Protesta de la Guardia Urbana contra el gobierno de Ada Colau a cuatro días de las elecciones municipales. Detrás de la convocatoria está la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que busca sacar el máximo número de agentes a la calle para denunciar cuatro años de políticas "antipoliciales y antiseguridad" por parte del gobierno municipal. La manifestación está prevista para este miércoles, 22 de mayo, a las 12.00 horas en la plaza de Sant Jaume, según ha podido saber Metrópoli Abierta en exclusiva,
CSIF acusa a Colau y a su equipo de haber retirado el apoyo institucional a la Guardia Urbana y culpa a los comuns de que durante cuatro años los agentes han trabajado sin garantizarles “la seguridad jurídica en las intervenciones policiales” y de “haber perdido seguridad laboral”. En opinión del sindicato, la falta de apoyo del gobierno municipal a la Guardia Urbana ha derivado en la pérdida del principio de autoridad. En la protesta, los agentes pedirán "mejoras sociolaborales y profesionales" y defenderán una policía al servicio de los ciudadanos.
ALGO MÁS DE 2.900 AGENTES
La protesta está abierta a los ciudadanos -"para que muestren su apoyo a la Guardia Urbana"-, partidos políticos y al resto de sindicatos del cuerpo policial (SAPOL, CCOO y UGT), asegura CSIF, aunque las fuertes diferencias que mantienen las tres fuerzas sindicales citadas con CSIF, en temas importantes como el convenio laboral, hace difícil prever el seguimiento que puede tener la convocatoria. La plantilla de la policía municipal la forman 2.968 agentes a 31 de diciembre de 2018, según el Ayuntamiento.
En un duro comunicado, CSIF acusa a Colau de “echar a policías a la calle”. El sindicato se refiere a que cuando un agente es herido o sufre un accidente o una enfermedad que le impide seguir con el servicio ordinario puede acabar jubilado por incapacidad total cuando, en muchos casos, podría desarrollar una segunda actividad adaptada a su condición física o minusvalía. Muchos de estos casos, que también se han producido con los gobiernos municipales del PSC y CiU, han acabado en los tribunales con sentencias contrarias al Ayuntamiento.
CONDICIONES PRECARIAS
El sindicato denuncia que los agentes trabajan en condiciones precarias. CSIF se queja de la falta de recursos materiales y de disponer de comisarías poco seguras. A principios de año, Metrópoli Abierta ya se hizo eco como los recortes aplicados por el gobierno municipal afectaba a la Guardia Urbana. La falta de presupuesto había llevado a anular el contrato de alquiler de 10 furgonetas para atestados, había dejado sin reparar varios vehículos policiales y a grupos de agentes sin formularios que necesitan para levantar actas en la calle.
Eugenio Zambrano, dirigente del CSIF
CSIF asegura que Colau dejará el cuerpo de la Guardia Urbana con 100 agentes menos al final del mandato. “No se han cubierto ni las plazas de reposición”. Según CSIF, el cuerpo tiene algo más 2.900 agentes y estima que la cifra tendría que crecer hasta los 4.500 policías para ofrecer un servicio eficiente y eficaz. En la necesidad de incrementar el número de agentes coinciden todos los sindicatos, pero las cifras que manejan unos y otros, incluido el Ayuntamiento, no coinciden. El Ayuntamiento no ha ofrecido una cifra de las bajas que ha habido estos años en la policía local -incluidas jubilaciones-, pero asegura que se han cubierto todas las plazas. Tanto UGT como el consistorio afirman que este mandato se han creado 612 plazas, 293 en 2018. En 2015 había en la Guardia Urbana 2.926 policías.
AUMENTO DE LA DELINCUENCIA
La denuncia de CSIF no acaba aquí. El sindicato afirma que Colau ha situado a Barcelona “como la ciudad más insegura de España y una de las más inseguras de Europa”. Solo en 2018 se cometieron en la ciudad 194.212 infracciones penales, un 17,2% más que en 2017. La elevada cifra se traduce en más de 500 delitos al día en Barcelona, según los datos del Ministerio del Interior. Los robos con violencia han subido un 19,4%. Según CSIF, esta aumento de los delitos “comporta una carga de trabajo importante para la Guardia Urbana” que se hace sin los medios personales y materiales necesarios. “Trabajamos precariamente y nuestra integridad peligra constantemente”, dice el secretario de Organización de CSIF, Eugenio Zambrano”.
La opinión del sindicato es que la colaboración del equipo de Colau en el documental Ciutat morta -que expone que el caso 4F fue un montaje político y policial- buscaba "desgastar" la imagen de la Guardia Urbana y "crear una fractura" entre la sociedad y los agentes. Según CSIF, la fractura entre los barceloneses y la policía local se "ha multiplicado" este mandato. El sindicato también critica la falta de un modelo policial para dar respuesta a las necesidades de la ciudad y de los barceloneses y acusa a Colau de crear una “policía política con intereses partidistas” contra una policía democrática al servicio de los ciudadanos y del interés general.