La Centre Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una denuncia contra Ada Colau ante Fiscalía y el Juzgado de Instrucción. La denuncia se presentó el pasado 27 de abril. CSIF quiere que la alcaldesa de Barcelona responda ante la Justicia por su gestión de la crisis del coronavirus en el cuerpo de la Guardia Urbana. Metrópoli Abierta ya anunció hace algo más de una semana que la gestión municipal acabaría en los tribunales. La denuncia la firman Eugenio Zambrano y Horacio López, ambos funcionarios del Ayuntamiento.
El sindicato cree que Colau y otros seis cargos municipales -que CSIF por ahora no ha querido desvelar- podrían haber cometido un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y un delito de lesiones. Según CSIF, la policía local barcelonesa ha llegado a acumular 800 afectados por Covid-19 -entre casos positivos y aislados- en una plantilla de casi 3.000 agentes. Para CSIF, la causa es la "falta de previsión, improvisación y negligencia" y "la inacción del gobierno de Colau". La central sindical considera que se ha puesto en riesgo la vida de los trabajadores y de sus familias.
FALTA DE MATERIAL PREVENTIVO
El sindicato detalla los incumplimientos que, a su parecer, podría haber cometido Colau y una parte de su gobierno. Según CSIF, la falta de material preventivo entre los agentes ha sido "latente" a lo largo de esta crisis, aunque uno de los aspectos de lo que más se queja la central sindical es que al inicio de la pandemia se dictó una ordden de "prohibición de utilizar de mascarillas porque creaba alarma social”.
CSIF explica que no se han convocado los Comités de Seguridad y Salud Laboral a pesar de que representantes del sindicato lo solicitaron "hasta en siete ocasiones". También critica que el citado órgano paritario y colegiado de participación suspendió "de facto la actividad en un momento tan trascendental como éste".
Para CISF, la Administración tuvo tiempo para dotar a sus trabajadores de Equipos de Protección Individual (EPI), "pero no lo hizo" a pesar de disponer de “tiempo, medios y autonomía suficiente para haber gestionado la crisis en atención a la minimización del riesgo, ya que disponía de los órganos y las herramientas necesarias para ello”.
Un guardia urbano con mascarilla descarga un paquete / TWITTER GUARDIA URBANA
En el escrito, CSIF acusa al Ayuntamiento de no haber racionalizado las plantillas, incumpliendo el Decreto de Alcaldía, de 14 de marzo de 2020, que vela por preservar y garantizar la continuidad de la prestación de los servicios considerados esenciales, como en el caso de la Guardia Urbana, y critica la "falta de reacción de la Administración" y la falta de planes generales de contingencia, de evaluación de riesgos, o simplemente directrices de prevención. "La falta de tests en el cuerpo ha sido la tónica general". Como ha explicado Metrópoli Abierta se han hecho 391 en dos meses, aunque CISF sostiene que son muchos menos, unos 120.
DECISIONES TEMERARIAS E IMPRUDENTES
Para CISF, el Ayuntamiento ha tomado decisiones "temerarias e imprudentes", "como hacer que personas asintomáticas que han estado en contacto con otra persona que ha dado positivo en el Covid-19 o por diagnóstico clínico" se han tenido que reincorporar a su puesto de trabajo, tras estar aislados 15 días, "sin realzarles la prueba PCR, o con la prueba realizada pero sin disponer del resultado", avanza el sindicato.
CSIF dice que se han dado casos de personas que se incorporaron con la prueba realizada a la espera de resultados y acabaron dando positivo. También afirma que agentes a los que no se realizó el test se acabó comprobando que tenían la enfermedad. "Todos ellos estuvieron en contacto con el resto del colectivo e incluso con la propia ciudadanía poniendo en peligro a unos y otros, y lo más grave, a sus propias familias".