El principal proveedor de los organismos municipales durante los últimos años tiene nombre, pero apenas es conocido por el gran público. Se trata de Suara Serveis, Sociedad Cooperativa Catalana Limitada, que desde el año 2015 vio multiplicadas sus adjudicaciones con el Ayuntamiento de Barcelona. Lo malo es que su antiguo director general, Ricard Fernández Ontiveros, es desde el 2015 el gerente de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI. La empresa declara unos ingresos anuales de 84 millones de euros. Más de la mitad de ellos (alrededor de 45 millones) provienen de las arcas municipales [ver aquí listado de contratos con el Ayuntamiento].
La vinculación con el alto cargo municipal, sin embargo, arroja sombras de dudas sobre la adjudicación de cientos de millones de euros, que es lo que esta cooperativa ha facturado a las arcas municipales durante los últimos años. Así como suena: en 2015, el Ayuntamiento la situaba en el ranking 22 de los proveedores municipales por importe ejecutado, con casi tres millones de euros abonados en cinco contratos por la gerencia de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes. No existen memorias de lo que pudo haber cobrado de organismos públicos municipales.
En 2016, ya con la administración Colau en el timón municipal, continuó apareciendo en el puesto 22 con cinco contratos y casi 3 millones de euros, pero concedidos por la gerencia de Derechos Sociales, que entonces ya comandaba el que hasta poco antes había sido su director general. Pero lo más interesante era que en el ranking del Grupo Municipal (es decir, de todos los organismos municipales) ocupaba el primer lugar: se hizo con 4 contratos por un monto total de 33,4 millones de euros. Fue el inicio de un provechoso noviazgo con el área social del consistorio. Eso se debe a que la mayor parte de las adjudicaciones a Suara no provienen directamente del Ayuntamiento, sino del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), una entidad con personalidad jurídica propia. Así, en 2016 consta que este organismo adjudicó 3 contratos a Suara Serveis por un monto de casi 29 millones de euros. El resto corresponde a otros contratos con diferentes organismos.
SUBEN COMO LA ESPUMA LOS CONTRATOS
En 2017, logró contratos de la gerencia de Derechos Sociales, y de la de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Transparencia, rondando los 3 millones. Pero en el Grupo Municipal volvió a encabezar el ranking al lograr tres contratos por un monto de 38,2 millones de euros. Y en el 2018, la contratación se disparó ostensiblemente: hubo seis contratos. Los más onerosos para las arcas públicas fueron casi 22,5 millones por la gestión de los servicios públicos de la Zona 3 y casi 20,8 millones por la misma gestión en la Zona 1. Al margen, se le concedió la gestión del Centre Obert de Sant Martí por casi 330.000 euros, la gestión del equipamiento integral de la Zona Franca por 1,3 millones, el servicio de acogimiento residencial nocturno de Sarrià por 465.000 euros o la gestión de servicios sociales de Sant Andreu y Sant Martí por más de 202.000 euros. En total, más de 45,7 millones de euros en ese ejercicio, según la memoria del propio Instituto.
En 2019, la contratación se situó en ocho adjudicaciones por un monto de más de 44,2 millones de euros. Pero, al margen, tuvo también contratos menores. En julio de 2019, el IMSS le otorgó el contrato de la gestión del equipamiento integral de la Zona Franca para personas sin techo (servicio de acogimiento diurno como centro de día y servicio de alimentación) por 3.713.034 euros. La duración del contrato es de un año y ocho meses, pero puede ser prorrogado: el valor estimado del contrato total, en caso de renovación, se puede disparar hasta 8.750.000 euros, a los que hay que sumar el 21% del IVA, lo que situaría este contrato en los 10,6 millones de euros.
CONTRATOS MENORES
En marzo del año pasado, también se llevó un contrato para la gestión del espacio lúdico La capsa dels Jocs del barrio de La Mina, un proyecto lúdicoeducativo que persigue la integración de las familias de este problemático barrio. El monto de este contrato, otorgado por el Consorcio del Barri de La Mina, fue de 36.358 euros. En el 2018, ya había obtenido el mismo contrato por el mismo monto, además de otro contrato de este organismo por 43.238 euros para el servicio de orientación y atención a familias, especialmente las que tenían niños de 0 a 6 años, a partir de unos espacios referenciales que potenciasen sus capacidades personales, sociales y parentales.
