El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau, adjudicó a Unipost la empresa de mensajería señalada por colaborar en la organización del 1-O, al menos 56 contratos menores a dedo. La contratación se hizo durante una época en la que Unipost se encontraba en un proceso de prueba.
La compañía de mensajería tenía deudas con la Seguridad Social y se encontraba en fase de liquidación concursal. Los 56 contratos adjudicados por los miembros del gobierno de Colau vulneran los artículos 224.5 y 270.2 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) vigente en aquel momento, que especifican que la declaración de insolvencia y la apertura de la fase de liquidación concursal de una empresa cualquiera "originarán siempre la resolución del contrato”, según ha avanzado El Español.
CONCURSO DE ACREEDORES
El consistorio de la ciudad debería por tanto haber resuelto todos los contratos vigentes y no adjudicar ninguno más a Unipost. La compañía de mensajería, que aceptó el encargo de la Generalitat, era la adjudicataria de todos los servicios postales del Ayuntamiento de Barcelona.
El 18 de julio de ese año, Unipost entró en situación de concurso de acreedores voluntario. El 19 de febrero de 2018, entró en fase de liquidación.
A pesar de ello, el Ayuntamiento de Barcelona continuó adjudicando contratos a dicha compañía, ignorando incluso su propia normativa relativa a los códigos de transparencia, integridad y buen gobierno.