe ser admitida a trámite, algo que debería producirse en otoño. En opinión de los letrados, si la demanda es admitida a trámite, Badia "debería dimitir" o ser cesado por la alcaldesa. Aunque no ha sido denunciada, Colau no se ha librado de las críticas. "No se ha dignado a recibir a los familiares ni ha hecho un tuit pidiendo perdón", ha recordado De Palacio.
PRIVACIÓN DE LIBERTAD
El proceso de instrucción se prevé largo, alrededor de un año y medio. Los representantes legales de unas 50 familias -17 titulares de nichos- no quisieron entrar a valorar las penas a las que se enfrentan Valmaña, Badia y Nociorova. Durán se ha limitado a decir que pueden acarrear "penas importantes", pero según fuentes judiciales consultadas por este medio de prosperar la querella y dictarse sentencia firme condenatoria, las penas a aplicar serán las propias del Código Penal: multas económicas, penas de privación de libertad o la inhabilitación si se trata de cargos públicos. La sentencia puede conllevar indemnizaciones a favor del querellante. La demanda busca depurar responsabilidades e identificar los cuerpos de las personas fallecidas más que dinero.
Los hechos llevados ante la justicia se remontan al 15 de septiembre del año pasado cuando se desplomó un bloque de 144 nichos en el cementerio de Montjuïc. Dos días antes se detectó una grieta en la estructura, pero Cementiris de Barcelona no avisó a los bomberos, el cuerpo que hubiera podido determinar si existía un riesgo inminente de derrumbe. Pero uno de los grandes errores de esta crisis, señalado también por la propia síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, fue dejar entrar en la zona 0 del derrumbe a una retroexcavadora que mezcló los restos humanos y todo tipo de escombros. Hasta el quinto día, el 20 de septiembre, no llegaron los antropólogos. "Los primeros días no había nadie capaz de diferenciar entre un cascote y un hueso", ha asegurado De Palacio.
El bloque de Montjuïc desplomado por el que se ha interpuesto una querella criiminal.
DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN
La identificación de todos los cuerpos será muy difícil, casi imposible. Hace apenas dos meses se han llevado a cabo las pruebas de ADN a los familiares y por ahora no hay resultados. Particularmente difícil será identificar los restos de las personas que se hallan en un contenedor mezclados con todo tipo de material. A día de hoy, los letrados y las familias que se querellan no saben cuántos cuerpos han sido identificados "científicamente" en diez meses. Recientemente, Valmaña explicó en comisión municipal que se estaba licitando un contrato por valor de unos 800.000 euros para llevar a cabo los trabajos de ADN.
En la rueda de prensa, los letrados han denunciado la falta de manteniemiento de todo el camposanto de Montjuïc, pese a que las familias pagan religiosamente las tasas. El abogado Miguel Ángel Durán, socio del expresidente de Telecinco, ha explicado que Cementiris de Barcelona llegó a cobrar las tasas a los afectados en noviembre, dos meses después del hundimiento. De hecho, la falta de conservación del cementerio es general. Lo denunció la misma síndica, que instó a revisar todos los edificios que puedan sufrir patologías. Según los abogados, el riesgo de hundimiento sigue existiendo y se están "reventando lápidas" y produciendo movimientos de sepulturas, presuntamente, sin los permisos correspondientes de los titulares. Fuentes cercanas a la investigación, Cementiris habría colocado detectores de movimiento en distintos bloques para evitar un nuevo colapso.
5.000 EUROS POR CALLAR
El expresidente de la ONCE se ha referido a una información avanzada por Metrópoli Abierta el pasado mayo sobre que el Ayuntamiento y Cementiris de Barcelona intentaban callar con unos 5.000 euros a las familias de los afectados por el derrumbe. A cambio, estas personas tenían que renunciar a emprender acciones legales por el caso. En su momento, Durán valoró que se trataba de "acuerdos viciados" porque las personas que hayan aceptado la propuesta firmaron sin disponer de toda la información sobre el caso. De hecho, la falta de transparencia y de información a las familias ha sido la tónica habitual de toda la crisis, como denunció la síndica en enero. El caso ya se compara con el tristemente célebre Yak-42, el accidente de un avión militar español con 75 personas a bordo, bajo el gobierno del PP, en 2003. Además de la seguridad del avión, uno de las mayores polémicas se generó por los múltiples errores en la identificación de los cadáveres.