La ONU dictamina que el Ayuntamiento de BCN discrimina por discapacidad

Nuevo varapalo al Ayuntamiento de Barcelona, en este caso por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha dictaminado que el consistorio discriminó a Vicenç Flores. Flores era un agente de la Guardia Urbana cuando fue declarado en situación de incapacidad permanente total y se le privó de pasar al régimen de segunda actividad -destinada para policías con minusvalías que no pueden cumplir con los servicios ordinarios- al que tenía derecho. El policía fue obligado a jubilarse en 2010 con el 55% del sueldo.

El dictamen de la ONU de 2 de abril de 2019, al que ha tenido acceso Metrópoli Abierta, considera que Flores fue discriminado por su discapacidad al impedirle la "continuidad" en el empleo público que desarrollaba, lo que constituyó una violación del artículo 5 del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que resguarda el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas con discapacidad, y del artículo 27, que protege el derecho al trabajo de las personas con alguna discapacidad. Según el texto, el presente caso revela una de las formas de discriminación prohibidas por la ONU.

INCUMPLIMIENTOS MUNICIPALES

El Comité, que estudiaba el caso de Flores desde finales de 2015, se dirige en el dictamen a España, como Estado miembro de la ONU, y no al Ayuntamiento de Barcelona de forma directa. "Ahora debe ser el Gobierno español el que pida explicaciones al gobierno de Ada Colau [o al próximo alcalde de la ciudad]. La alcaldesa de manera recurrente invoca al incumplimiento de los tratados y las normas internacionales en temas como los refugiados, pero no los aplica a sus propios trabajadores", valora Flores, presidente de la Asociación por la Integración Laboral de los Policías Locales con Discapacidad (AIPOLD). 

En el dictamen emitido, la ONU observa una gran diversidad de normativas a nivel de las comunidades autónomas o incluso dentro de un mismo ayuntamiento sobre discapacidad, para situaciones similares a la del guardia urbano, que generan situaciones discriminatorias. Para el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, el Estado español tiene la obligación de adaptar medidas para evitar que se produzcan vulneraciones similares en el futuro y para ello le comunica que debe "armonizar la diversidad de normativas locales y regionales que regulan el pase a la segunda actividad" de los funcionarios públicos.

AJUSTAR EL REGLAMENTO DE SEGUNDA ACTIVIDAD

En el caso concreto del Ayuntamiento de Barcelona, la ONU dice que debe "tomar las medidas necesarias para ajustar el Reglamento de Segunda Actividad de la Guardia Urbana y su aplicación con los principios de la Convención y las recomendaciones del dictamen para asegurar que el pase a una segunda actividad no se limita a personas con grado de discapacidad parcial", reza una de las conclusiones del dictamen.

Sobre Flores, la ONU subraya que el expolicía tiene derecho a una compensación por los gastos judiciales que ha afrontado. También le dice al Estado español que debe "adaptar las medidas apropiadas para garantizar que el autor pueda ser sometido a una evaluación funcional alternativa, considerando las capacidades que podría tener en una segunda actividad u otras actividades complementarias".

AÑOS PLEITEANDO

El agente jubilado explica que lleva años pleiteando. En 2009, el policía sufrió un accidente de moto en acto de servicio cuando acudía a una llamada de auxilio de una mujer que estaba siendo agredida por su pareja en el distrito de Sant Martí. Tenía por aquel entonces 29 años. Fue operado del aplastamiento en un pie. Parecía que se recuperaba, pero un año después la lesión se le agravó de forma definitiva cuando, estando fuera de servicio, intentó evitar un robo con fuerza junto al metro de Collblanc.

Flores intentó acceder a la segunda actividad, pero esta posibilidad se le denegó tanto por la vía administrativa como judicial y fue jubilado. Ninguno de los tres alcaldes que han gobernado la ciudad estos años, Jordi Hereu, Xavier Trias y ahora Colau, han sido capaces de solucionar el caso. Tras el dictamen de la ONU, el Estado español tiene seis meses para dar una respuesta por escrito "con las medidas que haya adoptado".

Flores explica que hay unos 25 agentes de la Guardia Urbana jubilados que podrían acceder a una segunda actividad, pero solo una decena piden volver. La situación en Barcelona es tan grave que "hay agentes que esconden enfermedades para evitar ser jubilados con un 55% de los honorarios", asegura el presidente de AIPOLD. Flores conoce, incluso, el caso de un guardia urbano que va con una sonda urinaria y no lo ha comunicado por miedo a perder el trabajo. También opina que la falta de un protocolo claro de actuación pueda llevar a que se ponga en riesgo la seguridad publica o personal de los ciudadanos si algún agente está trabajando en la calle sin estar en plenitud de condiciones.

READMISIÓN E INDEMNIZACIÓN

Este jueves, Metrópoli Abierta ha publicado en exclusiva junto a Crónica Global el caso de otro guardia urbano, Manuel A.B., que fue obligado a jubilarse por una incapacidad permanente total y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obliga al Ayuntamiento de Barcelona a readmitirlo y a indemnizarlo. El consistorio presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, pero no fue admitido a trámite.