Sólo faltaba que Ada Colau cogiera el bolígrafo y estampara su firma en el documento. La alcaldesa de Barcelona ha cumplido una de sus promesas electorales más discutidas, disolver la unidad de antidisturbios de la Guàrdia Urbana, pese al malestar que ha despertado en el cuerpo la medida y las críticas de la oposición.
La disolución se ha aprobado por decreto, después de que el Ayuntamiento no haya sido capaz de llegar a un acuerdo con los sindicatos ni con el resto de partidos de la oposición, que, a excepción de la CUP, mostraron su malestar con la decisión, más aun en un momento en el que Barcelona sufre un repunte de actos delictivos, tal y como explicó la regidora socialista Carmen Andrés en comisión municipal.
El 'decretazo' se publicó este martes en la Gaceta Municipal. Tras la disolución de la Unidad de Apoyo Policial (USP), el Ayuntamiento ha creado la Unidad de Refuerzo de las Emergencias y Proximidad (UREP), un nuevo organismo policial que recoge el testigo de la USP aunque no asume sus competencias.
POLICÍA DE PROXIMIDAD
El nuevo cuerpo se dedicará a dar apoyo a otras unidades de la Guàrdia Urbana y tendrá presencia en grandes aglomeraciones de gente, como conciertos o festivales. La UREP nace como un formación de proximidad, según anunció el Comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, mano derecha de la alcaldesa en este ámbito.
La disolución de la USP no ha gustado en el cuerpo de la Guàrdia Urbana y sus sindicatos ya mostraron su malestar con la decisión, que consideran "partidista" y critican que la alcaldesa, máxima responsable de seguridad del Ayuntamiento, actúe con ánimo revanchista, tras enfrentarse a ellos desde su condición de activista de la vivienda antes de dedicarse a la política. “Es evidente que no nos tiene ninguna estima”, afirmaba Jordi Gallart, portavoz de CC.OO. de la Guàrdia Urbana, hace pocos meses al conocerse la intención de los dirigentes municipales.