La CUP ha puesto en su punto de mira a tres de las mayores prestadoras de servicios a la Administración: son las compañías que emplean a trabajadores para atender residencias de ancianos, que realizan servicios de atención domiciliaria, que regentan guarderías o que se dedican a gestionar centros para personas con enfermedades mentales. Es un boyante negocio que mueve millones de euros anuales y emplea a miles de trabajadores, muchos de ellos en condiciones laborales que dejan mucho que desear.
La diputada de la CUP Maria Sirvent distribuyó esta semana un vídeo en el que, aprovechando el parón obligado por el estado de alarma a causa del coronavirus, denuncia los abusos que se dan en el sector. No hay que olvidar que muchas cuidadoras han visto resentido el trabajo a causa del confinamiento. “Estos hechos no son ni puntuales ni aislados. Podríamos hablar de tres empresas importantes en el ámbito socio-sanitario como podría ser Sacyr. Su presidente es Manuel Manrique, que aparece en los papeles de Bárcenas, en el caso de financiación ilegal del PP. Esta empresa ha obtenido este ejercicio un beneficio neto de 38 millones de euros que representa un 10% más que el ejercicio anterior”.
SIN MEDIOS DE PROTECCIÓN
Sirvent explica que la propia compañía asegura que la clave para tener esas saneadas cuentas es, precisamente, “ir a buscar contratos a la Administración pública para poder prestar este tipo de servicios. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen abaratando costes en la prestación del servicio y estos días hemos podido ver cómo las trabajadoras no disponen de los medios idóneos para hacer frente a esta crisis sanitaria y aunque están llamando de forma insistente a la empresa, la compañía ni siquiera se digna a descolgar el teléfono”.
Otra de las empresas denunciadas es Clece, “que pertenece al grupo ACS, de Florentino Pérez. Esta empresa, Clece, tiene un beneficio neto anual de 37,6 millones de euros, lo que representa un 11% más de beneficios que el ejercicio anterior. En dos años, esta empresa aumentó su plantilla en 3.000 trabajadoras más, pero, en cambio, los costes salariales le han disminuido en 75,8 millones de euros. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esta empresa lo que hace es intentar ganar beneficios a costa de abaratar los costes de personal y, por tanto, a costa de precarizar las condiciones de las trabajadoras”.
EXPLOTACIÓN LABORAL
La diputada asegura que la compañía de Pérez “ha despedido a trabajadoras por denunciar la falta de material para poder atender con dignidad en las residencias de ancianos a las usuarias y que, además, en una empresa de este grupo que se llama Íntegra, se hacía trabajar a personas con discapacidad 11 horas al día por un sueldo de 545 euros al mes”.
Residencia Mossèn Vidal i Aunòs, en Barcelona / M S
La tercera empresa es Eulen. “Hemos visto episodios muy desagradables durante estos días, relacionados con la gestión de esta empresa privada. Y hemos tenido que lamentar incluso la muerte de dos ancianos en la residencia Mossèn Vidal i Aunòs de Barcelona. Esta empresa fue condenada en diversas ocasiones por vulneración de derechos fundamentales, por vulneración de libertad sindical, de la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar o incluso directamente por discriminación, porque aplicaba un plus de peligrosidad sólo a los hombres cuando ese riesgo afectaba igual a hombres y mujeres”, dice Sirvent en el vídeo.
CONTRATOS MILLONARIOS
Se da la circunstancia de que las tres empresas son de las más importantes operadoras de servicios municipales. De hecho, durante la última legislatura se llevaron de las arcas municipales cientos de millones de euros. Sólo durante el año pasado, del Institut Municipal de Serveis Socials, (IMSS), Accent Social (Clece) se llevó casi 26 millones de euros y Sacyr Social más de 18 millones. Además, en 2018 ambas empresas se llevaron distintos lotes de los servicios de atención domiciliaria de Barcelona por valor de 55 millones de euros, revalidando el contrato similar que ya consiguieron en el 2015.
Eulen, por su parte, ha sido una de las tradicionales adjudicatarias de los servicios de mantenimiento de ascensores. Hace dos años fue incluso multada, junto a Thyssenkrupp Elevadores por no cumplir el contrato de mantenimiento en tres escaleras públicas. Hace un año, se adjudicó el contrato de conservación y gestión de la logística de movimientos y traslado de piezas de las colecciones del Museu del Disseny (que depende del Institut de Cultura) por casi 400.000 euros (que pueden doblarse si se prorroga el contrato por otro año), así como contratos menores como el de conservación de las piezas de las colecciones del Museo Etnológic (45.000 euros renovables). Hace poco más de un mes, se adjudicó también el pesaje y separación de residuos en el Punt Verd de Mercabarna, que le reportará 135.000 euros este año y otros tantos el que viene.
UN NEGOCIO BOYANTE
Sirvent denuncia que, a pesar de los contratos sociales que se han llevado, su comportamiento deja mucho que desear y asegura que “este menosprecio de estos trabajos y esta falta de dignificación es fruto de un modelo de gestión muy concreta, de un modelo de gestión privada, que lo que hace es regalar estos servicios a empresas privadas, que precisamente buscan obtener cuantos más beneficios mejor, pero no ponen en el centro los derechos y las necesidades de las personas mayores, de las personas con discapacidad, de los niños o de personas con enfermedades de salud mental, que son las personas más vulnerables en nuestra sociedad”.
Así, la formación anticapitalista asegura que “la mejor fórmula para dignificar estos servicios es que estos servicios se presten de forma directa, que las trabajadoras trabajen directamente para la administración y que lo hagan con todos los medios necesarios, porque son trabajos que todos, en un momento u otro, necesitaremos, porque todos, en un momento u otro, hemos sido dependientes de niños o seremos dependientes cuando seamos mayores o en circunstancias especiales”.