La guerra interna del independentismo baja al Ayuntamiento de Barcelona

La batalla independentista ha llegado con fuerza al Ayuntamiento de Barcelona. La investigación abierta sobre cuatro presuntos delitos de la portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso, Laura Borràs, fue el detonante de que las relaciones entre ERC y los posconvergentes se hayan agriado definitivamente desde este fin de semana. Borràs está acusada en el Supremo por haber troceado contratos públicos para adjudicar 240.000 euros a un amigo suyo cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), por lo que la Fiscalía la acusa de prevaricación, fraude administrativo, falsedad documental y malversación. Su formación insiste en que todo es una “persecución” de las cloacas del Estado, obviando precisamente que fueron los Mossos quienes iniciaron las investigaciones.

Tras conocerse que había investigaciones abiertas, la entonces consejera de Cultura llamó al consejero de Interior, Miquel Buch, para conocer detalles del expediente. Cuando esta llamada trascendió, la jueza que investigaba el caso retiró a los Mossos de las diligencias y ordenó a la Guardia Civil que las continuase, en previsión de interferencias políticas desde las alturas. Luego, cuando Borràs fue elegida diputada se inhibió del caso y lo pasó el Supremo, al ser aforada. JxCat ha emprendido ahora una cruzada con acusaciones rocambolescas sobre las acusaciones y ha pedido a los partidos independentistas que blinden a su diputada, actitud que fue rechaza tanto por ERC como por la CUP.

ENFRENTAMIENTO MARAGALL-ARTADI

Esa guerra sin cuartel ha llegado con fuerza a la capital catalana y ha involucrado directamente a los líderes de JxCat y de ERC. El pasado viernes, el líder municipal de ERC, Ernest Maragall, le recriminó a la posconvergente su actitud. “Querida Laura: ¿Qué te parece si dedicamos un rato a revisar juntos (y en directo) algunos conceptos básicos?: servicio público y responsabilidad; ética y estética; interés personal y respeto al movimiento independentista… y los que quieras añadir”.

Fue Elsa Artadi, la líder municipal de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona, la encargada de neutralizar al republicano. “Querido Ernest, ¿qué te parece si dedicas un rato a revisar algunos conceptos?: presunción de inocencia; lawfare; interés partidista. No quieras ampliar la base para el Tribunal Supremo”.

Laura Borràs entró al trapo el sábado. “Ya te ha respondido mi compañera Elsa Artadi, Ernest, y yo no lo habría hecho mejor. Lo que podrías revisar es la causa en mi contra. Cuando quieras, te lo explico. De momento, aquí tienes el vídeo”. Le remitía la comparecencia que el día 12 de junio realizó la diputada de JxCat ante la Comisión del Estatuto de los Diputados, en el Congreso, donde se quejó de que las acusaciones “cuestionan mi honorabilidad personal y la profesionalidad y el rigor con el que procuré desarrollar siempre mi labor como servidora pública al frente de la ILC entre enero de 2013 y enero de 2018”.

LA IRRUPCIÓN DE TARDÀ

Borràs no tiene empacho en afirmar que la jueza que instruyó su caso es “manifiestamente incompetente”, ya que cuando se enteró de que se la investigaba, en noviembre de 2018, ella era consejera de Cultura y, por tanto, sólo podía ser investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Lo cierto es que en aquel momento se investigaba el desvío de fondos y el fraccionamiento de contratos. Cuando la jueza llegó al convencimiento de que Borràs podía tener responsabilidad penal, ya era diputada y fue entonces cuando derivó el caso al Supremo.

El exdiputado republicano Joan Tardà es otro de “los protagonistas de esta batalla. Este martes, se descolgaba en una entrevista al programa Aquí, amb Josep Cuní, de la Cadena Ser, diciendo que si Borràs fuese diputada de ERC, “afirmo rotundamente que a los 15 o 30 minutos ya hubiese dimitido o hubiese sido suspendida de afiliación, porque la corrupción es el enemigo número 1 de nuestro sistema democrático”. Fue Francesc Abad, uno de los voceros independentistas más radicalmente partidarios de Puigdemont y de la posconvergencia, el que contestó a Tardà: “Que es como decir ‘estamos con lo que diga la Guardia Civil y el Tribunal supremo. ¡A las órdenes!’”, atizó el bloguero. Fue este mensaje el que Artadi retuiteó en lugar de encararse directamente con el exdiputado.

