El Ayuntamiento de Barcelona no logró reducir su deuda a largo plazo durante el mandato de Ada Colau, según los números del propio consistorio. En el año 2014, la deuda a largo plazo era de casi 972 millones de euros, de los que casi 832 millones correspondían al sistema bancario y 140 millones a colocaciones privadas. Al año siguiente, cuando dejó Xavier Trias la alcaldía, el endeudamiento se había rebajado a 835 millones de euros, de los que 775 millones eran de la banca y 60 millones de deuda a entidades privadas. En el 2011, cuando el convergente ganó las elecciones, la deuda se situaba en 1.000 millones de euros. Desde el 2012, la deuda se fue reduciendo hasta el gran bajón del 2015.
A partir de entonces, los números apenas han cambiado, ya que la deuda total, a 31 de diciembre de 2018, seguía siendo de 836 millones de euros, según los balances facilitados por el Ayuntamiento, De ellos, 741 millones corresponden a deuda del sector bancario, 60 millones a colocaciones privadas y 35 millones a la emisión de bonos sostenibles de deuda pública que Ada Colau puso en el mercado.
El último balance, efectuado a 30 de junio de este año, rebaja esa deuda hasta los 798 millones de euros, al haber amortizado cuotas bancarias por 38 millones de euros (en junio del 2018, el endeudamiento a largo plazo era de 800 millones de euros).
EL MAYOR PRESTAMISTA
La deuda más onerosa es con el BEI, con quien el consistorio barcelonés tiene una financiación de 200 millones de euros en dos tramos, de 160 y de 40 millones de euros, que vencerán en diciembre del 2030 y del 2032 respectivamente, a un interés de 1,4%. Paralelamente, tiene tres créditos más de esta entidad por 90 millones, de los que faltan por pagar 40 millones, que vencerán durante los años 2022 y 2023. Estos créditos fueron concedidos durante los años 2003, 2003 y 2004. Además, existe otro otro crédito vivo con el BEI firmado en diciembre del 2012, que vence en 2033 y del que se deben 50 millones de euros.
En cuanto a bancos españoles, la cuenta más onerosa es la del BBVA, con se firmó un crédito de 240 millones en el 2010 (entonces era alcalde el socialista Jordi Hereu) y que vence en el 2022. De esta operación faltan por amortizar 72 millones de euros. El interés pagado por ese crédito es el euribor a 3 meses más el 1%. Ada Colau también firmó otro crédito con el BBVA en diciembre del 2016 por 73,5 millones de euros, que vence en diciembre del 2026, a un interés similar al anterior. En estos momentos, pues, el consistorio barcelonés debe al BBVA un total de 145 millones de euros.
De la época del socialista Hereu, el Ayuntamiento tiene todavía vivos varios créditos: con Bankia, en el 2010 se había formalizado uno de 25 millones, que no ha sido amortizado y que vence el 3 de marzo del año que viene. Con el ICO, también existe otro crédito de 75 millones, de los que faltan por pagar 9 millones. Con Caixabank, un crédito otorgado también ese mismo año de 40 millones quedan por amortizar 5,6 millones.
CAMBIO DE RUMBO
El resto de las deudas fueron ya firmadas por Colau tras llegar ésta al sillón de alcaldesa. En estos años, aparte del crédito del BBVA y del BEI, el Ayuntamiento comenzó a operar con otros bancos. Así, Colau formalizó un préstamo de 10 millones en diciembre de 2016 con la Caixa d’Enginyers, la entidad de referencia del independentismo. El interés es del euribor a un año más el 0,5%.
También formalizó otro crédito con la banca Triodos en diciembre de 2017 por 15 millones de euros, con vencimiento en 2027 y a un interés del 0,780%. Con el Sabadell firmó paralelamente otro crédito de casi 29 millones de euros a un interés del 0,730%.
Con el banco ético Fiare (una cooperativa bancaria nacida de la fusión entre la Banca Popolare Etica de Italia y Fiare, una intermediaria financiera de España), Colau formalizó dos créditos en estos años. El primero de ellos, por 2,5 millones, en diciembre del 2016, a un interés del euríbor a 3 meses más el 0,8%. Y otro, de 7,5 millones, en diciembre de 2017, a un interés del euríbor a 3 meses más el 0,5%.
El cambio de rumbo en la búsqueda de financiación obedece a una cuestión ideológica, ya que en su programa, los comunes apuestan por fomentar las colaboraciones con la banca ética y con el cooperativismo y la economía social. Ese cambio de rumbo también se evidencia en las adjudicaciones y ayudas oficiales a contratistas, donde se prima a las cooperativas o determinados grupos afines frente a las mercantiles tradicionales o a las grandes empresas, excepto en los casos en que la especialización es básica, como el caso de las telecomunicaciones, las obras públicas o servicios donde es necesaria una gran estructura empresarial.