Más de 95.000 euros cuesta el servicio de traducción de la Unidad Territorial 1 de la Guardia Urbana de Barcelona. Este servicio tiene como objetivo dar una atención personalizada a las víctimas extranjeras y apoyar al cuerpo policial en las tareas de interpretación. Este servicio tiene su origen en el convenio llamado Turisme Atenció, en el que intervienen los Mossos d’Esquadra, Turisme de Barcelona y el propio Ayuntamiento para ayudar en la traducción a turistas en dependencias municipales.
El actual servicio de traducción comenzó a prestarse en noviembre del año pasado y estará en vigor hasta el mes de junio, pero era prorrogable hasta el mes de febrero del año que viene, lo que significaría aumentar el gasto en otros 95.000 euros (lo que totalizaría 190.000 euros, IVA incluido). El 11 de marzo, no obstante, los responsables del Ayuntamiento decidieron prorrogar el contrato “desde el 1 de julio de 2020 hasta el 28 de febrero del 2021” por un monto de 95.348 euros.
Hasta el año pasado, el servicio se prestaba en las dependencias de los Mossos d’Esquadra y se ofrecían también servicios de atención turísticos. Ahora, el servicio no se presta en comisarías de la policía autonómica, no se da información turística y el personal que atiende a los usuarios no ha de ir necesariamente de uniforme.
DOMINAR CUATRO IDIOMAS
El servicio está enfocado a asesorar en caso de robos o hurtos a los turistas que visitan la capital catalana. Entre su cometido está el atender a las víctimas de un delito, informar de los procedimientos a seguir en el caso de un hecho delictivo, ayudar a las víctimas a cumplimentar denuncias, traducir documentos, registrar las denuncias, resolver incidencias y facilitar verbalmente a los ciudadanos que acudan solicitando informaciones o trámites con información precisa.
Ladronas en el centro de Barcelona disfrazadas de turistas / MA
El servicio prevé emplear a tres traductores que han de acreditar que dominan perfectamente el catalán, el castellano, el inglés y una cuarta lengua, que puede ser el francés, el alemán, el italiano o el ruso. El nivel de los idiomas ha de ser el B2 o el C1, acreditado mediante el certificado correspondiente o mediante una prueba de nivel. Los técnicos han de tener una experiencia mínima de un año en traducción. Se les exige también tener regularizada su situación laboral y no haber sido condenados por ningún delito, además de no tener antecedentes penales vigentes en sus países de origen.
El contrato para este servicio se lo llevó la empresa Interpret Solutions, una firma radicada en Toledo cuyo administrador único es Santiago Cabetas. En su inicio, en 2007, esta compañía estaba radicada en Madrid y su objeto social era la “prestación de servicios de traducción de idiomas, claves, códigos y, en particular, de lenguas oficiales”. Cabetas es también socio único de Abla Idiomas, de Kizuna, de Piedralrey y administrador del Instituto Toledano de Español.