Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y el gobierno municipal de Barcelona empieza a resentirse. La alianza entre Barcelona en Comú y el PSC tiene una fisura ya conocida por ambos partidos. Cualquier temática relacionada con el procés es suscebtible de convertirse en una bomba de relojería en la coalición de gobierno liderada por Ada Colau y Jaume Collboni. Los socialistas lo saben. Y no pueden exponerse a riesgos innecesarios a pocas semanas de los comicios del 10-N.
Antes de llegar a un acuerdo, ambos partidos establecieron un protocolo para evitar una ruptura debido a cuestiones de índole nacional, en las que suele verse envuelto de forma directa o indirecta el consistorio de la ciudad más importante de Catalunya.
RABASSA, UN PIRÓMANO
No obstante, la sentencia del Tribunal Supremo (TS) contra los líderes del procés y las posteriores protestas que han surgido a raíz de la misma han tensionado al Ejecutivo local cuando no llevan ni medio año de gobierno.
El encargado de encender la peligrosa mecha ha sido Jordi Rabassa, concejal de Ciutat Vella y miembro de Barcelona en Comú. El edil actuó el lunes por cuenta propia, cuando envió una carta al jefe de la Policía Nacional de Catalunya para quejarse sobre la comisaría de Vía Laietana. Entre otras cuestiones, Rabassa instó a iniciar un diálogo sobre el futuro del edificio, abriendo la puerta a desalojar a la Policía Nacional de este céntrico punto de la ciudad.
ABANDONADO POR SU PARTIDO
El anuncio de Rabassa, hecho público a través de su cuenta de Twitter, sentó como un jarro de agua fría en el Gobierno municipal. Los socialistas no daban crédito ante esta declaración de intenciones del concejal, aplaudida por independentistas y fuertemente criticadas por el bando constitucionalista.
Jordi Rabassa, concejal de Ciutat Vella
Rápidamente desde el Ejecutivo local desautorizaron a Rabassa. La tercera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, aseguró que las peticiones de Rabassa a la Policía Nacional eran de "tipo personal". Nadie de Barcelona en Comú salió a defender a su compañero de partido, que vio cómo el PSC silenciaba sus comentarios, firmados en una carta como regidor de Ciutat Vella y Memoria Democrática (con el sello del Ayuntamiento incluido). Es evidente que no se trataba de una opinión personal, sino de una patinada de uno de los políticos con menos experiencia del consistorio.
SILENCIO
El PSC no vaciló con la cuestión, y su número dos en Barcelona desmintió de forma categórica las afirmaciones de Rabassa. Bonet reiteró que el Ayuntamiento ni está pidiendo ni pedirá el traslado de la comisaría de Vía Laietana. Se trata de un asunto espinoso para su partido a nivel nacional, dado el aluvión de críticas que está recibiendo el ministro Marlaska desde la derecha por no apoyar a la Policía Nacional en Catalunya.
Mientras, Jordi Rabassa permanece en silencio tras la polémica que ha generado por cuenta propia. El concejal es conocido por sus salidas de tono en Twitter y por representar al ala más izquierdista de Barcelona en Comú.