Nueva polémica que vincula los negocios de Jaume Roures con Ada Colau. En esta ocasión, se trata de que el fondo luxemburgués Hines European Value Fund (HEFV) pagó un pufo de 3,5 millones de euros que había generado Mediapro con el Ayuntamiento de Barcelona. El vehículo de inversión liquidó la deuda que había contraído una filial de la multinacional catalana con el gobierno municipal en la sociedad mixta Mediacomplex. Lo hizo desde el Gran Ducado, un estado que se comporta como un paraíso fiscal según el Fondo Monetario Internacional (FMI), tal y como lo describió en un informe de diciembre de 2019.
Según informa este lunes Crónica Global, el Ejecutivo local pensó en presentar una demanda judicial de reclamación de deuda, pero optó por recuperar el dinero vendiendo el 100% de las acciones de la compañía público-privada a la opaca sociedad centroeuropea.
CANON DE LA SEDE
Así lo ha manifestado un portavoz municipal a preguntas del citado medio catalán. La fuente oficial ha concretado que Mediapro adeudaba al Ayuntamiento 3,51 millones de euros a junio de 2018. Esta cifra incluye el canon no pagado por uso de la sede corporativa de la avenida Diagonal número 177, a la que Mediapro se mudó en 2004 pero nunca pagó el alquiler, y los intereses de demora. El rascacielos lo gestionaba una sociedad mixta formada por Rilson Inmuebles XXI, filial del conglomerado que fundó Roures (33%) y la constructora municipal Bimsa (77%).
Con la venta de la empresa mixta al fondo de Hines, el comprador tuvo que asumir la deuda que había contraído el socio mayoritario de la mercantil. Es decir, Rilson-Mediapro jamás pagó un euro de lo que adeudaba al erario público. Y su deuda la pagó un vehículo financiero desde una jurisdicción opaca.
SALVAR AL SOLDADO ROURES
Pese al hecho de dejar de ingresar una importante cantidad de dinero público, el Ayuntamiento de Barcelona defiende la operación. "El comprador pagó directamente las 6.638 acciones de Mediacomplex, propiedad de Bimsa, por un importe total de 18.666.786,16 euros, a un precio unitario de 2.812,11 euros por acción", ha indicado el representante oficial. "Además pagó el rendimiento mínimo garantizado (la deuda pendiente) de 2.980.627,74 euros, más los intereses de demora por no haber pagado la deuda por un total de 537.702,10 euros", ha añadido. "El Ayuntamiento no solo cobró la totalidad de la deuda, sino que además no renunció a un céntimo de los intereses de demora".
Pero, ¿por qué Colau y su equipo no reclamaron judicialmente la deuda a su socio? "Desde la llegada al Ayuntamiento del equipo de la alcaldesa Colau se iniciaron conversaciones para reclamar la deuda, así como los pasos previos a una denuncia judicial. Ante esta situación, Rilson Inmuebles XXI aceptó todas las condiciones fijadas por el consistorio para resolver la operación", ha subrayado el portavoz municipal.
¿Qué condiciones? "Mantenimiento del derecho de superficie, venta en subasta pública y pago de la totalidad de la deuda con los intereses correspondientes", ha enumerado. "Es por ello que no fue necesario continuar con el proceso judicial", ha agregado la voz oficial.
INCOHERENCIA
La defensa a ultranza del actual equipo de gobierno de la manera de cobrar la deuda de Mediapro contrasta con el posicionamiento de los comunes contra los paraíses fiscales. BComú y PSC se comprometieron en mayo de 2019 a "no tener vinculación jurídica" con empresas radicadas en este tipo de territorios.
Aunque apenas dos años después, aceptaron que un fondo de inversión con sede en Luxemburgo, un paraíso fiscal según el FMI, comprara la sede corporativa y, además, liquidara una deuda de 3,5 millones de su socio.