Una entidad vinculada a Badia hace informes a la carta para Colau

Enginyeria Sense Fronteres (ESF), la plataforma de la que había sido alto responsable el actual concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, encadenó tres años de contratos municipales con un objetivo prioritario: desacreditar a los operadores de servicios públicos de la ciudad y, especialmente, a la compañía de agua, Agbar. Por esos contratos, se embolsó más de 125.000 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso Metrópoli Abierta. Badia fue responsable de la campaña de agua de ESF entre 2007 y 2015, justamente cuando se incorporó al Ayuntamiento como concejal tras la marcha de Raimundo Viejo como diputado a Madrid.

El objetivo de la utilización política de esta plataforma para la elaboración de informes desacreditadores es materializar una estrategia destinada a justificar una remunicipalización de los servicios públicos, conforme la ideología política de Ada Colau y de su formación, Barcelona en Comú (BeC). Estos contratos, no obstante, son sólo una parte de los realizados para la estrategia ideológica emprendida desde la cúpula del consistorio, ya que los trabajos destinados a debilitar a los enemigos de la alcaldesa son mucho más numerosos.

MANEJAR A LA OPINIÓN PÚBLICA

Esa estrategia queda crudamente especificada en los informes justificativos para la adjudicación de contratos. En los últimos tres años, ESF ha sido la encargada de realizar un trabajo anual (en 2017 se llevó por ello 33.125 euros; en 2018, 37.500 euros; y en 2019, 55.000 euros; en total, pues, más de 125.000 euros) con el objetivo de preparar a la opinión pública y predisponerla en contra de lo que considera que son “transnacionales que vulneran los derechos humanos”.

En la memoria municipal justificativa del último trabajo encargado (cuyas conclusiones quieren llevarse al Foro Mundial del Agua de 2021), los responsables del Ayuntamiento cargan contra Agbar asegurando que con la creación de una empresa mixta para gestionar el agua de Barcelona “se ve claramente cómo el interés público fue supeditado al interés privado”. El Tribunal Supremo, sin embargo, falló recientemente negando esa conclusión y dando la razón a Agbar, lo que desató acerbas críticas contra los jueces por parte de Colau.

CONTRARRESTAR A AGBAR

En esa memoria se especifica que ya se ha creado una iniciativa ciudadana en Barcelona para llevar adelante la remunicipalización del agua y ello supuso una “ostentosa campaña” de Agbar, que es preciso contrarrestar. Acusa, en este punto, a la gestora del líquido elemento de introducir “espías” en el movimiento ciudadano (y, concretamente, en Aigua és Vida, otra de las plataformas creadas por Eloi Badia cuando aún estaba en ESF). También se la acusa de “manipulación de líderes sociales de Barcelona” y de criminalizar “a los defensores de derechos humanos”. A Endesa la acusa de “impulsar la impugnación de las cláusulas sobre pobreza energética que el Ayuntamiento de Barcelona incluía en el nuevo contrato de suministro de energía” Y recuerda que Gas Natural “no ha pagado todavía una multa por la muerte de una anciana en Reus a la que habían cortado el gas de forma ilegal”.

Reconoce el consistorio que desde la Administración local “se están impulsando políticas y realizando estudios” para frenar a las transnacionales y sus prácticas. Cita como iniciativas la creación de la comercializadora Barcelona Energía en 2017, el impulso de mociones para estudiar la remunicipalización del agua en 2016 y “la aprobación de la Iniciativa Ciudadana por el Agua Pública y Democrática”, también de 2016.

CON LA VISTA EN LAS ELECCIONES

Ante la posición de fuerza de las operadoras, ESF elaborará para el Ayuntamiento “una campaña comunicativa para la gestión pública” con el objetivo de realizar una consulta pública y, llegado el momento, “contrarrestar los gastos en publicidad que Agbar ha realizado desde que se puso en marcha la Iniciativa Ciudadana”. La estrategia consiste también (y así se recoge en el informe del último encargo a ESF) en realizar una recogida de firmas (ya se está realizando) “contra los tribunales de arbitraje y los mecanismos ISDS [siglas en inglés de los Sistemas Privados de Arbitraje] y en favor de un tratado vinculante en derechos humanos por empresas transnacionales”. Las firmas servirán también para “articular el movimiento en contra de los tratados de libre comercio y poder tratar nuevos tratados que puedan nacer en el próximo año y medio”.

En la memoria del proyecto de 2018, se ponía el foco en que unos meses más tarde se celebrarían las elecciones municipales. Y esta efeméride debía ser aprovechada para poner en primera página de la esfera pública “el debate de la necesidad de un cambio del actual modelo de servicios básicos por un modelo descentralizado, basado en el municipio, de gestión comunitaria”. En ese informe se preveía una campaña comunicativa sobre este tema y se implicaba a determinados actores en el proyecto: “Xarxa per la Sobirania Energètica, la Aliança contra la Pobresa Energètica o Aigua és Vida, que conjuntamente con ESF llevarán a cabo un seguimiento de las políticas públicas posteriores a las elecciones. A la vez, estas entidades se encuentran integradas dentro de redes de trabajo mayores, amplificando y compartiendo los resultados obtenidos”.

Se da la circunstancia de que esas tres organizaciones implicadas aparecen también en el currículum de Eloi Badia como los ejemplos del cambio de la gestión de bienes impulsados por el actual concejal, lo que refuerza la sensación de la utilización política de estos instrumentos para atacar a los ‘enemigos’ ideológicos, como puedan ser las ‘transnacionales’.

UN CONCEPTO RECURRENTE

En el proyecto de 2017, se apuntaba directamente a cuatro grandes operadoras (Agbar, Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa-Gas Natural) “la acción de las cuales tiene un impacto directo sobre poblaciones vulnerables tanto en el Norte como en el Sur Global, generando lo que se ha llamado anticooperación”. Recordaba también que, en México, “Agbar ha sido acusada de generar un aumento abusivo de los precios del agua, de deteriorar los acuíferos por sobreexplotación, así como de utilizar prácticas poco éticas para asegurarse el monopolio del agua pública del país”.

Los conceptos de “aumento abusivo”, “sobreexplotación” y “prácticas poco éticas” son recurrentes. Estas acusaciones fueron utilizadas también para justificar una beca de 20.000 euros hace pocos meses, destinada a realizar un trabajo que pusiese contra las cuerdas a la multinacional del agua mediante la desacreditación. Esa beca fue adjudicada, curiosamente, a ESF, la misma plataforma que lleva años nutriéndose de fondos públicos para atacar a las operadoras tradicionales.

Estamos, pues, en medio de una gran guerra ideológica de Ada Colau contra las principales operadoras comerciales de Barcelona. Y, de momento, no se escatiman recursos públicos para llevarla hasta sus últimas consecuencias.