Contrato polémico: un fondo se hace con 96,3 millones de la atención domiciliaria

El gobierno de Ada Colau ha adjudicado un millonario contrato para el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) a Servisar, filial que pertenece al grupo DomusVi, que tiene como principal accionista al fondo de inversión Intermediate Capital Group. La matriz se encuentra en la isla de Jersey (Canal de la Mancha), un paraíso fiscal para España. El contrato a Servisar asciende a 96,3 millones por dos años.

Fuentes municipales aseguran que la empresa cumple con todos los requisitos legales y que no se la podía excluir del concurso porque Jersey no figura en el listado de paraísos fiscales de la Unión Europea. La información facilitada por el municipio se contradice con los países que publica la Agencia Tributaria española, donde sí aparece Jersey como paraíso fiscal, ha denunciado la regidora de ERC, Montse Benedí.

Listado de paraísos fiscales con la isla de Jersey / AGENCIA TRIBUTARIA

UN CONTRATO CON UN VALOR ESTIMADO DE 542,4 MILLONES

El precio total de la licitación con IVA incluido es de 199.328.077,33 millones de euros, aunque el valor estimado del contrato es de 542.496.488,07 millones de euros con las posibles prórrogas. La adjudicación data del pasado 30 de octubre [ver aquí]. Servisar se ha hecho con los lotes 2 y 4, correspondientes al Eixample y Gràcia (lote 2) y a Sant Martí y Sant Andreu (4). Tras el nuevo contrato, han quedado fuera las empresas Valoriza y Clece, de los grupos Sacyr y ACS, respectivamente.

Los otros dos lotes (1y 3) han ido a parar a manos de Suara. La cooperativa gestionará la atención domiciliaria en el resto de distritos: Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi (lote 1) y Horta-Guinardó y Nou Barris (3). En este caso, la adjudicación por dos años sube a 99 millones de euros.  

SIN CUMPLIR LA GUÍA DE CONTRATACIÓN SOCIAL

El consejo rector del Institut Municipal de Serveis Socials, que cuelga de la tenencia de alcaldía que lidera la regidora Laura Pérez, aprobó la pasada semana los contratos con los votos a favor del gobierno municipal -Barcelona en Comú y PSC- y JuntsxCat, mientras que el resto de las formaciones políticas -ERC, Ciutadans, Barcelona pel Canvi y PP- se abstuvieron. 

A pesar de no votar en contra, "porque se votaban todos los lotes a la vez", el grupo de ERC ha denunciado la contratación de Servisar. "El Ayuntamiento ha adjudicado dos lotes del SAD a una multinacional francesa de un fondo de inversión con sede en la isla de Jersey, un paraíso fiscal según la Agencia Tributaria", dice Benedí. Según los republicanos, esta empresa no cumple con la guía de contratación social del Ayuntamiento de Barcelona. "No entendemos por qué el gobierno de los comunes hace ese tipo de adjudicaciones cuando se comprometió a perseguir el fraude fiscal".

GESTIONA RESIDENCIAS DE LA GENERALITAT

La guía de contratación social, aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona en 2016, prevé evitar las contrataciones municipales con empresas en paraísos fiscales. Fuentes municipales aseguran que este no es el caso y apelan a que Jersey no figura entre los paraísos fiscales de la UE. Las fuentes consultadas dicen desconocer que el Gobierno español sí que considera la isla como un territorio opaco a nivel económico y recuerdan que esta empresa gestiona decenas de residencias en Cataluña en contrataciones de la Generalitat, que gobiernan JuntsxCat y ERC.

Un trabajador en un servicio de atención domiciliaria / CG

El enfado también era manifiesto en el grupo municipal de Ciutadans. La edil Marilén Barceló ha dicho en conversación con este medio que en las reuniones salió este tema y el gobierno de la ciudad aseguró que la Unión Europea no consideraba a Jersey un paraíso fiscal. Con posterioridad se ha sabido que la Agencia Tributaria española, sí. "Así, se se constata que Colau, cuando llega al poder, no respeta las promesas de no adjudicar contratos a empresas cuya sede se encuentra en un paraíso fiscal. Aunque sea legal, falta a sus promesas".

También la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona (FAVB) ha puesto el grito en el cielo por la adjudicación. DomusVi está en entredicho por su gestión de residencias en la crisis sanitaria del coronavirus, con decenas de muertos y equipamientos intervenidos. En abril, Infolibre publicó que acumulaba más de 150 fallecimientos en ocho centros. DomusVi está siendo investigada, además, por un presunto maltrato a mayores. 

SUPERMANZANAS DE CUIDADOS

Actualmente, el SAD atiende a unas 24.000 personas. Con el contrato que se acaba de adjudicar el Ayuntamiento quiere introducir cambios, como aumentar el salario un 14% al personal contratado y ampliar a toda la ciudad las llamadas supermanzanas de cuidados, que busca que entre 10 y 12 profesionales se conviertan en los equipos referentes de entre 40 y 60 personas en pequeños núcleos de población. El objetivo del consistorio es que en dos años se pongan en marcha como mínimo unas 60 supermanzanas. La prueba piloto se ha hecho en ocho puntos de la ciudad con unos 500 pacientes. Con esta forma de trabajar también se reducen los desplazamientos de los trabajadores.