La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, va de mal en peor. Tras el varapalo del Supremo con la sentencia sobre el agua (en la que da la razón a Agbar), tras la revuelta de los socialistas, que tiraron millas y desalojaron la acampada de la plaza Universitat utilizando a los antidisturbios de la Guardia Urbana, ahora le llega el turno a su propia formación: una quincena de integrantes de la ejecutiva y del consejo nacional de Catalunya en Comú (CeC) han dimitido de sus cargos descontentos con el rumbo del partido.
Los dimisionarios acusan a la formación de la alcaldesa de falta de democracia interna, de consolidar un “giro conservador” y de blindar a un grupo de selectos que copan cargos y responsabilidades y toman decisiones sin consultar con los militantes y en contra del ideario de la formación. En otras palabras: Colau ya se ha integrado plenamente en la casta que tanto criticaba en sus inicios de activista e incluso en su primera etapa de alcaldesa. Por el contrario, ha emergido de su interior una auténtica dama de hierro de la política catalana que dirige Catalunya en Comú a golpe de silbato. Y eso justamente cuando inicia una nueva etapa al frente de esta organización, flanqueada por Jessica Albiach y Candela López
Entre los dimitidos se encuentra la diputada Sonia Farré, que ya se había mostrado crítica en otras ocasiones. Junto a ella, un puñado de miembros pertenecientes a las corrientes Desbordem y Anticapitalistas. En un escrito dirigido a la comisión ejecutiva y a la de Organización de Catalunya en Comú, los rebeldes explican su dimisión: “Viene motivada por las discrepancias en tres aspectos que hemos ido expresando repetidamente en los órganos pertinentes (en el grupo parlamentario y en la ejecutiva) y que jamás hemos llegado ni siquiera a debatir a fondo”.
LOS CAMBIOS IDEOLÓGICOS
La primera de las razones es el “alejamiento constante del ideario" del que se dotaron en abril del 2017: "Hemos pasado de luchar contra la austeridad a aprobar el techo de gasto, de querer tumbar el régimen del 78 a ser socio minoritario del PSOE del 155, de defender el derecho a decidir en Cataluña a no apoyar la amnistía de los presos políticos (o a no atreverse a llamarlos presos políticos en los comunicados o en declaraciones públicas), y todo en base a giros repentinos que se han decidido fuera de los órganos, sin hablarlos de forma abierta”.
La segunda razón es el alejamiento ideológico de la propia Colau y su nuevo proyecto con lo que era la esencia de la plataforma. Así, acusan a la nueva andadura de Catalunya en Comú de “poco respeto por los proyectos municipalistas de cambio preexistentes, permitir que la preparación de las municipales de mayo se convirtiesen en un ejercicio de refundación en lugar de una oportunidad de apertura, manteniendo una lógica de coalición electoral permanente y donde han primado mucho más los cálculos para la Diputación que los intereses de los vecinos y asambleas locales”.
FALTA DEMOCRACIA INTERNA
Por último, denuncian el oscurantismo de Colau y la ausencia de democracia interna en el partido, reservando las decisiones importantes a un grupo de elegidos y hurtando a los militantes y al resto de cargos cualquier papel protagonista en la toma de decisiones. Así, los rebeldes no se cortan a la hora de denunciar “el inexistente papel de los órganos de dirección, que no sirven para nada porque nunca han tenido capacidad de toma de decisiones, sobre todo en temas clave, reservándose esta suerte a otros espacios de los que algunos sólo podemos saber alguna cosa mediante la rumorología y, sinceramente, no vinimos a eso”.
Aseguran los dimisionarios que les "cuesta mucho reconocer el proyecto" en el que han dejado "mucha vida, mucho esfuerzo y muchísima ilusión” y aseguran que ya han perdido “la motivación por participar”. Luego, añaden: “Hemos construido mucho con muchos compañeros de viaje y seguiremos buscando y seguro que encontrando espacios donde seguir haciéndolo”.
La exdiputada Sònia Farré, una de las dimisionarias de las corrientes que abandonan a Colau por los pactos con el PSOE / EUROPA PRESS
Un escrito de la corriente Desbordem del pasado sábado acusa a Catalunya en Comú de carecer de democracia interna. “Hace tiempo que vemos con mucha preocupación la evolución del espacio de los comunes”, aseguran. “Hemos podido constatar que no se han construido espacios de debate reales y que tenemos grandes carencias de democracia interna”, subrayan.
DINÁMICAS TÓXICAS
Este colectivo asegura que los debates siempre se plantearon de forma precaria y luego no se respetaron los acuerdos a que se llegaba, “facilitando así dinámicas tóxicas”. Acusan a la dirección de llevar los temas de debate a la polémica a través de los medios de comunicación actuando de “forma totalmente desleal”. Aseguran desde Desbordem que no existe una dinámica para discutir temas y que se toman decisiones en circuitos cerrados imposibles de fiscalizar y “potenciando el personalismo o la defensa exclusiva de las posturas de cargos públicos en lugar del interés colectivo”.
Acusan a la dirección de Catalunya en Comú también de no respetar las decisiones de los territorios en cuanto a pactos y coaliciones. “Las candidaturas se diseñaron persiguiendo viejos intereses de partidos viejos o los votos supramunicipales en lugar del decálogo municipalista del que todos nos habíamos dotado”.
En esa dinámica, también denuncian que en el partido se toman decisiones arbitrarias “sobre cuestiones de vital importancia”, sin conocer muy bien por qué se toman esas decisiones. “Hemos echado en falta poder hablar con los compañeros sobre qué alianzas se habían de construir, si se habían de aprobar los presupuestos generales del Estado o el techo de gasto, las propuestas de entrada en minoría en un gobierno del PSOE, si debemos trabajar para el indulto o la amnistía de los presos políticos, la valoración de la sentencia del 14 de octubre y cómo habíamos de responder, sobre qué votar en la candidatura de Chiristine Lagarde en el BCE o en qué grupo del Europarlamento iba nuestro supuesto representante”, se quejan desde Desbordem.
UN GRUPO DE ELEGIDOS
Acusan también a la dirección de haber vulnerado los estatutos “eliminando los topes de cargos electos a la dirección para que los concejales y concejalas no contabilizasen como tales y caminando hacia un escenario en que los órganos internos pueden acabar copados por personas que están dentro de la institución”. En otras palabras: que un grupo de selectos copa los cargos públicos en instituciones y en la estructura del partido, conformando una casta contra la que los propios comunes hicieron bandera en sus inicios.
Constatan también “un giro consolidado hacia posiciones más conservadoras en temas como el eje nacional, el soberanismo, la defensa del referéndum, el papel a jugar dentro de las instituciones, la relación con los movimientos sociales y la confrontación de los mecanismos de autoridad”. De ahí que esta corriente se niegue a seguir participando en unos órganos “que no tienen funcionalidad ni legitimidad", siendo su presencia "una justificación o blanqueamiento de estos giros”. Y zanjan: “Nos negamos a ser cómplices”.