En diciembre de 2019, recibió 10.000 euros por un contrato para acogimiento otorgado por el gerente de Derechos de la Ciudadanía. Esa misma gerencia le había concedido el 7 de febrero otro contrato por 14.322 euros para “el servicio de acompañamiento VTEH y canguros VM”. En enero del 2019, logró un contrato con la empresa pública Foment de Ciutat para la prestación del programa del formación y empleo Barris d’Oficis. Suara concurrió junto a la Fundació Surt y la Fundació Intermèdia, en una unión temporal de empresas. Se hicieron con la realización del programa en los barrios de Raval Sud y Gòtic por 431.256 euros.
El pasado mes de febrero, el IMSS le adjudicó de nuevo el contrato para el servicio de acogimiento residencial nocturno de primera cogida de Sarrià, en la calle Císter. La adjudicación asciende a prácticamente dos millones de euros.
Ricard Fernadez Ontiveros, en el centro / L'ACCENT
Ricard Fernadez Ontiveros, en el centro / L'ACCENT
“YO NO TOMÉ DECISIONES”
Ricard Fernández, gerente de Derechos Sociales, señala a Metrópoli Abierta que entre 2012 y 2015 fue director general de la compañía y que tuvo cargos de administración en otras empresas del grupo, pero que tras su pase al Ayuntamiento se abstuvo "de participar en mesas de contratación y adjudicaciones, a pesar de no estar obligado legalmente a ello, de lo cual dejé constancia verbalmente y por escrito en el consejo rector del IMSS. Todas las adjudicaciones en contrato público son accesibles y se han ajustado siempre a la legislación vigente”.
El directivo municipal, en cambio, niega que tras la llegada de Colau se hayan multiplicado las adjudicaciones a Suara. “En los últimos años, el presupuesto de servicios sociales en la ciudad de Barcelona ha aumentado de forma importante, por ejemplo, en el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD), como resultado de la introducción de mejoras en el servicio, actualización de precios a través de concursos y aumento del número de personas atendidas. Lógicamente, y estrictamente en ese contexto, las empresas que prestan servicios públicos pueden haber visto aumentada su facturación. En ningún caso se trata de ningún trato de favor y en ningún caso, insisto, se debe a mi participación o intermediación”.
APOYO A 46.500 PERSONAS
Suara asegura contar con más de 4.200 profesionales y de atender anualmente a más de 46.500 personas. “Damos respuesta a las necesidades de atención, apoyo, asistencia y educación de niños jóvenes; de familias; de personas que requieren algún tipo de apoyo para ser más autónomas; de personas que quieren entrar en el mercado laboral o tienen como objetivo mejorar profesionalmente; de personas que necesitan apoyo ante situaciones de crisis”, informa a través de la página web.
Económicamente, proporciona datos de 2017, ejercicio en el que declaraba que su patrimonio neto era de 18,4 millones y declaraba unos ingresos de explotación de 84.772.966 euros. En 2016, sus ingresos habían sido de 76.907.451 euros y en 2015, de 64.690.360 euros. En dos ejercicios, pues, aumentó sus ingresos en más de 20 millones En su página web saca pecho de que “la principal fuente de ingresos son las prestaciones de servicios, con un 94,5% del total. Menos del 1% de los ingresos son derivados de subvenciones”. No deja de ser verdad. Pero lo cierto es que el resto de ingresos, en su gran mayoría, provienen de las arcas públicas, ya que son adjudicaciones oficiales, especialmente del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña.
Esta cooperativa se encuadra actualmente dentro del grupo Clade. Éste es “un grupo de empresas de economía social que provienen de diferentes sectores de actividad y comparten unos valores y una manera de ser,. Sus principales valores están basados en el cooperativismo y son la participación de las personas en la empresa, la responsabilidad social y el afán de colaborar, a través de la intercooperación”. Esta retórica, no obstante, topa con la realidad, que a menudo suele ser muy cruel: los intereses de las sociedades cooperativas se ven desvirtuados o diluidos por las sociedades mercantiles que, a menudo, comparten sede con ellas y que están formalizadas por los mismos que manejan las cooperativas, en un no siempre claro baile de intereses económicos. En otras palabras: se crean sociedades cooperativas para optar a adjudicaciones oficiales y luego se utilizan sociedades mercantiles para operar en el mercado, fuera ya del loable arte de la prestación social. O sea, el negocio es el negocio.
