Un directivo sanitario y un auditor avalaron los "dentistas municipales" de Colau

Toda la carne en el asador. Eso es lo que decidió la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la recta final de su mandato. Tras cosechar fracaso tras fracaso durante la legislatura, el equipo municipal debía poder ofrecer alguna cosa positiva a los ciudadanos antes de las elecciones. Colau lo encontró en una medida que parece sacada de un manual de buenas prácticas populistas: el ofrecimiento de un servicio de odontología que podría representar para el usuario hasta un 45% de ahorro respecto a los servicios normales.

El proyecto, que ha puesto en pie de guerra a los dentistas, no resultó gratis a los ciudadanos. De momento, la alcaldesa ya se gastó un pico para darle forma y color: contrató a un doctor y a una firma auditora para que le apoyasen en el diseño del programa odontológico municipal. De ese modo, contrató a Albert Cañis Pedreny, exdirectivo de la Asociación Española de Directivos (AED) y socio fundador de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa). En otras palabras, que la alcaldesa no pudo abstraerse de fichar a un miembro de la patronal AED para blindar su proyecto. Y eso que instituciones similares son continuamente ninguneadas y criticadas por el equipo de gobierno municipal.

CRÍTICAS DE LOS PROFESIONALES

El cometido de este doctor en medicina y cirugía y exgerente de hospitales (todavía es miembro del comité de internacionalización de Sedisa y trabajó en centros médicos de Lima) es la elaboración de documentos del servicio de odontología social. Cañis también es vocal de la Fundación Avedis Donabedian y había sido con anterioridad secretario general de la Sociedad Española de Directores y Gerentes de Hospitales y Planificación Sanitaria. El contrato le supuso a las arcas públicas una mordida de 18.137,90 euros, justamente en el límite de adjudicación a dedo, ya que una cantidad más elevada tendría que haber ido a concurso.

Pero no fue solo este gasto el generado por el proyecto: Colau adjudicó también otro contrato a la consultoría Faura Casas Auditors por 16.940 euros para la “evaluación sobre el servicio de odontología público”. La relación entre una auditoría y el servicio de odontología es una incógnita, pero lo cierto es que el contrato citado fue otorgado de manera directa durante el segundo trimestre del año pasado. Los socios del despacho que se llevó la adjudicación son los presidentes de dos potentes colegios profesionales de Barcelona.

La oferta de un “dentista municipal” fue duramente criticada tanto por la oposición como por los colegios de profesionales. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Catalunya emitió una nota oficial donde acusaba al Ayuntamiento de Barcelona de “publicidad engañosa” y dudaba del “rigor, eficacia e idoneidad” de la oferta. Toda la oposición calificó al proyecto de electoralista. Pero, digan lo que digan, en él ya se han enterrado más de 34.000 euros de dinero público.

UN INFORMÁTICO ESTUDIA LA VIVIENDA

Por otro lado, Colau ha encargado a una start-up especialista en ciberseguridad el análisis de la oferta de viviendas en Barcelona. El encargo partió, como los dos anteriores, de la gerencia de Derecho Sociales del consistorio, cuya máxima responsable es la segunda teniente de alcalde, Laia Ortiz, y costará a las arcas públicas un total de 18.029 euros, en el límite para sacar a concurso el contrato.

La empresa adjudicataria se llama Sowlers Technologies y fue fundada en noviembre del 2017 con 25.000 euros de capital social. Su actividad principal es la consultoría informática, aunque también prevé el comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos. Su administrador único es Dídac Cabús, un joven informático. Como en el anterior caso, en principio la especialización de éste no tiene nada que ver con el objeto del contrato en cuestión.

Cabús, junto a otro joven emprendedor, Aleix Sala, montó la startup Sowlers, “orientada a soluciones y servicios en el campo de las telecomunicaciones y ciberseguridad” bajo el amparo de la UPC. En junio de 2018, ese proyecto fue elegido el mejor del Explorer UPC Space, un programa empresarial impulsado por el Banco Santander. El proyecto concreto de Sowlers se denomina Security All y es un cortafuegos con una interface de control intuitivo para usuarios no expertos. El producto permite identificar de manera autónoma y eliminar nuevas amenazas en la Red derivadas de la exposición a la variedad de nuevos dispositivos IoT. Cabús fue premiado con una estancia de quince días en Silicon Valley el pasado mes de noviembre, junto a otros 52 jóvenes emprendedores. Allí, los premiados pudieron visitar empresas punteras y asistir a charlas y reuniones tanto con investigadores como con empresarios tecnológicos, como Google, Facebook, Linkedin o Airbnb. Su trabajo para el consistorio barcelonés no tiene nada que ver con esa galáctica conexión con la flor y nata de la alta tecnología.