BARCELONA, “EN PELIGRO”

Hay un detalle que no ha de pasar desapercibido: Abad publicó en su blog este domingo un artículo con el sugerente título Los comunes o la gran trama que devastará Barcelona y Cataluña. ¡Impidámoslo!. El activista posconvergente reconoce: “Hablo de los comunes como trama y no como movimiento político porque es lo que son, una trama perfectamente organizada para hacerse con el poder a cualquier precio y perpetuarse”.

La andanada es importante porque Abad es uno de los activistas con más predicamente del independentismo y sus análisis son seguidos por miles de soberanistas. En su artículo, critica con dureza al partido de la alcaldesa. “[Esta trama] está liderada y gestionada por un grupo de personas sin ninguna clase de formación académica mínimamente relevante y, lo que es peor todavía, que no han trabajado nunca, que siempre han vivido del momio, de las trampitas, de las subvenciones, etc”. Les acusa de haber tejido una intrincada “red clientelar sin precedentes” para ejercer el control social. Abad pone el dedo en la llaga: incide en el trasvase de activistas de la plataforma DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (en ambas trabajaba Colau) hacia puestos de responsabilidad del Ayuntamiento y la intención de “asegurarse su pervivencia generosamente asalariada con recursos públicos”. Denuncia la adjudicación de cientos de miles de euros a asociaciones amigas y termina alertando de que, tras dejar Barcelona destrozada, “ahora la trama de los comunes prepara su asalto al Gobierno de la Generalitat de la mano de ERC, bajo el paraguas de un nuevo tripartito con el apoyo externo del PSC”.

POSICIONAMIENTOS ELECTORALISTAS

Fuentes cercanas al PDeCAT subrayan a Metrópoli Abierta que “la actitud de ERC y sus dirigentes, ya sean Tardà o Maragall, e incluso de Gabriel Rufián en el Congreso, tiene más que ver con la estrategia electoral que otra cosa”. En esta actitud, efectivamente, tienen mucha importancia los tambores de elecciones autonómicas anticipadas, por lo que los partidos independentistas tratan de posicionarse para convertirse en los referentes del soberanismo. Y aseguran desde la formación posconvergente que “aunque no lo quieran reconocer, se está preparando un nuevo tripartito. Esquerra fue la que negoció con los comunes su apoyo a los presupuestos de la Generalitat, pero eso es sólo el comienzo: su hoja de ruta pasa por formar un nuevo frente de izquierdas y presidir la Generalitat con el apoyo de socialistas y comunes. De hecho, se ve claramente que ERC no ejerce de oposición del gobierno municipal, sino que pacta muchas de las cuestiones con el equipo dirigente casi como si fuese un socio más”. Durante los próximos meses, una de las consignas que más sonará en el mundo independentista (auspiciada por JxCat) es que ERC ya no está por la independencia, sino por conquistar el poder. Es la técnica de la desinformación: partiendo de una conjetura y una interpretación sesgada de un hecho, se articula un discurso que tiene como fin desacreditar todo lo que hace o dice el rival.

Desde ERC, sin embargo, se critica que “nuevamente, los posconvergentes vuelven a envolverse en la bandera para eludir responsabilidades”. Una fuente republicana señala que no hay a la vista ningún tripartito y que “no se han sentado las bases de ninguno ni, mucho menos, para gobernar la Generalitat. ERC se presentará a las elecciones para ganarlas, con una hoja de ruta clara y definida, donde tendrá cabida el derecho a la autodeterminación y la independencia”. El propio Tardà, no obstante, respondió este martes con un artículo en prensa titulado La anticorrupción republicana, en el que niega que su partido quiera sacar provecho propagandístico y saca los colores a los posconvergentes recordando los casos de corrupción de Cataluña, que afectan especialmente a CDC en contraste con la “ausencia de casos de corrupción protagonizados por administradores públicos de afiliación republicana”.