El PP ha reclamado a la alcaldesa Ada Colau que vete y rescinda el contrato que el Ayuntamiento de Barcelona pueda tener con el presunto agresor de una mujer que quitaba lazos amarillos en el parque de la Ciutadella. Según el regidor popular, Alberto Fernández, el presunto agresor se gana la vida, entre otras actividades, impartiendo clases de dibujo en centros cívicos municipales.
La información facilitada por el grupo municipal del PP desvela que Joan Gispert ofrecerá este otoño cursos de técnicas de dibujo y/o pintura en, al menos, dos centros cívicos, en las Cotxeres Comtes de Borrell y en el Besòs. "Colau no puede estar más tiempo muda en un caso de violencia de género en el que está implicada una persona relacionada con el consistorio".
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO
Fernández opina que Colau debe "condenar la agresión" y "abrir un expediente disciplinario laboral y rescindir los posibles contratos de servicios o colaboración de esta persona con el Ayuntamiento", dice el concejal. El PP asegura que ya ha presentado la petición por escrito en el Ayuntamiento.
En un comunicado, los populares aseguran que tendría que ser el Ayuntamiento quien retirara los lazos amarillos de las calles de Barcelona, "porque representan una infracción de las ordenanzas municipales, pero la alcaldesa, cada vez más cómplice del independentismo, no lo hace”.
DOS DELITOS
El hombre fue detenido la semana pasada acusado de dos delitos, uno de odio y otro de agresiones, después de que la mujer presentase una denuncia ante la policia. Finalmente, el juez dejó en libertad al presunto agresor y le impuso una orden de alejamiento de la víctima de 500 metros. La mujer asegura que el hombre la hizo caer dos veces al suelo y le causó una desviación del tabique nasal.
El pasado miércoles, centenares de personas se concentraron en el parque de la Ciutadella, junto a dirigentes de Ciudadanos y del PP, en apoyo de la mujer agredida. También el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y Colau condenaron el ataque.
Al cierre de esta edición, el gobierno de Colau no había dado su punto de vista sobre la posible relación contractual del presunto agresor con el consistorio denunciada por el PP.