Cinco grandes grupos industriales concentran la mitad del dinero de Barcelona

Cinco grandes grupos industriales se llevan la mitad del gasto público del Ayuntamiento de Barcelona. Así consta en un informe interno fechado en febrero del 2020. El informe versa sobre “la contratación pública del Ayuntamiento de Barcelona, un análisis de responsabilidad extraterritorial, vulneración de los derechos humanos y del medio ambiente en el Sur Global” y fue elaborado por Mónica Vargas y Lina María González a instancias de la dirección general de Justicia Global y Cooperación Internacional del propio consistorio.

El encargo trata de arrojar luz sobre la ética de las contrataciones del consistorio y pone en duda la gestión del equipo que encabeza Ada Colau. “En 2017, el Grupo Municipal (Ayuntamiento y entes incluidos) registró un gasto de más de 1.265 millones de euros por concepto de contratación pública”, relata el informe. En ese ejercicio, tuvo 5.381 proveedores, pero las diferencias entre ellos son abismales.

El estudio revela que “los cinco que más pagos recibieron concentraron el 49% del gasto total de la contratación realizada por el Ayuntamiento”. Eso quiere decir que los cinco primeros proveedores se llevaron casi 620 millones de euros en ese ejercicio. Las cinco principales empresas en 2017, añade, fueron FCC, Cespa, Ubaser, Corporación CLD Servicios Urbanos y Endesa Energía.

Pero hay más particularidades que expone el texto: “Cuatro de las empresas son transnacionales o filiales de grupos transnacionales: Grupo FCC, Grupo Ferrovial, Grupo ACS y Grupo Enel (Endesa)”. Y, por si fuera poco, desvela que la empresa que más dinero se embolsó fue FCC, “beneficiada por el 20% del gasto total”. Es decir, que esta multinacional se llevó nada y nada menos que alrededor de 250 millones de euros en un solo ejercicio.

81 MULTINACIONALES ACAPARAN EL 92% DEL GASTO

El estudio analiza luego la ética de las contrataciones. “El examen de los proveedores beneficiados por los 22.564 contratos por el Grupo Municipal en 2017, por un valor de más de 1.068 millones de euros, revela que 152 empresas transnacionales o pertenecen a grupos transnacionales que han sido denunciados por la sociedad civil por la vulneración de los derechos humanos y del medio ambiente, representando en volumen el 20% del total de los contratos adjudicados (más de 211 millones de euros)”. Para elaborar esta lista, el informe se basó en once bases de datos internacionales: Atlas de Justicia Ambiental (Ejatlas), ShockMonitor, Business & Human Rights Resource Centre, Base de datos de la OCDE, Proyecto Mirador, OMAL, Observatoire de Multinationales, Public Eye, Punto Nacional de Contacto del Estado Español, ENCO y Vargas y Brennan.

Las empresas citadas pertenecen a 81 grupos multinacionales que acaparan el 92% del dinero de las adjudicaciones. “El órgano que más recursos ha adjudicado a las empresas vinculadas a algún tipo de vulneración de los derechos humanos y el medio ambiente en el Sur Global es el Ayuntamiento de Barcelona”, añade el texto. Se refiere a la estructura del consistorio, de la que quedan excluidas las empresas públicas municipales, las fundaciones, los consorcios o cualquier otro tipo de estructura empresarial. El panorama se torna más gris si tenemos en cuenta que del total de proveedores, el 68,96% son autónomos o micro y pequeñas empresas y el 17,28% son entidades sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que mientras que cinco grandes grupos se embolsan más de 600 millones, unos 4.600 proveedores se reparten sólo 85 millones.

LA “INCOHERENCIA” MUNICIPAL

Pero, en porcentaje, dice también el informe, no es la estructura política municipal la que más adjudica a esos grupos. “En Mercabarna, más de la mitad de los contratos adjudicados beneficiaron a este tipo de empresas”, subraya (habría que matizar que el presupuesto de contrataciones de Mercabarna no llega a los 20 millones de euros al año). Luego, sin embargo, reconoce que “la legislación estatal sobre contratación pública no estipula que se puedan exigir responsabilidades al grupo empresarial al cual pertenece una empresa (…) Además, si una empresa que es beneficiada por la contratación pública forma parte de un grupo cuyas prácticas no son compatibles con los derechos humanos, los derechos laborales o el respeto del medio ambiente -principios considerados por el Ayuntamiento como pilares en la política de contratación-, existe una incoherencia a la vez que una oportunidad para avanzar en la rendición de cuentas de las empresas transnacionales”.

Uno de los capítulos del informe analiza casos concretos de políticas y prácticas de contratación “pública social y ambientalmente responsable”. Los casos estudiados son cuatro: el Ayuntamiento de Madrid; el Ayuntamiento de Loures (Portugal); la Comuna de Molenbeek-Saint-Jean (Bélgica) y el modelo de contratación sueco. De Madrid destaca que el consistorio que entonces dirigía Manuela Carmena exigió como solvencia técnica una certificación a las suministradoras de electricidad y “excluyó a las comercializadoras que no hubieran suministrado energía 100% renovable durante el año anterior. Quedaron automáticamente descartadas transnacionales del sector como Gas Natural, Iberdrola o Endesa. Las tres empresas presentaron un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, pero el Tribunal resolvió a favor del Ayuntamiento. Este caso es relevante porque se refiere a la propia empresa proveedora del servicio y sienta jurisprudencia a nivel estatal”.

LAS RECOMENDACIONES

El estudio termina proponiendo tres mecanismos para “avanzar en la inclusión de criterios de respeto de los derechos humanos y del medio ambiente”. El primero es la creación de un organismo complementario de investigación, apoyo y formación. Ese organismo, que fue propuesto por Lafede.cat (una plataforma de entidades cívicas), sería el encargado de generar pautas para la introducción de cláusulas sociales, medioambientales y de innovación. El segundo mecanismo sería la creación de herramientas de seguimiento para evaluar el grado de cumplimiento de los contratos. Y el tercero, crear mecanismos de transparencia por parte de las empresas. En este sentido, propone también que una falsedad en la información facilitada sea considerada una “infracción muy grave y, en consecuencia, derivar en una penalidad proporcional o incluso llevar a la resolución del contrato y a una prohibición de contratar en el futuro”.

Paralelamente, se podrían implementar otras medidas, como un código de conducta para proveedores, favorecer equipos multidisciplinarios, promover espacios de diálogo con las empresas o incentivar el trabajo en red de los Ayuntamientos. Entre las recomendaciones más específicas para el consistorio barcelonés, el informe propone facilitar la creación de uniones temporales de empresas (UTE), incrementar la práctica de división de los contratos en lotes, crear una lista de proveedores con buenas y malas prácticas, apostar más por la economía social y solidaria, crear una cláusula de obligado cumplimiento para “visibilizar el ciclo de vida, pudiendo ser incorporada en los contratos de mayor riesgo potencial sobre los países empobrecidos” y actualizar las guías y las instrucciones de contratación “o la elaboración de nuevas versiones que contemplen el ciclo de vida y, por tanto, la extraterritorialidad de la compra pública”.