Colau pide el cierre definitivo de los CIE

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha remitido una carta conjunta con el alcalde de Valencia, Joan Ribó, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que piden que el cierre provisional durante la pandemia por coronavirus de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se convierta en definitivo y no se reabran.

En la carta, ambos ediles señalan que el cierre de estos centros dadas las circunstancias "excepcionales" por el Covid-19, que quedaron vacíos y sus internos en libertad ante la imposibilidad de practicar expulsiones de personas en situación irregular, ha demostrado que los CIE "no son necesarios para regular los flujos migratorios" en España.

"SER MIGRANTE NO ES DELITO"

"Ninguna persona es ilegal, ser migrante no es delito. En cambio, privar de libertad sin haber cometido ningún delito sí puede constituir una grave vulneración de los derechos humanos", exponen los dos alcaldes, que reclaman al ministro que se sitúe a favor de los derechos humanos cerrando estos centros.

También reclaman al ministro que abra paso a unas políticas de control migratorio "más humanas y eficaces", y se ponen a su disposición para colaborar de manera activa en la búsqueda e implementación de "todas aquellas alternativas que sean necesarias".

OPACIDAD DE LOS CENTROS

Ribó y Colau recuerdan que, en los últimos años, se acumulan distintas denuncias por "la opacidad" de estos centros y por las vulneraciones de derechos humanos que se cometen en su interior, y que son numerosas las organizaciones internacionales que piden su cierre y la sustitución por alternativas con "menos costes humanos, sociales y económicos".

Señalan asimismo que ambos Ayuntamientos aprobaron en 2015 sendas declaraciones institucionales por el cierre de los CIE, y desde entonces defienden que en ciudades "abiertas, mestizas y globales" como Valencia y Barcelona no cabe el internamiento forzoso de personas extranjeras no por cometer un delito, sino por incurrir en una infracción administrativa.

La carta expone que la gran mayoría de personas internadas finalmente no son expulsadas y vuelven a quedar en libertad, causándoles un sufrimiento "innecesario e injustificado", y que la privación de libertad de personas que no han cometido ningún delito es "una práctica anacrónica y vulneradora de los derechos humanos".