TMB promueve el chivatazo entre sus empleados
La empresa crea un instrumento para evitar la filtración de información perjudicial con un buzón para recoger denuncias de trabajadores
26 mayo, 2020 00:00Noticias relacionadas
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) quiere imponer la ley del silencio y promover el chivatazo entre sus empleados. La empresa pública, que preside la socialista Rosa Alarcón, pondrá en marcha un código ético que, entre otros aspectos, obliga a los trabajadores a tener la boca cerrada. El principal objetivo es evitar que la imagen de la compañía se vea perjudicada en las redes sociales. "Los canales oficiales de TMB son los únicos autorizados para hablar en nombre de la compañía", recoge el documento al que ha tenido acceso Metrópoli Abierta.
El citado "código ético", que se aplicará tanto a metro como a bus, dos empresas con una plantilla de más de 8.000 personas, prevé un "canal ético" para que los trabajadores puedan "comunicar las posibles conductas irregulares o cualquier incumplimiento" de las normas recogidas en el código, como la difusión de información. Las personas denunciantes tendrán que identificarse con el DNI y la cuenta de correo de empleado de TMB. Según el documento, las identidades de los empleados que se chiven de otros jamás serán reveladas. En el código, TMB advierte que perseguirá los hechos que no sean ciertos o que busquen hacer daño a otras personas, aunque no se tomarán "represalias" si la comunicación se hace de buena fe.
Dos buses de TMB en una calle de Barcelona / TMB
Una comisión formada por tres personas será la encargada de "resolver las denuncias recibidas de los incumplimientos" y estará formada por "tres miembros de la dirección, representantes de los órganos de gestión de la compañía". La designación corresponderá al consejero delegado, es decir a Gerardo Lertxundi, que tiene un sueldo de 150.000 euros, y su nombramiento al consejo de administración. La destitución de uno o de todos los integrantes de la comisión será de "competencia exclusiva" del consejo de administración de TMB. La comisión tomará las decisiones por mayoría simple y los casos deberán ser resueltos en dos meses. Cada año, la comisión elaborará un informe.
El comité de empresa de metro ya se ha posicionado en contra de la aplicación del código ético. En una carta dirigida a la responsable de relaciones laborales de metro, Esther Chamorro Vila, los representantes de los trabajadores consideran que el código constituye "un atentado contra el derecho fundamental a la libertad de expresión" y valoran las restricciones de información en las redes sociales, para evitar perjudicar la imagen de la compañía, "como una rancia y antidemocrática Ley Mordaza hecha a medida de la dirección". Fuentes del sindicato CGT de bus subrayan también estar en contra y que están a la espera de conocer el punto de vista del resto de fuerzas sindicales.
ERRADICACIÓN DE CONDUCTAS IRREGULARES
El código ético tiene como destinatarios a los empleados y colaboradores vinculados a "todas las sociedades de TMB" y exige a todas las empresas proveedoras que adopten una conducta de acuerdo con los principios generales incluidos en el documento. Su objetivo, dice la empresa, es buscar "un comportamiento profesional ético y responsable en el desarrollo de las actividades" para la "prevención, detección y erradicación de las conductas irregulares. Y cita entre sus finalidades "determinar las pautas de conducta y explicitar los mandatos y las prohibiciones" que deben tener en cuenta las personas a las que va dirigido. TMB, añade el documento, adoptará las medidas que crea oportunas para hacer efectivos el conjunto de principios, valores y normas que se incluyen en el código.
El documento establece unos "principios y pautas de conducta" que hacen referencia, entre otros aspectos, a la cultura de la transparencia, un derecho que tiene que ser "garantizado con diligencia, imparcialidad, honestidad y lealtad". El texto también cita entre los principios y pautas que se garantizará un "entorno de trabajo saludable y seguro", se evitarán los privilegios y los tratos de favor en las contrataciones con proveedores y se promoverá el compromiso social y medioambiental, minimizando "los impactos medioambientales negativos".