Las 50 familias afectadas por el derrumbe del cementerio de Montjuïc han rechazado la última oferta económica que el gobierno de Ada Colau, a través de Cementiris de Barcelona, les hizo llegar a finales de julio, según han confirmado los despachos de abogados de Josep Maria de Palacio y de Miguel Durán, que representan a las familias. Antes de les vacaciones, la empresa pública envió un burofax con propuestas de indemnización que iban de 5.000 a 30.000 euros, según los casos. La noticia fue avanzada por Metrópoli Abierta el 28 de julio.
El motivo de la proposición hay que buscarlo en un intento de callar a las familias y evitar llevar el caso a juicio. Los afectados han presentado una querella criminal por los delitos de daños, profanación, falsedad documental, prevaricación y malversación. Fuentes de los despachos de abogados han enviado una carta de respuesta a Cementiris en la que dicen que no van a renunciar al esclarecimiento de los hechos, a la identificación de los difuntos, a la depuración de responsabilidades y a una indemnización por daños y perjucios. En la carta del abogado Miguel Durán, a la que ha tenido acceso Europa Press, este afirma "que condicionar o suponer que estas familias van a desistir o renunciar a esclarecer los hechos a cambio de un importe económico comporta un desprecio y un desconocimiento de los querellantes".
30 DÍAS PARA RESPONDER
El burofax que se envió a las familias el 23 de julio informaba a las familias "de los baremos para la compensación económica por daños morales", que variaba según las circunstancias y la afectación, informaron entonces fuentes municipales. "La aceptación no implica ninguna renuncia a los compromisos de Cementiris: identificación de los difuntos, estudios de ADN u otros", añadieron las mismas fuentes a finales de julio. El baremo establecido iba en función del número de difuntos que había en cada nicho, tiempo que llevaban enterrados y sí han sido identificados. Cementiris dio 30 días a los titulares de los nichos para contestar si aceptaban o no la oferta. Si no respondían, la empresa pública les comunicaba que entendía que aceptaban la indemnización.
De Palacio, uno de los abogados de las familias, opinaba entonces que la oferta de Cementiris, con la querella presentada, se enmarcaba dentro del "arrepentimiento" y en un intento de "atenuar la pena". Según De Palacio, es una manera de decirle al Juzgado de Instrucción número 18, que llevará el caso, que se ha intentado hacer alguna cosa y que no ha habido dejadez. De Palacio ya anunció en julio que las familias no aceptarían la oferta.
Los abogados dicen que la querella debería ser admitida a trámite este septiembre. La querella va dirigida contra el concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona y presidente de Cementiris de Barcelona, Eloi Badia; el director general de Cementiris de Barcelona, Jordi Valmaña, y la directora antropóloga Dominika Nociarova, que ha encabezado la exhumación y la identificación de los restos humanos.
IDENTIFICACIONES MUY DIFÍCILES
Los hechos llevados ante la justicia se remontan al 15 de septiembre del año pasado cuando se desplomó un bloque de 144 nichos en el cementerio de Montjuïc. Dos días antes se detectó una grieta en la estructura, pero Cementiris de Barcelona no avisó a los bomberos, el cuerpo que hubiera podido determinar si existía un riesgo inminente de derrumbe. Pero uno de los grandes errores de esta crisis, señalado también por la propia síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, fue dejar entrar en la zona 0 del derrumbe a una retroexcavadora que mezcló los restos humanos y todo tipo de escombros. Hasta el quinto día, el 20 de septiembre, no llegaron los antropólogos. "Los primeros días no había nadie capaz de diferenciar entre un cascote y un hueso", ha asegurado De Palacio.
La identificación de todos los cuerpos será muy difícil, casi imposible. Hace apenas cuatro meses que se han llevado a cabo las pruebas de ADN a los familiares y por ahora no hay resultados. Particularmente difícil será identificar los restos de las personas que se hallan en un contenedor mezclados con todo tipo de material. A día de hoy, los letrados y las familias que se querellan no saben cuántos cuerpos han sido identificados "científicamente" en 12 meses.