El dentista municipal de Ada Colau ha superado el primer trámite político para poder operar. La comisión de Derechos Sociales ha dado luz verde este martes a la puesta en marcha del servicio con los votos a favor de Barcelona en Comú, PSC, CUP y los regidores no adscritos, Juanjo Puigcorbé y Gerard Ardanuy. ERC ha hecho reserva de voto y no se pronunciará hasta el viernes 29 de marzo, cuando está previsto que la iniciativa se apruebe definitivamente en el pleno municipal, y Ciutadans y PP se han posicionado en contra.
Hace una semana, el Ayuntamiento presentó una encuesta en la que se decía que un 98% de los vecinos de Nou Barris aseguraba que, probablemente, utilizaría el servicio del dentista municipal si se pusiera en marcha. El mismo sondeo indicaba que en el conjunto de la ciudad, el 80% de los ciudadanos podrían hacer uso del dentista.
36.000 PACIENTES
La intención del gobierno municipal es que cuando el servicio esté en funcionamiento al 100 por 100, pueda atender a unos 36.000 pacientes anuales a precios de coste. Se espera poder abrir dos clínicas que se ubicarían en alguno de los cuatro distritos con mayores problemas sociales de la ciudad: Nou Barris, Ciutat Vella, Sant Martí o Sant Andreu. La primera opción es abrir una de las clínicas en Nou Barris, el distrito más pobre de Barcelona.
Cuatro colegios profesionales presentaron alegaciones al proyecto. Se trata del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña (COEC), el Colegio de Protéticos Dentales de Cataluña, el Sindicato de Médicos y el sector odontológico de PIMEC. El Ayuntamiento asegura que ha aceptado un 65% de las alegaciones presentadas, entre ellas que las clínicas abran en algunos de los distritos más pobres y establecer un sistema de tarifación social para los principales tratamientos restauradores.
Sin embargo, la versión ofrecida no incluye toda la verdad. El COEC asegura que el proyecto se tiene que retirar porque la Administración municipal no es competente en materia de salud pública para el ejercicio de la odontología, un ámbito que le corresponde a la Generalitat de Catalunya. Para el COEC, la puesta en marcha de la clínica municipal supondría también una duplicidad respecto a la oferta pública existente.