El coronavirus ‘infecta’ el contrato TIC del Ayuntamiento

El coronavirus ya ha dejado notar su zarpazo en el funcionamiento de la maquinaria municipal de Barcelona: el concurso para el aprovisionamiento del servicio de infraestructuras TIC y los servicios profesionales asociados del Ayuntamiento deberá ser aplazado, según confirmaron a Metrópoli Abierta fuentes del propio consistorio. Todo estaba previsto para seguir adelante con este concurso, cuyas plicas se deberían cerrar a primeros de abril. La intensidad y duración de la actual situación de la pandemia, de todos modos, decidirán en un futuro cercano si el aplazamiento se mantiene o hasta cuándo es posible prorrogar la actual situación.

El pasado 16 de marzo, debía haber una sesión informativa para tratar el tema del concurso y los mecanismos del mismo, pero la reunión fue cancelada “con motivo de las nuevas medidas organizativas a causa del Covid-19”, ya que dos días antes se decretó el estado de alarma. Los responsables municipales, juntamente con la Agencia de Salud Pública, acordaron no realizar reuniones que pudiesen congregar a más de seis personas. En la reunión anulada se preveía responder a las consultas de los representantes de las empresas licitadoras. Las dudas deberán consultarse ahora por correo electrónico.

El presupuesto de este contrato, que gestiona el Instituto Municipal de Informática (IMI) es de prácticamente 6,6 millones de euros. En la actualidad, existen dos contratos de infraestructuras y de servicios profesionales. El de infraestructuras fue adjudicado a una unión temporal de empresas formada por Everis Spain y NTT Europe; el de los servicios profesionales asociados se lo adjudicó Mediapro Cloud.

CAMBIAR EL MODELO

En estos momentos, además, se está en una fase de modernización de los servicios. Se pretende que el actual modelo evolucione tecnológicamente, ya que no permite trasladar en el centro de protección de datos los servicios de un operador a otro cuando finaliza una adjudicación y empieza otra. “Para paliar este problema grave, ya que el traslado de servicios puede comportar cortes de servicio o incidencias sin que el mero traslado aporte ningún beneficio al Ayuntamiento de Barcelona, el IMI está preparando una serie de concursos donde se requerirá a los proveedores que presten los mismos servicios de Cloud Privat, pero desde el centro de protección de datos de Via Favència, propiedad del Ayuntamiento de Barcelona”.

Por eso, el nuevo modelo “supone hacer varios concursos sincronizados a lo largo de los años 2020 y 2021 que permitan lograr el objetivo de no tener que poner en riesgo los servicios en el Ayuntamiento por el simple hecho de que sea preciso volver a concursar los servicios de Infraestructuras CPD”. Cuestiones técnicas impidieron prorrogar el actual contrato hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que se convocó el concurso que ahora el coronavirus contamina.

POSIBILIDAD DE ELEVAR EL PRECIO

Los servicios más importantes que se verán afectados por el contrato son las bases de datos Oracle, la gestión de expedientes Documentum, la producción de catálogos, documental y archivos, la plataforma Domino, así como diferentes bases de datos. En materia de infraestructuras, afecta a la plataforma ePob, del padrón de habitantes, al programa de Contratación (SICE), a la Plataforma Intranet Corporativa Liferay, a la gestión del control de accesos e identificaciones y autorizaciones en edificios municipales o a la consulta da datos a través de InfoArchive.

La planificación municipal preveía la presentación de plicas hasta el 2 de abril, con el fin de iniciar entonces la última fase del concurso y poder comenzar a prestar el servicio el 1 de junio de este año, para terminarlo el 30 de septiembre del año que viene. Si el estado de alerta se mantiene unas semanas más, es difícil que pueda mantenerse el calendario previsto en los pliegos del concurso.

Según esta planificación, el contrato es modificable al alza hasta un 9,98% más, lo que podría suponer un incremento del precio de 544.000 euros, que con el IVA se convertirían en 658.000 euros. Las modificaciones que podrían dar lugar a esta subida podrían ser un incremento del número de servidores, la incorporación de nuevos servicios, el cambio de las características del servicio o el decremento de los servicios regulares.