Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y los amigos de la alcaldesa de Barcelona tienen, ciertamente, un tesoro. Ada Colau ha otorgado un contrato de 41.617,95 euros para “el asesoramiento y asistencia técnica para valorar los proyectos de la convocatoria de subvenciones de cooperación a la justicia global”. Vamos, para asesorar en la valoración de proyectos. Se hizo a través de una convocatoria con una valoración sui generis de las puntuaciones en los diversos apartados.
A la convocatoria concurrieron tres ofertas: una persona física y dos empresas. Quien ganó es la persona física, Núria Camps, una activista que lleva años vinculada a las Administraciones públicas. La historia que hay detrás despierta dudas acerca de la concesión de este contrato, licitado en mayo del año pasado y que se ha de prolongar aún, como mínimo hasta el mes de marzo del 2019.
GANÓ EN TODOS LOS APARTADOS MENOS EN UNO
Lo curioso del caso es que en las valoraciones que se hicieron de los proyectos presentados, Núria Camps ganó en todos los apartados menos en el de valoración de la formación de las personas destinadas a la ejecución el contrato: sacó 2 puntos frente a los 5 y 4 de sus rivales. Y otra particularidad: en la experiencia, donde arrasó (sacó 4,5 puntos frente a los 1,5 y los 3,5 de sus rivales) los requisitos mínimos eran “tres personas con experiencia en la gestión de proyectos de cooperación al desarrollo” y “mínimo de una persona con experiencia en la gestión presupuestaria de proyectos” y otra persona como mínimo “con experiencia sobre terreno relacionada con la cooperación al desarrollo”.
A pesar de esa exigencia de personal, el director de Justícia Global y Cooperació Internacional del Ayuntamiento, David Llistar, certificó que todas las licitaciones presentaban “el mínimo de personas que reúnen los requisitos de formación y experiencia exigidos en la solvencia técnica, sin perjuicio de que los acrediten documentalmente si son propuestos como adjudicatarios”.
EXPERIENCIA EN ORGANISMOS
La ganadora, Núria Camps, no es nueva en el campo de la cooperación. De hecho, había sido presidenta del Consell Català de Cooperació al Desenvolupament (CCCD), un órgano consultivo de la Generalitat. El CCCD está formado por representantes del Govern y de ONG’s.
Jordi Sànchez, ex presidente de la Assemblea Nacional Catalana, hoy en prisión / EFE
Pero su trayectoria siempre ha estado vinculada de una manera u otra al activismo. Ya en el año 1988, una subvención otorgada por el Departamento de Trabajo de la Generalitat despertó sospechas: concedió 1.050.000 pesetas (un dineral en aquella época) a la Asociación Catalana de Vexilología (o sea, estudio de las banderas) para tres puestos de trabajo. Esa pretendida asociación era una pantalla: la sede de la misma era el domicilio particular de Ana María Galán, que reconoció luego que allí no trabajaba nadie, por lo que la documentación que se había presentado en el Departamento de Trabajo estaba falseada.
EL DINERO... FLUYENDO
El dinero acabó una semana más tarde en las cuentas corrientes de tres miembros de la Crida a la Solidaritat: Núria Camps, Lluís García Petit y Jordi Sánchez: 400.000 pesetas fueron a una cuenta de La Caixa de Barcelona en la Avenida Mistral, cuyos titulares eran Camps y García; otras 350.000 pesetas acabaron en otra cuenta de la misma entidad en Sant Celoni, cuyos titulares eran Jordi Sánchez y Núria Camps. Y 250.000 pesetas fueron transferidas a una empresa de la propia Galán.
Jordi Sánchez era entonces portavoz en aquel momento de la Crida. Con el tiempo, acabó presidiendo la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y en octubre del 2017 fue detenido e ingresado en la cárcel. Este viernes fue trasladado a Madrid para ser juzgado por sedición. Según sus palabras de entonces, la subvención fue legal
CAMPAÑA CONTRA EL REY
El dinero, según reconocieron los implicados, fue utilizado en aquel momento para financiar una campaña antimonárquica organizada contra la visita de Juan Carlos I a Barcelona con motivo de la conmemoración del Milenario de Cataluña, en abril de 1988.
Para entonces, Núria Camps ya había aterrizado en la consejería de Agricultura, que entonces encabezaba Josep Miró i Ardèvol, en la que trabajó entre 1984 y 1985. Cuando se le terminó ese contrato, ella y Jordi Sánchez fueron contratados en la Asociación Catalana de Vexilología, la entidad que desviaba subvenciones hacia la Crida.
Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, los Jordis, entrando a la Audiencia Nacional / EFE
Su nombre vuelve ahora a ser actualidad en un contrato de la Administración pública, aunque su devenir político no se paralizó. En el 2016, fue una de las firmantes del manifiesto del Movimento 30/03, que encabezaban la republicana Marta Rovira y la cupaire Anna Gabriel (curiosamente, ambas fugadas hoy en Suiza). Ese manifiesto fue la protesta pública por el encausamiento del concejal de Vic Joan Coma, acusado de incitación a la sedición (de lo que fue posteriormente absuelto).
Ese manifiesto fue la primera comunicación colectiva y verdaderamente unitaria contra el Estado español y sirvió para sentar las bases de una estrategia de frentismo soberanista frente a lo que tachan de “Estado fascista”. En realidad, fue la primera manifestación unitaria que denunció “el abuso y la desproporción con que se comporta el actual Gobierno español bajo el escudo de los tribunales, llevando a juicio unas ideas y queriendo reprimirlas de forma desmesurada e ilegal”.