Algunos de los proyectos de vivienda de la alcaldesa, Ada Colau, van tomando forma: el Ayuntamiento destinará más de 32 millones de euros a dos proyectos de vivienda dotacional para gente mayor en el entorno de los antiguos cuarteles de Sant Andreu, en el paseo Torras i Bages de Barcelona. Se trata del proyecto más ambicioso en materia de vivienda que ha acometido el consistorio desde que la actual alcaldesa llegó al poder en el año 2015.
El primero de los proyectos es la construcción de un edificio con 152 viviendas que tiene adosado un casal para jóvenes, un aparcamiento subterráneo y espacios comunes. En total, 10.200 metros cuadrados de viviendas, 1.400 metros cuadrados de parking y 1.200 metros cuadrados de equipamiento en el que irá el Espai Jove Jaume Oller. Las viviendas se distribuirán en cuatro edificios de diferentes alturas, mientras que se prevén 33 plazas de aparcamiento de moto, 31 de coches, seis plazas adaptadas de coche y una reducida.
El presupuesto de esta obra es de 17,9 millones de euros, IVA incluido, y tendrá un plazo de 2 años y 2 meses para su construcción. El Ayuntamiento ha abierto también un concurso de 259.000 euros para el concurso de dirección de obras, que será adjudicado en breve.
UNA GUARDERÍA DE 1.000 METROS CUADRADOS
Paralelamente, el consistorio ha puesto en marcha otro proyecto, con la licitación de las obras de dos edificios más: uno de ellos es un edificio en la misma manzana de los cuarteles, perteneciente a la calle Víctor Colomer, con una superficie de 1.533 metros cuadrados y con un techo de 5.750 metros cuadrados para construir otros 84 pisos de alquiler social. En la cercana calle de Fernando Pessoa, está previsto construir otro edificio destinado a alquiler para jóvenes que tendrá 60 viviendas. El techo edificable en este segundo solar es de 5.000 metros cuadrados y en su planta baja dispondrá de una guardería de 1.000 metros cuadrados.
El presupuesto oficial de estos dos edificios es de 13.994.666 euros: 7,7 millones para el de la calle Víctor Colomer y 6,2 millones para el de Fernando Pessoa, IVA incluido en ambos casos. El plazo para la construcción de ambas obras es de 2 años y 11 meses y la presentación de ofertas de estos proyectos finalizará el próximo mes de marzo. La suma de estos dos proyectos, con la dirección de obras, supera con creces los 32 millones de euros. En un informe emitido por los técnicos municipales en relación con el primero de los proyectos, se subraya que la construcción del edificio y el casal se realiza para “dar cumplimiento a una de las principales funciones del Institut Municipal d’Habitatge de Barcelona (IMHB) señalada en sus estatutos: la promoción y, acaso, construcción de viviendas con protección estatal o autonómica o sin para atender las necesidades derivadas de la ejecución de planes urbanísticos, de la renovación urbana y de los grupos de población económicamente menos favorecidos”.
Calle Gran de Sant Andreu, donde se llevarán a cabo los trabajos / AJ BCN
Otro informe realizado para el proyecto de los otros dos edificios recuerda que “la emergencia habitacional que padece la ciudad de Barcelona se hace patente con la gran cantidad de personas inscritas en el registro de solicitantes de vivienda que no encuentran en el mercado privado una vivienda adecuada a su nivel de ingresos. Uno de los retos que plantea a los promotores públicos esta situación es cómo acelerar los procesos de producción para incrementar lo más rápidamente posible el parque de vivienda social y ponerlo a disposición de los ciudadanos con rentas más bajas y, por tanto, con menos posibilidades de acceder al mercado privado”.
TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN NOVEDOSAS
Los responsables municipales consideran que estamos “ante un escenario de emergencia habitacional que demanda una rápida producción de viviendas y de un marco normativo que no incida en los impactos más graves que sobre el cambio climático provoca la construcción de viviendas”.
Así pues, estos pisos serán construidos con técnicas desarrolladas con éxito en otros ámbitos, (como la construcción modular, la industria o la combinación de sistemas tradicionalmente utilizados en la construcción de pisos como otros provenientes de sectores productivos ajenos). Lo que pretende el proyecto, pues, es “reducir los plazos de ejecución de obras, minimizar el impacto ambiental asociado a todo el ciclo de vida de los pisos y producir edificios de alta calidad arquitectónica”.
Las empresas que se hagan con los proyectos podrán subcontratar las obras, pero los precios habrán de estar regulados. Además, para el proyecto de las 152 viviendas, el contratista ha de acreditar un volumen anual de negocio (en el mejor de los tres últimos años) de 8 millones de euros, así como una ejecución de obras de 6 millones en el mejor de los últimos cinco años. En el caso del segundo proyecto, estas cifras se rebajan a 3,5 y 2,8 millones respectivamente.