El independentismo no está dispuesto a dar un respiro a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Sin quererlo, la primera munícipe de la capital catalana se ha convertido en el blanco perfecto para reivindicar el no procesamiento de Laura Borràs, actual portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso de los Diputados. Los independentistas arguyen que todas las administraciones trocean contratos como hizo Borràs para adjudicar más de 240.000 euros a un amigo suyo. Y ponen como ejemplo un informe del Tribunal de Cuentas del año 2016 que destapa malas prácticas en los seis mayores ayuntamientos españoles: Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Zaragoza y Sevilla. Colau es, pues, un daño colateral del escándalo que afecta a la dirigente de JxCat.
Según los independentistas, a pesar de los indicios que se habían encontrado en ese ejercicio, el Tribunal de Cuentas no derivó su investigación hacia los tribunales. Afirman, además, que todos fraccionaron contratos para esquivar la ley y todo acabó con “recomendaciones de mejoras para evitar en el futuro esta clase de contrataciones” en vez de ser llevados sus alcaldes ante la justicia.
El inicio del procedimiento sobre Borràs, no obstante, fue una investigación iniciada por los Mossos d’Esquadra (el sumario contiene documentos de la propia Borràs donde hay evidencias de que pasteleó adjudicaciones y daba instrucciones a su amigo sobre cómo falsear facturas para justificar los contratos otorgados) que hace unos meses pasó al Tribunal Supremo dada la actual condición de aforada que tiene la diputada.
MUCHOS CONTRATOS BAJO SOSPECHA
El informe mencionado explica que “en la fiscalización se han identificado expedientes de contratos menores a través de los cuales se ha adjudicado de forma separada el desarrollo de actuaciones de carácter necesario, reiterado y previsible, o la realización de prestaciones de naturaleza similar que podían responder a un fin único y cuya adjudicación, por otra parte, ha recaído, con frecuencia, en el mismo contratista. En ocasiones, la identidad del objeto de los contratos, de la unidad administrativa proponente y del adjudicatario, unido a la ausencia de solicitud de ofertas a terceros, permiten concluir que el fraccionamiento de las prestaciones en varios contratos persiguió eludir los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”.
El Tribunal de Cuentas relaciona a continuación algunos de los contratos irregulares del consistorio barcelonés. Detalla, por ejemplo, que se instalaron sistemas de control y regulación del clima en diferentes edificios adscritos a la gerencia de recursos, ascendiendo el importe de las obras a 59.250 euros más el IVA correspondiente. “La contratación conjunta de estos servicios, de acuerdo con una planificación más racional de las actuaciones precisas para satisfacer las necesidades públicas hubiera requerido, por razón de su valor estimado, la utilización, al menos, del procedimiento negociado sin publicidad, solicitando tres ofertas, si ello fuera posible. Según resulta del análisis de los expedientes examinados, en ninguno de los dos contratos mencionados se solicitaron ofertas a empresas distintas de la adjudicataria respectiva”. En otras palabras: sólo se presentó una oferta para todos los trabajos, siempre de la misma empresa y sin que se hubieran solicitado los tres presupuestos preceptivos que marca la ley.
LOS CASCOS DE LA GUARDIA URBANA
Las obras para arreglar las aceras en la calle Mare de Déu de Lorda, a inicios de 2016 fue también un foco de conflictos: fue otorgada a una empresa un contrato por 465.000 euros y más tarde, se firmaron otros dos contratos por 49.364 y 24.132 euros. Aunque el Ayuntamiento alegó que era “obras independientes que no constituyen una unidad funcional”, de la inspección se verificó que todo podía considerarse una misma obra, pero su ejecución fue troceada. Lo mismo ocurrió con cuatro contratos en el Centro de Acogida de Animales de Compañía (trabajos de mantenimiento), cuyo importe ascendió a 173.698 euros. La contratación conjunta hubiera requerido la presentación de, al menos, tres presupuestos de diferentes empresas, pero ese procedimiento no se realizó correctamente.
Otros tres contratos para comprar cascos de motorista para la Guardia Urbana se sustanciaron también comprando directamente a una empresa proveedora, saltándose las normas de contratación pública. Y lo mismo ocurrió con 11 contratos menores de servicios cuyo objetivo era la realización de actividades culturales en Vilapicina y Torre Llobeta por 190.377 euros más el IVA: fueron adjudicados a una misma empresa eludiendo las normas legales.
DEFENSA NUMANTINA DE BORRÀS
Los ejemplos citados son numerosos: van desde la coordinación del proyecto Seguim! Hasta la coordinación de seguridad y salud en diversas obras, el servicio de ambulancias en actos públicos, la defensa jurídica externalizada (que siempre iba al mismo proveedor), la dinamización y gestión de dependencias municipales, la transcripción de actas de comisiones y plenos de distritos, la realización de actividades culturales, el acompañamiento de personas en riesgo de exclusión, la dirección de centros para ancianos, la coordinación de fiestas mayores y la gestión del Consell de Dones o de centros deportivos. En docenas de casos, los expedientes brillan por su ausencia.
Estas circunstancias dan pie a los independentistas a reivindicar que la portavoz de JxCat en el Congreso no actuó de manera muy diferente a la alcaldesa de Barcelona y exigen un trato similar, retirando las acusaciones contra Borràs. La defensa en torno a la exconsejera es feroz: el círculo más cercano a Carles Puigdemont y a Quim Torra presiona directamente a ERC para que vote en contra del suplicatorio del Supremo y ahora apunta hacia los comunes: su intención es romper la unanimidad que debe regir permitiendo que la justicia siga su curso y echan mano de Ada Colau como el eslabón más débil para atacar a Unidas Podemos y forzar el voto contrario a que Borràs sea investigada por desviar el dinero hacia su amigo.
CONTRA LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL
Los independentistas también aprovechan para cargar contra la gran campaña de publicidad que ha iniciado el Ayuntamiento. Y, concretamente, apuntan a las banderolas con el lema Ens en sortirem, grafiado en cuatro líneas. Leídas las primeras letras de cada línea, el lema es el contrario: Ens ensorrem, lo que ha generado una avalancha soberanista de mensajes, burlas y memes en las redes sociales.