Cementiris de Barcelona busca, a la deseserada, "callar" a los damnificados por el hundimiento de Montjuïc con una oferta económica de última hora. La empresa pública está enviando un burofax, a algunas de las familias afectadas por el hundimiento de 144 nichos en el cementerio de Montjuïc con propuestas de indemnización que van de los 5.000 y los 30.000 euros, según los casos. Así lo asegura Josep Maria de Palacio, uno de los abogados que representa a 50 familias que han puesto una querella criminal por los delitos de daños, profanación, falsedad documental, prevaricación y malversación por el caso. De Palacio ha recibido esta semana una información de Cementiris en la que se le comunica la oferta formulada.
La noticia ha sido connfirmada a Metrópoli Abierta por el Ayuntamiento de Barcelona. Fuentes municipales explican que se ha enviado a la plataforma de afectados para informales "de los baremos para la compensación económica por daños morales" que varía según las circunstancias. El importe de la compensación estará a disposición del titular, que tiene 30 días hábiles para rechazarla, un año. "La aceptación no implica ningúna renuncia a los compromisos de Cementiris: identificación de los difuntos, estudios de ADN u otros", afirman las fuentes.
Hasta ahora han recibido la carta cinco o seis de las familias, afirma el abogado, que defiende a los afectados junto al despacho que dirige Miguel Durán. La propuesta económica solo se está enviando a los títulares de nichos y no al resto de familias con personas enterradas en el bloque de Montjuïc que se hundió en septiembre de 2017. Eso significa que, por ejemplo, Tania Hidalga, una exactivista de la PAH a la que Cementiris le ha perdido ocho seres queridos, no recibirá estos días ningúna oferta de Cementiris, según De Palacio. Los padres de Tania están enterrados en un nicho cuyo titular es el tío de la chica.
30 DÍAS PARA CONTESTAR EN AGOSTO
En el citado burofax, Cementiris da 30 días a los titulares de los nichos para contestar que no aceptan la oferta. Si no responden, la empresa pública les comunica que entenderá que han aceptado la indemnización, explica De Palacio, cuya versión coincide con la ofrecida a este medio por el Ayuntamiento. Se da la circunstancia de que la carta se está enviando a finales de julio, con muchas personas de vacaciones o a punto de empezarlas, y es más que probable que no se enteren si se la han enviado o no hasta que vuelvan a casa. Las familias de Cristina Garcia o Eva Mañoso, dos damnificadas, por ahora no han recibido nada. El letrado valora que la condición de que si no se responde en 30 días, la oferta se acepta, no es correcta. La cantidades propuestas como indemnización varían en cada caso "según unos baremos establecidos por Cementiris" que De Palacio dice desconocer cuáles son.
El abogado de las familias opina que la oferta de Cementiris, con la querella presentada y a punto de ser admitida a trámite, se enmarca dentro del "arrepentimiento" y en un intento de "atenuar la pena". Según De Palacio, es una manera de decirle al Juzgado de Instrucción número 18, que llevará el caso, que se ha intentado hacer alguna cosa y que no ha habido dejadez. De Palacio afirma que su intención es dirigirse al juzgado para comunicar que la oferta de Cementiris no se acepta, algo que bajo su punto de vista se puede hacer.
ADMISIÓN A TRÁMITE, TRAS EL VERANO
En conversación con Metrópoli Abierta, De Palacio explica que estima que la querella se admita a trámite a lo largo del mes de septiembre. La demanda penal que se ha presentado va contra el regidor y presidente de Cementiris, Eloi Badia; el director general de la empresa pública, Jordi Valmaña, y la directora antropóloga Dominika Nociarova, que ha encabezado la exhumación y la identificación de los restos humanos.
Los hechos llevados ante la justicia se remontan al 15 de septiembre del año pasado cuando se desplomó un bloque de 144 nichos en el cementerio de Montjuïc. Dos días antes se detectó una grieta en la estructura, pero Cementiris de Barcelona no avisó a los bomberos, el cuerpo que hubiera podido determinar si existía un riesgo inminente de derrumbe. Pero uno de los grandes errores de esta crisis, señalado también por la propia síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, fue dejar entrar en la zona 0 del derrumbe a una retroexcavadora que mezcló los restos humanos y todo tipo de escombros.
La identificación de todos los cuerpos será muy difícil, casi imposible. Hace apenas dos meses se han llevado a cabo las pruebas de ADN a los familiares y por ahora no hay resultados. Particularmente difícil será identificar los restos de las personas que se hallan en un contenedor mezclados con todo tipo de material. A día de hoy, los letrados y las familias que se querellan no saben cuántos cuerpos han sido identificados "científicamente" en diez meses. Recientemente, Valmaña explicó en comisión municipal que se estaba licitando un contrato por valor de unos 800.000 euros para llevar a cabo los trabajos de ADN.