El Ayuntamiento de Barcelona deberá pagar 60 millones en atrasos

El Ayuntamiento de Barcelona deberá preparar 60 millones de euros para cumplir una sentencia judicial que le obliga a pagar a los trabajadores el aumento de su masa salarial desde el año 2007. La sentencia sobre este conflicto data del año 2016 y ahora habrá de resolverse cómo devolver ese poder adquisitivo a los empleados, precisamente en un momento en que afloran tensiones en la tesorería municipal. Este fallo fue consecuencia de un pleito iniciado por CCOO y su resolución es conocida como la sentencia del 1 %.

El sindicato comenzó el contencioso-administrativo en el año 2009, reclamando con efectos retroactivos la consolidación del 1 % del incremento del sueldo para los funcionarios, tal y como se recogía en las leyes de los presupuestos generales del Estado desde el año 2007. Una primera sentencia de 2014 reconocía el derecho de los trabajadores de cobrar ese 1% en los años 2007 y 2008.

La sentencia fue recurrida por el propio consistorio, pero fue peor el remedio que la enfermedad: el último fallo, fechado en enero del 2016, obligaba al consistorio a abonar el 1 % de la masa salarial a los trabajadores desde el 2009 y a consolidar el incremento del 1% a partir de ese año en adelante. Y todo a pesar de que el consistorio adujo que ya había cumplido la sentencia con los aumentos salariales de los últimos años, que no estaba claro cómo aplicar dicha sentencia y que el fallo estaba falto de motivación.

En el auto de 2016 se recordaba que el anterior fallo imponía “obligaciones claras a la Administración. Si el Ayuntamiento no entendió suficientemente lo que se le ordenaba, podía haber pedido aclaración de dicho auto, o haber sostenido su recurso de apelación. Incluso podía haber interesado del juzgado en cualquier momento que se aclarara cualquier punto oscuro necesario para cumplir la sentencia. No lo hizo así, y no puede ahora tachar de falto de motivación ni de contradictorio el que ahora se impugna que aprecia, ciertamente, que la sentencia no ha sido plenamente ejecutada”.

COSTAS AL AYUNTAMIENTO

El último fallo desestimaba el recurso de apelación del Ayuntamiento y le imponía unas costas “con el límite máximo de 1.000 euros”, lo que evidencia una culpabilidad patente por parte del consistorio.

El Ayuntamiento aceptó en 2016 el fallo e incluso el teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, afirmó que valoraba positivamente la sentencia y que con ella se cerraba “un largo conflicto”. “Lo celebramos y lo acatamos, tal y como nos comprometimos con los trabajadores y trabajadoras municipales”, aseguró el teniente de alcalde. Aprovechó, no obstante, para lanzar un dardo envenenado a sus antecesores: “Se trata de un conflicto heredado, resultado de la gestión de gobiernos anteriores”. Pisarello, según una nota oficial del consistorio, afirmaba que “no se nos escapa que cumplir la sentencia tendrá un impacto económico importante en las cuentas del Ayuntamiento, que ya habíamos previsto y por lo cual ya teníamos consignada la correspondiente partida”.

NEGOCIACIÓN EN CIERNES

Según el propio consistorio, el contencioso se alargó porque la Administración local entendió que “ya retribuía el 100% de las pagas y el incremento medio aplicado aquel año era igual o superior al 3% [se preveían incrementos retributivos del 2% con carácter general y un 1% adicional para completar el complemento específico de las pagas extras], con lo que ya se estaban cumpliendo las retribuciones legales”. CCOO interpuso un recurso que acabó ganando en los tribunales y logró cobrar los atrasos hasta el 2009. Luego, fue el Ayuntamiento el que recurrió la resolución para el resto de años y la consolidación, que culminó con la aludida sentencia de 2016.

Pero lo cierto es que han pasado más de dos desde entonces y todavía no se ha materializado el pago de los atrasos. En febrero del 2016, en la mesa general del Ayuntamiento, se llegó a un acuerdo definitivo para materializar, a partir del mes de abril, el pago de ese 1 % como atrasos desde el año 2007. Y, efectivamente, en abril de ese año se materializó el pago del dinero que se debía de los años 2007 y 2008. Pero quedó pendiente el dinero de los años siguientes, además de los atrasos a una serie de organismos que dependen de la Administración local: Consorci Mercat de les Flors, Fundació Museu Picasso, Consorci Museu de les Ciències Naturals, Consorci Auditori i Orquestra e Institut Municipal de Prestacions Mèdiques (Panem).

En las próximas semanas, debería negociarse cómo hacer efectiva ahora la sentencia y pagar los atrasos. Ante la debilidad de las cuentas municipales y la previsible bajada de ingresos municipales, la alcaldesa Ada Colau no lo tiene muy fácil para dar cumplimiento a la sentencia. Es cierto que las relaciones con los sindicatos se han suavizado en los últimos meses, pero un conflicto de esta naturaleza exige tomar decisiones contundentes que afectan a la tesorería municipal. Y las prioridades de Colau en estos momentos no pasan por ceder más en el tema de los incrementos salariales de los empleados, máxime cuando acaba de firmar un convenio en el que el consistorio ha tenido que ceder mucho terreno en ese tema.