Un servicio de atención domiciliaria / CG
Un servicio de atención domiciliaria / CG
UN ENREVESADO ORGANIGRAMA
Eso es lo que ocurre con Suara. En los últimos años, Suara Serveis SCCL, a pesar de tener la configuración de cooperativa, ha creado una intrincada red de sociedades limitadas de las que es socia única y que posiciona en el mercado con las propiedades de cualquier otra similar. Así, creó la empresa Suara Equipaments SL, de la que era socio único. Esta última, con domicilio en la Ronda Universitat, ya está extinguida desde marzo del 2020, fenecida al ser absorbida por Suara Inversions SL, otra de las sociedades del grupo.
En el 2018, pasó a administrar a Garbet Inserció Empresa d’Inserció SL. Esta sociedad, que comenzó como lavandería, ya fue administrada por Suara Serveis SCCL desde su nacimiento, aunque entonces se llamaba Garbet Bugaderia Empresa d’Inserció. Su domicilio social se instaló en la Ronda Universitat, en la zona cero del grupo. Su objeto social es la integración sociolaboral de personas en situación de grave riesgo de exclusión social mediante la actividad económica de servicios de limpieza, mantenimiento, gestión de residuos, mensajería, transporte, etc.
A mediados de 2018, cambia el domicilio a la calle de Josep Estivill y cambia su denominación y nombra administrador único a Suara Serveis SCCL. Meses más tarde, forma un consejo de administración cuya presidencia recaía en Suara Serveis y en el que también se integra como consejero Garbet Neteja Manteniment Integral EI SCCL. La línea que separa las sociedades cooperativas (con sus correspondientes connotaciones fiscales) de las sociedades mercantiles, se difumina así en un sospechoso trasvase de intereses mercantiles de las cooperativas hacia empresas puramente mercantiles.
EL ÚLTIMO ‘INVENTO’
Con todo, llegamos a 2020, fecha en la que se crea otra mercantil, Innovasocial SL. Constituida el pasado mes de enero, esta empresa tiene su sede en la calle Sancho de Ávila y según consta en su objeto social, se dedica a “la prestación de servicio y el desarrollo de actividades orientadas al fomento de la innovación, el desarrollo tecnológico, la transferencia y el uso de tecnologías emergentes”. Creada con un capital social de 3.100 euros, reúne las mismas características que sus antecesoras: su administradora única es Suara Serveis SCCL, que también tiene la condición de socio único.
Esta amalgama de estructuras entrelazadas no oculta, sin embargo, que las personas que aparecen detrás de las estructuras son siempre las mismas. En esa estructura, por ejemplo, aparece también la empresa Garbet Serveis Integrals SL, cuyo administrador único es Garbet Neteja i Manteniment Integral Empresa d’Inserció. En ella figura como apoderado Ricard Fernández desde el año 2013, ya que no consta que haya sido revocado su cargo.
El nombre del gerente municipal aparece también como apoderado solidario en la firma Pla de Martis Equipaments, una mercantil con sede en el mismo domicilio de la Ronda Universitat, que se dedica a “la atención a las personas en los ámbitos sociales de la salud y en todas aquéllas que estén relacionadas con la mejora de la calidad de vida de las mismas mediante la prestación de los servicios correspondientes”. Ricard Fernández fue nombrado apoderado solidario en 2017, junto a Joan Carles González Alonso. Su inscripción es del 12 de abril de ese año (fecha de su creación), cuando paralelamente ejercía de gerente municipal. El administrador único es, por supuesto, Suara Serveis SCCL.
FERNÁNDEZ DESMIENTE SUS CARGOS
Esta extraña operación se realiza porque existe una “sociedad no inscrita” con la denominación de Residencia Pla de Martis SCCL, propiedad de Suara Serveis, que se transforma en la mercantil citada. El 30 de junio de 2019, en una operación interna, Suara Inversions absorbe a Suara Equipaments y a Pla de Martis Equipaments “mediante transmisión a título universal del patrimonio a la sociedad absorbente y disolución sin liquidación de las sociedades absorbidas”.
Ricard Fernández, sin embargo, asegura a este diario que “no tengo ningún cargo en ninguna empresa del grupo Suara ni soy socio ni activo ni en excedencia desde 2015. Si consta así en algún registro público es un error pendiente de subsanar. Y niega, en última instancia que el suyo sea un caso de puertas giratorias de la política. “Yo he trabajado en la Administración primero como funcionario y, posteriormente, como cargo directivo cuando se me ha reclamado y he vuelto al sector privado, respetando en todo momento la normativa de incompatibilidades cuando he dejado los cargos. No he trabajado en empresas que se hayan beneficiado de contratos u otras decisiones en las que yo haya participado".