La última moda de Colau: la “contratación pública sostenible”

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, adjudicó esta semana las obras de implantación de las acometidas y contadores de la red de semáforos y estaciones de enlace para las futuras estaciones de bicing, una obra que supondrá un gasto para el consistorio barcelonés de casi 5,3 millones de euros y que habrá de estar finalizada en verano del 2020. La alcaldesa, no obstante, obligó a incorporar determinadas cláusulas en los contratos para garantizar una “contratación publica sostenible”. 

Estas cláusulas son que el presupuesto máximo de licitación tenía que estar desglosado en costos directos e indirectos, evitar las ofertas anormalmente bajas por el incumplimiento de los convenios laborales y el control del pago a las empresas subcontratadas. Es decir, garantizar que los trabajos subcontratados se realizan a precio de mercado y no a costes ínfimos. 

Los trabajos se dividen en cinco lotes, adjudicados cada uno de ellos a una compañía. El lote mayor corresponde a los trabajos en el distrito de Sants-Montjuïc, en los que se gastarán 779.586,71 euros. Los trabajos los realizará la compañía Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas. Le siguen los distritos de Ciutat Vella, Gràcia y Nou Barris, para los que hay presupuestados 762.262,42 euros, que ejecutará la empresa CRC Obras y Servicios. La sociedad Serveis Integrals de Manteniment Rubatec será la encargada de las obras en los distritos de Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi y Horta-Guinardó. Su contrato asciende a 740.107,96 euros. Ingeniería y Servicios Ferroviarios se hizo con el contrato del distrito del Eixample, dotado con un presupuesto de 731.692,27 euros, mientras que Elecnor realizará los trabajos de Sant Martí con un presupuesto de 630.115,25 euros. 

La “contratación pública sostenible” es una de las condiciones que el Ayuntamiento de Barcelona ha incorporado a las licitaciones. Lo que pretende es que ese concepto sea un valor añadido que da el consistorio apostando por una gestión supuestamente más transparente.  

Así, hace escasos días, se adjudicó un contrato por valor de 42.349,99 euros a la empresa Serveis l’Espectacle Rulot para el “suministro de material de infraestructuras”. En su licitación, el consistorio especificaba que la adjudicación se haría “con medidas de contratación pública sostenible”. Las infraestructuras que compraba el Ayuntamiento eran, en realidad, un escenario (con tarima en madera y en aluminio), un fondo de escenario, escaleras de acceso, mesas y sillas, varios equipos de sonido, micrófonos inalámbricos, iluminación y rack de prensa. El tipo de material deja muy poco margen a la aplicación de contratación sostenible, pero curiosamente ésa era una de las condiciones que ponía en su pliego de licitación el consistorio, sin especificar más. 

HILANDO FINO 

El pasado 14 de noviembre, la gerencia de Ecología, Urbanismo y Movilidad contrató también a la compañía Business Strengths Engineering para asistencia técnica y apoyo jurídico y logístico en la tramitación de los procesos de gestión de expedientes sancionadores. El contrato asciende a la nada desdeñable cifra de 204.000 euros, pero entre las cláusulas se incorporaron también determinadas medidas “de contratación pública sostenible”. Entre ellas, los presupuestos desglosados, la valoración del precio a un máximo del 35% del total de puntos cuando los costes salariales se consideran determinantes en el precio del contrato. Pero también el control de los precios que pague la adjudicataria a empresas subcontratadas si es el caso, el mantenimiento de las condiciones laborales durante la vigencia del contrato (en este caso, será de un año), la instrucción técnica para la aplicación de criterios de sostenibilidad en el papel y la promoción de la contratación o subcontratación de trabajadores de colectivos en riesgo de exclusión social si hiciera falta personal nuevo. 

En el informe de adjudicación, los responsables municipales destacan que las rebajas de precios se producen sólo en costos indirectos “y, por tanto, no se puede considerar que la oferta afecte a los derechos de los trabajadores”. De ese modo, le concedieron el máximo de puntos en el apartado correspondiente. 

CONTRATOS EXCLUIDOS 

Llama la atención, sin embargo, que no se empleen esos criterios en otras ocasiones. Por ejemplo, se acaba de adjudicar el servicio de producción, instalación, control de seguimiento y retirada de elementos publicitarios de la vía pública, así como la producción de elementos de comunicación. El contrato, de 100.000 euros, fue para la empresa Sundis. Curiosamente, Sundis había propuestos precios en una veintena de apartados (entre ellos, la impresión de banderolas, plafones o vinilos para el Metro) que estaban por debajo del linde que se considera baja temeraria, mientras que de sus oponentes sólo una de las rivales había incurrido en bajas temerarias en un par de ocasiones. La ganadora, no obstante, justificó su competitivo precio y se hizo con la adjudicación. 

Otro de los recientes contratos adjudicados que no contempla esa “contratación pública sostenible” es el de la elaboración y ejecución del plan de comunicación del proyecto Decidim (la plataforma digital de participación ciudadana que impulsa el Ayuntamiento), la comunidad Metadecidim y la dirección de servicios de Investigación, Desarrollo e Innovación: fue adjudicada a la única empresa que se presentó al concurso, Soko Digital, que presentó un proyecto en el que contempla más de 10 acontecimientos tecnológicos y, al menos, tres campañas internacionales. Pero no se exigió en este caso ningún elemento similar al de las adjudicaciones citadas anteriormente.